Al confirmar que el delito que se le imputa es grave, el Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, negó la libertad bajo caución al ex comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social, acusado de tortura, en agravio de la periodista, Lydia Cacho.

Rocha Laureano fue detenido en Puebla en diciembre del 2018, acusado de haber ordenado y trasladado a dos de sus subalternas -las policías Verónica Chávez e Irene Arteaga- para intercambiar lugares con los judiciales, José Montaño y Jesús Pérez en la caseta de La Esperanza, a la entrada del estado.

Montaño Quiroz y Pérez Vargas detuvieron a Cacho Ribeiro en Cancún el 16 de diciembre y la traían consigo vía terrestre, trayecto en donde la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte.

El primero fue detenido y cumplió una sentencia de seis años; el segundo, está prófugo. Chávez y Arteaga se ampararon y se encuentran en libertad.

El 10 de agosto de 2020, un juez dictó a Rocha Laureano el auto de formal prisión, al considerar que es probable responsable del delito de tortura, previsto y sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Quintana Roo.

El exministerial fue sujeto a prisión preventiva oficiosa y se encuentra interno en la cárcel de Cancún.

El pasado 4 de febrero, un día después de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fuese detenido en Acapulco y traído a esta ciudad para rendir su declaración preparatoria por el delito de tortura, en agravio de Cacho Ribeiro, el abogado de Rocha Laureano -José Luis Ramírez Téllez- solicitó al juez que fijase una caución para que su cliente pudiese gozar del beneficio de libertad.

De acuerdo con lo declarado por el litigante, el delito de tortura en Quintana Roo no era considerado grave en 2005, cuando ocurrieron los hechos. Además, aseguró que su cliente obtuvo un amparo para efectos de ser juzgado, no por el fuero federal, sino por el fuero común.

Tortura, delito grave

Ante su petición, el Juez Segundo, Gerardo Vázquez Morales, respondió -el mismo día- que no es procedente fijar una fianza, debido a que el delito de tortura "está catalogado como grave y no tiene derecho a ese beneficio".

También expuso que, conforme al artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado, en aquello que no esté previsto por ese mandato, será aplicable el Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo artículo 194 ubica al delito de tortura como grave.

En su argumentación, el juzgador invocó el artículo 19 de la Constitución -anterior a la reforma que sufrió en junio de 2008- que establece que se debe ordenar prisión preventiva oficiosa en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas "delitos cometidos con medios violentos" como armas y explosivos, así como "delitos graves que determine la ley" en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La prisión preventiva como medida cautelar -afirmó- se justifica también tomando en cuenta la naturaleza del delito o los riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad, así como en los casos de delitos cometidos con medios violentos.

Con base en lo anterior y, tomando en cuenta los dictámenes psicológicos, médico victímales y legales forenses, que confirmaron que Cacho Ribeiro vio afectada su salud debido a los "actos de tortura psicológica y malos tratos" en su perjuicio, Vázquez Morales sostuvo que, la prisión preventiva oficiosa a que está sujeto Rocha Laureano, es "justificada".

¿Qué dice la Ley Estatal de Tortura?

Si bien la Ley Estatal de Tortura, publicada el 13 de noviembre de 1992, fue abrogada como la de varias entidades de la República Mexicana, estaba vigente cuando ocurrieron los hechos denunciados, por lo cual es aplicable.

En su artículo tercero establecía que comete el delito de tortura, el funcionario público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona, dolores o sufrimientos graves, sean "físicos o mentales", con el fin de obtener de la persona torturada o de un tercero, información o una confesión o "castigarla" por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarle para que realice o no una conducta determinada.

La pena prevista era de tres a 12 años de prisión y multa de 200 a 500 días e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta.

20 años de prisión

Con la desaparición de las leyes estatales de Tortura, el 26 de junio de 2017 surgió en México la Ley General para prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que homologó definiciones y criterios sobre el delito en todo el país, además de incorporar estándares internacionales en su tipificación.

Su artículo 24 indica que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.

También incurre en él, quien bajo esas condiciones, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, "aunque no le cause dolor o sufrimiento".

La Ley General establece en su artículo 26, penas de 10 a 20 años contra quien cometa tortura, pudiendo llegar a un máximo de 30 años en casos que presenten agravantes, entre ellas, si las víctimas son infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas; o en casos de violencia sexual o motivaciones específicas del autor, según el artículo 27.

El delito de tortura se investiga de oficio, es imprescriptible y no se puede justificar con la excusa de actuar en acatamiento de órdenes o instrucciones de un superior.

Tampoco se pueden aplicar inmunidades, indultos, amnistías y figuras análogas para evitar sancionarlo.

Lydia Cacho informó que se encuentra declarando ante las autoridades de Líbano por la detención de Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por la probable tortura contra la periodista en 2005, en colaboración con el ex gobernador de Puebla, Mario Marín. 

"Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde", afirmó Lydia Cacho en su cuenta de Twitter.

El 1 de marzo, la autora de "Los demonios del Edén" y Artículo 19 señalaron que el empresario fue detenido el 12 de octubre de 2020 y posteriormente se le otorgó libertad bajo fianza. Además, mencionaron que fueron informados de lo anterior hasta el 16 de febrero y que el proceso contra Nacif Borge se suspendió por la pandemia de covid-19. 

“Lydia Cacho y Artículo 19 encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, dijeron. 

Hasta el momento se desconoce si la periodista realiza su declaración contra El Rey de la Mezclilla en México o Líbano. 

Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde pic.twitter.com/Fqp0nsoLXj

— Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2021

Luego de informarse que Yalitza Aparicio y Kate del Castillo están a punto de realizar dos proyectos basados en los libros de la periodista Lydia Cacho, una cantante envió un fuerte mensaje para las actrices.

A través de un video que circula en la red, la intérprete Edith Encalada manifestó su preocupación y envió una advertencia a las mexicanas para que no formen parte de los planes de Cacho para llevar a una serie y una película el libro titulado “Esclavas del poder”, mismo que narra la historia de la cantante y otras jóvenes menores de edad víctimas del pederasta Jean Succar Kuri. 

“Yalitza Aparicio y Kate del Castillo han decidido participar en dos diversos proyectos, una en una serie, según lo han anunciado, y Kate ha anunciado una película. Ambos proyectos tratan de un caso que para mi ha sido muy triste y que no quería recordar, y quisiera dejar atrás, pero por más que lo he intentado ha sido muy difícil, porque este episodio de mi vida privada ha sido llevado a diversos libros, que han sido escritos por Lydia Cacho”, inició su mensaje Encalada.

Acto seguido, Edith pidió que este momento tan doloroso en su vida no volviera a ser tratado bajo la versión de la periodista. “Lamentablemente desde hace más de 16 años, Lydia María Cacho Ribeiro al igual que Randome House han explotado mi vida en diversos libros y conferencias, estos libros ahora pretenden ser utilizados con esos proyectos, lo cual me afecta emocionalmente, pues vuelvo a ser revictimizada, mi vida vuelve a ser utilizada sin mi autorización y la autorización de otras víctimas, que sufrimos mucho, cosas indeseables, que no quisiéramos que otra vez fueran narradas por terceras personas, y menos que fuéramos otra vez utilizadas y laceradas de esta manera”.

De la misma manera, Encalada advirtió a Kate y Yalitza. “Quiero creer que tanto Yalitza como Kate han sido engañadas por Lydia Cacho, así como lo fuimos nosotras cuando la conocimos y parecía una buena persona, pero en realidad Lydia nos vendió, como pudo hacerlo durante todos estos años, desde un principio, me duele decirlo, pero fui un objeto comercial para Lydia Cacho”

Finalmente, Edith enlistó los abusos que tanto ella como otras víctimas han sufrido a manos de la periodista, por lo que solicitó a Kate y a Yalitza “que no hagan lo mismo”.

Kate del Castillo reveló que llevará a la pantalla grande tres libros de la periodista Lydia Cacho, quien además de su gran amistad con la actriz, es reconocida por ser activista de los derechos humanos, feminista y escritora.

El primer escrito que Kate presentará en el cine es el titulado ‘Esclavas del Poder’, con el cual buscará dar voz a quienes han sido víctimas de los tratantes de mujeres en México bajo la investigación de Cacho.

Posteriormente, la hija de Don Eric del Castillo también llevará al séptimo arte un proyecto combinado en el que abordará los textos “Sexo y amor en tiempos de crisis” y “#Ellos hablan”.

Por otra parte, la protagonista de “La Reina del Sur” sigue manifestando su deseo de realizar un proyecto en México, aunque tiene algunas condiciones para que esto se haga realidad.

“Quiero regresar a trabajar en lo que se pueda en México, pero que no sea sólo local sino para todo el mundo. En Cholawood Productions (su compañía) hay acuerdo con Endemol Shiney, ellos no hacen puras cosas para Estados Unidos; compramos los derechos de los libros y estamos trabajándolos, pero la pandemia nos pasó a partir todo”, dijo Del Castillo para un diario de circulación nacional.

La periodista Lydia Cacho acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de "mentir", al asegurar que el empresario textilero, Kamel Nacif, fue ubicado por ella en Líbano y la FGR sólo confirmó la ubicación hace un año sin todavía arrestarlo.

Nacif al igual que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, están acusados de tortura contra Cacho y el año pasado el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo giró una orden de aprehensión contra ambos.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista y defensora de los derechos humanos afirmó que Gertz Manero rompió el sigilo de su caso, al dar a conocer el viernes, durante un debate radiofónico, que uno de los implicados en las agresiones en su contra, "huyó a Líbano donde tenemos un proceso de extradición", en referencia a Kamel Nacif, señalado de trata de niñas.

FGR tramita extradición de Kamel Nacif, de Líbano a México

"Miente Gertz Manero #KamelNacif fue ubicado por mí y @FGRMexico confirmó ubicación hace un año. NO ha sido arrestado. Acuso al Fiscal General de haber roto el sigilo de mi caso y con ello ayudar a mi torturador y tratante de niñas a escapar de su escondite", señaló en la red social.

Recordó que desde hace un año, Kamel Nacif, Mario Marín y Karam Beltrán están ubicados y siguen prófugos.

"El fiscal general de la República de México ha roto el sigilo de la investigación dando aviso a Nacif y me pone en peligro de nuevo".

Por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, un juez federal condenó a cinco años y tres meses de prisión a Juan Sánchez Moreno, excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla, ahora Fiscalía, quien además deberá reparar el daño a la víctima.

De acuerdo con la investigación, Sánchez Moreno y otros servidores públicos torturaron psicológicamente, a través de humillaciones, intimidaciones y amenazas, a la periodista cuando era trasladada, vía terrestre por más de 20 horas, para ponerla a disposición de las autoridades poblanas, luego de haber sido detenida en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

En diciembre de 2015, el excomandante del área de Mandamientos Judiciales y un grupo de agentes ministeriales se trasladaron a Cancún para cumplimentar una orden judicial en contra de la comunicadora Lydia Cacho, a causa de su labor periodística y ejercicio de la libertad de expresión.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los elementos de prueba aportados por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), permitieron que un juez de Distrito emitiera su resolución dentro del procedimiento abreviado en contra de Sánchez Moreno.

Destacó que es la segunda sentencia emitida por el juez de Distrito, por el agravio a la misma periodista. La primera fue dictada en octubre de 2019 en contra de otro excomandante de la Policía Judicial de Puebla, por los mismos hechos.