Mujer que murió sometida por policías es de origen salvadoreño

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció...

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La mujer que murió el sábado a manos de la policía municipal de Tulum fue identificada como Victoria Esperanza Salazar Arrianza, originaria de Sonsonate, El Salvador, informaron esta noche fuentes del Ayuntamiento de Tulum.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció ante los hechos ocurridos y aseguró que ya se encuentran en contacto con los familiares de la víctima e investigando qué pasó. También informó que a través de la Embajada del país en México se estaban haciendo todas las diligencias pertinentes ante las autoridades mexicanas.

“A la familia de la víctima reiteramos el total apoyo y acompañamiento del gobierno del presidente @nayibbukele. Nuestras oraciones están con los seres queridos de nuestra compatriota”, tuiteó.

Su muerte, que la Fiscalía General de Quintana Roo investiga con carácter de homicidio en el que “probablemente participaron elementos de la policía municipal”, ha generado la condena de autoridades de todos los niveles, colectivos feministas y la sociedad en general que exigen justicia en este hecho.

La escritora y activista, Denise Dresser, se unió al señalamiento en redes “no murió, la mataron”, luego de que se difundiera un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum.

“En México, donde ser mujer es vivir en peligro permanente”, agregó en su mensaje Dresser a través de Twitter.

Por su parte, la Red Feminista Quintanarroense consideró que es resultado y muestra de la “nula capacitación y garantía de los Derechos Humanos, y la inexistencia de protocolos de detención” con perspectiva de género.

En tanto, anoche un grupo de personas se manifestó frente a las oficinas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, de Tulum, donde aventaron piedras e ingresaron a las instalaciones, de donde se llevaron radios de comunicación y bicicletas.

Al respecto, el Gobierno de Tulum informó que todo ocurrió a partir de un reporte recibido sobre “alteración en la vía pública y agresión”, en donde una mujer estaba “agrediendo a trabajadores y transeúntes” en una tienda Oxxo ubicada en la colonia Tumben Ka.

De acuerdo con la versión oficial, cuando los elementos de la policía municipal llegaron al lugar, la mujer no estaba alcoholizada, pero sí mostró un comportamiento “agresivo”, por lo cual fue sometida por cuatro agentes. Ya en el suelo, esposada, boca abajo la mujer se quejaba, mientras una policía se colocó de rodillas sobre su espalda para inmovilizarla.

“Posteriormente se desmayó, la subieron a la Unidad y en el camino comenzó a convulsionarse; le quitaron las esposas y la trasladaron al centro de salud; demoraron en ingresarla y, cuando llegó la ambulancia, la declaró sin signos vitales”, se indica en el reporte.

Separan del cargo a policías que sometieron a una mujer

Los agentes que sometieron a la mujer fueron separados del cargo y presentados ante la Fiscalía General de Quintana Roo, que abrió una investigación sobre el caso.

La dependencia señaló que investiga lo ocurrido con carácter de “homicidio”, en agravio de una mujer de identidad reservada, en donde “probablemente participaron elementos de la policía municipal”.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda.





'Hubo abuso de autoridad, estudiante no disparó': AMLO

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Al lamentar el asesinato del estudiante normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta, la semana pasada en un retén de revisión de carros robados de la Policía de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso.

“Ya se atrajo la investigación, se van a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 11 de marzo en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que “hubo un abuso de autoridad” y que el normalista asesinado “no disparó”.

“Ya está el expediente en manos de la Fiscalía General. Y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer defender a los responsables”, expresó al mencionar que hay policías detenidos.

Afirmó que no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, porque “no permitimos la impunidad”.

“Y me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”, reiteró.

AMLO insiste en reunión con padres de los 43

Indicó que “más adelante” sostendrá una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos porque no le tiene confianza a los abogados ni a las asociaciones de derechos humanos porque “ellos han distorsionado las cosas” y “no han actuado con rectitud”.

“Si no se puede, ya veremos, pero quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada”, apuntó al acusar otra vez manipulación.

“No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación”, apuntó.

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Megacárcel de Bukele cumple seis meses en El Salvador

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AFP,  El Salvador, San Salvador, 

De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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Bukele se inscribe como precandidato presidencial

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Cadena Noticias,  El Salvador, San Salvador, 

El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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Cientos de niños hacinados en las cárceles de El Salvador: Human Rights Watch

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Reuters,  El Salvador, San Salvador, 

Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.

El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.

"Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.

La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.

Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.

Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.

Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.

Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

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200 investigaciones contra policías por abuso de autoridad en Rosarito

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Cadena Noticias,  Mexico, Baja California, Playas de Rosarito, 

Son tres los policías suspendidos, siete procedimientos y en su mayoría son constantes los abusos por los mismos elementos de seguridad ciudadana aseguró el síndico del ayuntamiento de Rosarito, al mismo tiempo hace la invitación para que hagan sus denuncias.

Comenta también Jaime Ibarra, que cualquier ciudadano puede tomar fotos o videograbar ya que eso sirve como elemento de prueba a la hora de poner alguna denuncia en las oficinas de la sindicatura municipal.

Es importante tener el nombre del policía, el número de patrulla, las calles en las que fue interceptado y fotos.