La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, a favor de Mario Aburto Martínez, entre las que se encuentra su traslado a un centro penitenciario cercano a su domicilio. 

En concreto, la comisión solicitó las medidas precautorias para "salvaguardar la vida, seguridad, integridad física, a no ser víctima de actos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la no discriminación, y a la salud física, psíquica y emocional, así como a la calidad de vida en reclusión" de Aburto Martínez, quien se encuentra recluido en el Cefereso 12 en Ocampo, Guanajuato.

La CNDH refiere que Rubén Aburto Martínez denunció que su hermano no ha recibido "ni alimentos ni atención médica" desde su llegada a dicho Cefereso, "siendo que antes de ser trasladado fue contagiado de covid-19; sin embargo, no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación”. 

Además, Rubén agregó que Mario es torturado cada año, en el mes de marzo, que es cuando se conmemora el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por ello, solicitó información sobre la situación jurídica actual de su familiar, a fin de proveer el recurso legal correspondiente a su favor- 

Al ser entrevistado por personal de la CNDH, Mario Aburto manifestó que “no hay separación (en el Cefereso) entre procesados y sentenciados" y acusó ser víctima de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. 

"Esta comisión destaca que los reclusos, procesados o sentenciados, a pesar de haber sido privados de libertad, deben conservan su derecho a tener contacto con sus familiares, amigos y con el mundo exterior", indicó la CNDH en su comunicado. 

CNDH solicita medidas cautelares a favor de Mario Aburto Martínez para su traslado del Penal donde actualmente se encuentra a otro cercano a su familia.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/RgE4xZ2ArY

— CNDH en México (@CNDH) May 8, 2021

En ese contexto, añadió que los reclusos tienen derecho a purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, según lo señala el artículo 18 de la Constitución.

Por otro lado, manifestó que el derecho a la salud "integra no sólo la idea de curar enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que el entorno físico y social adquiere relevancia dentro de este derecho". 

Ante ello, llamó a las autoridades penitenciarias a "actuar de manera diligente, oportuna y con base en los principios de trato humano, dignidad y no discriminación". 

"Por lo anterior y para evitar daños irreparables, las medidas cautelares ya fueron notificadas a la referida autoridad el día de ayer, 6 de mayo, por lo que esta comisión estará al pendiente a su respuesta y, de ser aceptadas, dará un seguimiento puntual a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten sus derechos humanos", finalizó. 

Una jueza federal desechó la demanda de amparo que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tramitó para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) congele la investigación por presunta tortura en su contra.

Paloma Xiomara González, titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acordó ayer dejar sin efecto la demanda de garantías del michoacano, determinación que se hizo publica este miércoles en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Fecha resolución inicial 09/04/2024. Sentido resolución inicial Desechamiento”, resolvió la jueza.

En marzo pasado, Aburto Martínez, preso en un penal federal de Guanajuato, buscó la protección de la justicia federal contra la decisión de la Fiscal Especial del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción contra exservidores públicos que supuestamente lo torturaron después de ser detenido el 23 de marzo de 1994.

Reclamó a la jueza “la consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal” en el caso de presunta tortura en su contra.

En febrero pasado, la Fiscalía General de la República resolvió en definitiva no iniciar procedimiento penal contra exfuncionarios señalados por supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, después de ser detenido y encarcelado por el asesinato de Colosio Murrieta.

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Hace exactamente 30 años, México fue testigo de uno de los eventos más trágicos y conmocionantes de su historia reciente: el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México fue asesinado a tiros, dejando una profunda cicatriz en el tejido político y social del país.

El impacto de este acto resonó más allá de las fronteras de México, sacudiendo los cimientos de la política nacional y generando un profundo sentimiento de indignación y tristeza en la población. Colosio, un político carismático y prometedor, se había destacado por su discurso de cambio y renovación dentro del PRI, lo que lo convirtió en una figura esperanzadora para muchos mexicanos.

Sin embargo, su vida fue truncada de manera violenta, dejando a su familia, amigos y seguidores sumidos en el dolor y la incertidumbre. A lo largo de estos 30 años, el asesinato de Colosio ha sido objeto de múltiples investigaciones, teorías y especulaciones, pero las preguntas sobre los motivos y los responsables aún persisten, sin una respuesta definitiva.

El legado de Luis Donaldo Colosio perdura en la memoria colectiva de México, recordándonos la fragilidad de la democracia y la importancia de la lucha por la justicia y la verdad.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con la cual busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año.

En listas judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a conocer hoy que el ministro hizo llegar su impedimento a la Primera Sala, la cual tiene pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la fiscalía.

La Sala ya admitió a trámite el impedimento del ministro y éste fue turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que presente un proyecto a la Primera Sala, es decir, para que se vote si está o no impedido Pardo Rebolledo.

Antes de ser designado ministro de la Corte, en 2011, Pardo Rebolledo como juez federal, en 1996, declaró inocente a Othón Cortés, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Othón Cortés se desempeñaba como chofer del candidato priista en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. La PGR lo aprehendió un año después y en 1996 recuperó su libertad tras demostrarse su inocencia.

En 2019, Othón Cortés anunció que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Mexicano lo compensará, pero falleció en abril de 2020.

En diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de la FGR con el cual impugna el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez y que abrió la puerta para que recupere su libertad en marzo próximo.

La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio.

El amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito permitiría al magnicida recobrar su libertad cuando cumpla 30 años preso, es decir el 23 marzo de 2024, o incluso antes.

El Ministerio Público Federal solicitó a la Corte revisar el caso porque, dijo que, el crimen cometido contra el político es un delito del orden federal y no local.

Asimismo, que el tribunal no analizó correctamente la jurisdicción federal porque no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito.

De igual manera, que el Tribunal Colegiado introdujo de manera unilateral un tema que no estaba en la petición original del amparo de Mario Aburto, “ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México, al proceso electoral para la Presidencia de la República, así como al avance en materia de participación ciudadana, que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

La FGR puntualizó que, además, el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.

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La libertad de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta está manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no se pronuncia sobre la impugnación de la FGR contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023.

Y es que, en diciembre de 2023, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tramitó para echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández turnó la impugnación de la FGR al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia para su análisis y votación.

De acuerdo con los registros de la SCJN, el amparo directo en revisión con número de expediente 6917/2023 sigue en estudio y en espera del proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo.

De esta manera el futuro procesal de Aburto Martínez está en manos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes conforman la Primera Sala de la Suprema Corte.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación dejó sin efecto la condena de 45 años contra Mario Aburto Martínez, y ordenó dictar una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California, en la época en la que ocurrió el magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana.

Al momento de los hechos, registrados el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en Baja California con una pena de 15 a 30 años de prisión, por lo que la nueva sentencia contra Aburto Martínez no deberá exceder los 30 años, y se daría por cumplida para finales de marzo de 2024.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, el delito de homicidio calificado, que se le imputa Mario Aburto, fue “juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal”.

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