Un juez federal vinculó a proceso al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que permanecerá sujeto a prisión preventiva justificada mientras dura el caso.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía General de la República (FGR) tres meses para realizar su investigación complementaria, mismos que vencen el 13 de julio próximo y mientras tanto, Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

La audiencia de vinculación inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes con la determinación de continuar con el caso que la FGR presentó contra Lavalle Maury.

José Joaquín Zapata, abogado del ex legislador, señaló que la imputación de la FGR se sustentó principalmente en la denuncia que Emilio Lozoya presentó en agosto de 2020 contra diversos ex funcionarios y funcionarios por actos de corrupción y en las declaraciones que Rafael Caraveo, ex trabajador de la bancada panista en el Senado, rindió ante la Fiscalía por estos hechos, mismas que la defensa solicitó fueran declarados nulos pero el juez rechazó esta petición.

“Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía”, señaló.

La defensa presentó como pruebas de descargo los las entrevistas que tuvo con Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la dirección General de Pemex y Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya; en las que desmintieron la versión de que el ex director de Pemex les entregó dinero en efectivo para repartir en sobornos a diversos legisladores para lograr la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto, como afirmó en su denuncia.

“El juez estimó que como fueron obtenidos por la defensa no tienen el mismo valor que los que obtiene la Fiscalía y esto será materia de revisión en los recursos que presentemos”, añadió el abogado.

El cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad fue negado por el juez José Rivas Gonzáles, por lo que continuará su proceso desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada después de una audiencia de casi 12 horas, ante esto el impartidor de justicia rechazó los argumentos presentados por la defensa.

La suspensión definitiva impidió que se diera continuidad a su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Dicha petición fue negada a Lozoya para efecto de que su libertad personal esté en manos del tribunal y no pueda ser cambiado de prisión. El juzgador indicó que mientras esté vigente la suspensión no podrá pronunciarse.

Durante la audiencia para un cambio de medida cautelar, en el Reclusorio Norte, el es funcionario federal aseguró que “me tienen en prisión preventiva con pruebas prohibidas”, insistiendo incluso en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.

La audiencia, que se preveía que sería corta en un inicio, pero se alargó durante el día debido a que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor tomó vacaciones, y el juez asignado, José Rivas Gonzáles, mostró la necesidad de conocer el caso más a fondo antes de tomar cualquier decisión con respecto de la medida cautelar para Lozoya.

La exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, elevó el tono de la audiencia y ha derivo en señalamientos, llevó incluso a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal:

“No hable de mi madre como delincuente”, reprochó el ex director de Pemex.

Los abogados del ex funcionario mexicano han insistido en que no existe ningún riesgo de fuga, y que además desde que fue detenido en España, ha mostrado su disposición a colaborar, por ejemplo, llevando a que actualmente haya 3 órdenes de aprehensión pendientes que se han obtenido gracias a la colaboración del acusado.

Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, explicó que se está solicitando la libertad de su cliente con base en el principio constitucional de que ninguna persona debería estar detenida por más de dos años sin una sentencia.

“Nosotros hemos sostenido nuestras posturas, en las cuales creemos que tenemos razón en el sentido de que mantener al señor Emilio Lozoya Austin en prisión es ilegitimo, que procede la libertad, bajo las medidas cautelares que señale la autoridad y ahora regresamos a audiencia para continuar”, dijo a medios de comunicación.

Tras casi 12 horas de audiencia que incluyó tres recesos, el juez José Rivas González decidió mantener en prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, bajo el argumento de que Lozoya aún no cumple dos años en prisión porque se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que promovió. Su defensa tiene tres días para apelar la determinación.

Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.

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La defensa legal de Emilio Lozoya aseguró que ya fue presentado el amparo en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el eventual juicio por este caso.

Así lo confirmó a MILENIO Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, quien explicó que, como parte de esta demanda de amparo, también solicitaron una suspensión para que el juez Gerardo Alarcón no dicte la apertura a juicio oral en la audiencia intermedia que continuará este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte.

En caso de que un juez de amparo conceda esta suspensión, Emilio Lozoya evitaría ir a juicio por el caso Odebrecht hasta que se resuelva de fondo esta demanda en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF, lo que podría tardar meses e incluso años, considerando otros recursos que pudieran promover.

“Lo que buscamos con el amparo es que se defina a quién le tenemos que pagar la reparación del daño. Que las instituciones señalen sede y cuenta para depositar, queremos pagar ya la reparación del daño”, enfatizó el abogado de Lozoya a MILENIO.

Esta estrategia legal también es relevante porque, de conseguir que Pemex y UIF no cuenten con el carácter de víctimas, ya no podrían participar en el proceso, incluso en caso de darse un eventual juicio, ya no habría ofendidos en esta acusación lo que implicaría que ya no habría a quién pagar alguna reparación del daño que, en la acusación por escrito, asciende a más de 20 millones de pesos.

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte, ahora por el caso Odebrecht.

Se trata de la audiencia intermedia programada para las 10:00 de la mañana, en la que una vez más la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Será en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y estará dirigida por el juez Gerardo Alarcón López, quien desde diciembre asumió el caso en sustitución de la juez Verónica Gutiérrez Fuentes.

A solicitud de los abogados de Lozoya Austin, en noviembre del año pasado, se aplazó la diligencia de hoy, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había entregado cuatro discos con interrogatorios videograbados y dictámenes periciales consistentes en contabilidad y derecho extranjero.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ofrece a Pemex 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares.

"No se celebró la audiencia porque falta que la Fiscalía General de la República, entregue parte del descubrimiento probatorio y también nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la Fiscalía”, mencionó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

Se prevé que en la audiencia de este martes, la Fiscalía General de la República haga la imputación formal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Existe la posibilidad de que la audiencia se difiera, como ocurrió con la del caso Agronitrogenados en la que también está acusado Lozoya Austin.

Será hasta enero del próximo año cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, vuelva a comparecer ante un juez federal por los casos de corrupción Agronitrogenados y Odebrecht, por los que está preso en el Reclusorio Norte. De esta manera, el exfuncionario pasará una navidad y año nuevo más en prisión.

Las audiencias intermedias aplazadas a principios de este mes, se programaron para el 3 de enero, en el caso Agronitrogenados, y para el 17 de enero de 2023 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la referente a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, reportaron e fuentes judiciales.

A principios de noviembre, la jueza de Control del Reclusorio Norte, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó 10 días hábiles las audiencias de Lozoya Austin, con el fin de preparar su defensa en el caso Agronitrogenados, debido a que el exdirector de Pemex Fertinal, Edgar Torres Garrido, considerado su principal testigo a ofrecer en su defensa, falleció, y porque le faltaba analizar tres periciales.

En el caso Odebrecht, la jueza aplazó la audiencia intermedia porque está pendiente por entregar dos peritajes y tener acceso a los interrogatorios videograbados de los ejecutivos de la constructora brasileña.

El abogado Miguel Ontiveros Alonso, aseguró que van a continuar impulsando un acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal contra Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados, y, dijo, la misma postura han asumido en el caso Odebrecht, de cara a concretar un criterio de oportunidad.

El gobierno de España rechazó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tenga una "visa de oro" para residir en ese país.

Peña Nieto posee autorización para residir en España como inversor, aunque el gobierno español ha dicho desconocer el monto total de inversiones que tiene el expresidente mexicano en ese país.

El diputado vasco EH Bildu Jon Iñarritu había preguntado si se había dado al expresidente uno de los llamados 'golden visa' para inversores y se había interesado por conocer la inversión de que disponía en España para haber podido acceder a este visado reservado a priorio a grandes inversores.

En su respuesta, el Ejecutivo ha puntualizado que Peña Nieto "es titular de una autorización de residencia como inversor" con forme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dicha ley, ha precisado, "permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros" y que cumplan con el resto de los requisitos.

El Gobierno reconoce que el expresidente mexicano Peña Nieto tiene permiso de residencia como inversor

Inversión de Peña Nieto en Madrid

En el caso de Peña Nieto, "el interesado acreditó la inversión por valor de 570.000 euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid". Según ha recordado el Gobierno, para obtener la autorización no es "preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización". Así pues, "se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España".

Según ha recordado el Gobierno, para obtener la autorización no es "preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización". Así pues, "se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España".

Por otra parte, a la pregunta de Iñarritu de si el expresidente mexicano intentó antes "algún otro cauce de regularización", el Ejecutivo ha reconocido que "solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello".

El expresidente mexicano reside en España desde hace tiempo. A principios de agosto, la Fiscalía General de México informó de que estaba llevando a cabo una investigación contra Peña Nieto por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito. Ya en julio, el organismo había informado de la apertura de un expediente en su contra por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España.