Al parecer personal de la empresa que realizó trabajos de demolición del edificio donde estuvo el Casino Royale retiró un mural y las 52 cruces que habían colocado familiares de los fallecidos en un atentado que el 25 de agosto de 2011, cometió un grupo de la delincuencia organizada presuntamente porque los dueños de la casa de apuestas se negaron a pagar una “cuota de protección”.

Sobre una estructura de acero, los deudos de las 52 víctimas colocaron igual número de cruces para honrar su memoria, y sobre el mural habían escrito sus nombres y la frase: “Que las lágrimas de las familias de las víctimas, les persigan eternamente y no les dejen descansar”.

Samara Pérez Muñiz, quien logró sobrevivir al ataque pero perdió a su hijo, Brad Xavier Muraira Pérez, comentó que este miércoles por la mañana pasó por el sitio un familiar de los fallecidos, y vio que habían derrumbado el mural, que con tanto esfuerzo habían realizado las familias y además quitaron las 52 cruces, que habían colocado sobre una estructura de acero, instalada frente al sitio donde estuvo la casa de apuestas.

“Sentimos mucho dolor y frustración al ver que la muerte de 52 personas no tiene valor, porque los intereses económicos prevalecen siempre sobre la vida humana y los recuerdos de todas estas personas que murieron en una horrible tragedia”.

Comentó que las cruces las llevaron al sitio donde el gobierno del estado construyó un pequeño memorial, "todo mal hecho", porque nunca se les dio a las familias el respeto que merecen.

Para protestar por este atropello, dijo Pérez Muñiz, a las seis de la tarde realizarían una manifestación de protesta, y cerrarían la circulación vehicular de la avenida San Jerónimo, que se ubica frente a la desaparecida casa de apuestas. Además, dijo, “aunque no les guste”, volverían a colocar las cruces en el mismo lugar que las habían puesto.

Después de once años del atentado al Casino Royale, en Nuevo León, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal; Javier Navarro, secretario general de Gobierno y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, ofrecieron hoy disculpas públicas a los familiares de las 52 víctimas mortales del incendio, producto de un ataque del crimen organizado.

En el evento, realizado en el LAB Nuevo León, con la presencia de familiares, colectivos y organizaciones civiles, las autoridades proyectaron un video recordando el dolor que solo la justicia podrá atenuar, y en la proyección acusaron que los autoridades que avalaron el proyecto del Casino, siguen libres.

Tras entregar rosas blancas a familiares y activistas, Javier Navarro, secretario general de gobierno del Estado de Nuevo León, dijo que se dan cita para reconocer su responsabilidad y dar una disculpa pública por los hechos que cometieron un grupo de “asesinos”. 

“El gobierno del Estado sabemos que no existe palabra alguna que pueda mitigar su perdida, el dolor no se puede desvanecer, repudiamos enérgicamente el acto de barbarie y nos indigna la falta de seguridad pública y de vigilancia. Ofrecemos nuestra más honesta y sincera disculpa y condenamos el hecho, que produjeron una serie de violaciones, les damos nuestro más sentido pésame a las familias de las 52 personas, lamentamos mucho esas lesiones y nos da gusto que están con nosotros, pido un momento de reflexión y silencio”, declaró.

Navarro reiteró el compromiso en trabajar para que éstos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir, que brinden y atiendan ayuda humanitaria. 

Luciana Montaño Pomposo, coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que el 29 de noviembre del 2012 se emitió la Recomendación 66/2012 derivado de los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo conformado por aproximadamente 10 personas arribaron al establecimiento mercantil ‘Casino Royale’, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, provocando un incendio.

 “Acreditándose violaciones a los derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad física y seguridad personal y a la vida, en agravio, de al menos 63 víctimas identificadas.

“A partir de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 66/2012, mediante la cual se instruye a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitir resoluciones en las que determine como medida de satisfacción la realización de un nuevo acto de disculpa pública”, se lee en la ficha informativa. 

Durante el 2021, expresó, hubo una acción para conmemorar el acontecimiento, los familiares colocaron cruces en el lugar de los hechos, para manifestar su descontento por la ausencia en la investigación, la falta de disculpa pública y la ausencia del memorial que cubra con sus expectativas.

Sin embargo, de marzo de 2022, se reactivaron las reuniones con los familiares de las víctimas, con la finalidad de gestionar el proceso de disculpa pública y la construcción del memorial.

 En mayo de 2022, se sostuvo una reunión con el gobierno del Estado y con la alcaldía para realizar las gestiones correspondientes. En julio, las víctimas manifestaron profundo interés porque el acto de disculpa pública se realizara el 31 de agosto de 2021, en el marco del aniversario del caso. 

“El gobierno de Monterrey no fue eficiente. No fue solidario” 

Al dar su postura, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que hace 11 años fallaron en su labor de cuidar a su gente. 

“El gobierno de Monterrey no fue eficiente. No fue solidario. Resulta evidente que existió una grave falta de coordinación entre Desarrollo Urbano de Monterrey y Protección Civil del Estado. Esa falta de atención y descuido derivaron en una tragedia, así como el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, protección a la salud, legalidad, seguridad personal e integridad física.¨

“¿En qué momento las autoridades dieron la espalda a la gente?, ¿En qué momento los políticos dejamos de pensar en ellos?, ¿En qué momento la política olvidó el propósito sobre el que se fundó para seguir oscuros fines?”, señaló.