AMLO envía carta a presidente de SCJN por juez que frenó la reforma eléctrica
El presidente André Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la actuación de un juez que frenó aplicación de reforma eléctrica.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario comentó que la resolución del juez fue una "suspensión de manera veloz y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene ser expedita".
López Obrador dijo que "hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida".
"Vamos a tratar sobe este tema y asunto siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, ala juicio, son embargo, pues también en uso de nuestras facultades de expresarnos y manifestarnos", dijo.
AMLO pide investigar actuación de juez
Al dar lectura a la carta, el Presidente manifestó que solicitará a Arturo Zaldívar "determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficia la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia resolver sobre este caso, asimismo si mi petición es procedente solicito que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez".
El 11 de marzo un juez federal frenó aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, porque podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias, y genera incertidumbre.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República, concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el nuevo estatuto, porque es contrario a diversos artículos de la Constitución.