No hay evidencia de que damnificados de los sismos de 2017 y productores de leche y de café hayan recibido los apoyos prometidos. Tampoco hay sustento que demuestre que una parte del dinero destinado a las obras del malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, hayan sido destinados para los fines presupuestados.
Estas y otras irregularidades constituyen un desfalco por casi 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, daños patrimoniales que continúan sin denuncia y sin castigo.
De más de 700 expedientes abiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el mal uso de recursos públicos en 45 dependencias del sexenio pasado, ya se debieron haber presentado denuncias penales o administrativas o exigido el reembolso del dinero.
Pero, de acuerdo con una revisión realizada por MILENIO a las bases de datos de la ASF, eso no ha ocurrido: 710 pliegos de observaciones, en los que se detallan presuntos daños patrimoniales, continúan “en seguimiento”, sin que se proceda a nuevas acciones.
Se trata de expedientes en los que se documentó el mal uso de 29 mil 978 millones 61 mil 714.62 pesos entre los años 2016 y 2018.
Sin embargo, a la fecha, no hay rastro de dónde quedó ese dinero.
Por el tiempo ya transcurrido, esos expedientes ya debieron haber evolucionado en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), informes de faltas administrativas o el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
Entre el monto desfalcado se cuentan los más de 7 mil millones de pesos de recursos que tendrían que haberse destinado a los damnificados de los sismos del 2017 o los más de 6 mil millones de pesos de apoyos que debieron repartirse a campesinos o los casi 2 mil millones de pesos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.
En la lista de dependencias con irregularidades estancadas están también la Presidencia de la República, Diconsa, Liconsa, las secretarías de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Hacienda, de Educación, la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales, entre otros.
Según información de la ASF, a la fecha no se ha promovido ningún fincamiento de responsabilidad resarcitoria de los años 2017 a 2021.
En materia de procedimientos penales, el más reciente informe de la ASF reporta que de la Cuenta Pública 2013 hay 22 denuncias penales contra instituciones del gobierno federal; de 2014, hay 24; 49, de 2015; 37, de 2016; 76, de 2017, y 32 de 2018.
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