Denuncian red de abuso infantil y pornografía en escuelas de Baja California

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El Universal,  Baja California, Mexico, 

En escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines de pornografía en línea.

De acuerdo con el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.

La ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos. El informe indica: “Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.

El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.

La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.

También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.

El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó —por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.

Estudiando con el enemigo

En el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante años.

Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad.

“De las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”.

Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel. “La mayoría de los niños y niñas refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.

Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.

Al menos 13 de los niños refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.

“Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.

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El “Caso A”: rituales, juegos e impunidad por filtraciones de las autoridades

En 2008, la ODI representó el caso de una niña de cinco años por abuso sexual en un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en el informe como “Caso A”.

“La pequeña menciona a hasta seis adultos involucrados (...) y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escena”. La narrativa del caso es atroz.

Sin ningún tipo de trámite, control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de la SEP, la niña fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. La menor describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la presencia de bebés como víctimas del abuso.

El caso no llegó a juicio. Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a represalias. No son casos aislados.

La forma de operar de estos grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se acusó a seis adultos como agresores de niños.

“Describen ser victimados en diversos espacios de la escuela”. Son los patrones delictivos, con saña inaudita. Tres niños muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los 10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.

El infierno en las aulas de la CDMX

En la “Ciudad innovadora y de derechos” que presume el gobierno capitalino, los casos, las historias y el terror para los niños se repiten. En 2018, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) contactó a la ODI para atender el caso de un preescolar público en la capital del país. Por tratarse de una investigación aún activa, sólo lo identifican en el informe como “Escuela B”.

Nuevamente, abusos masivos a plena luz del día, en el patio de la escuela, en el baño o los salones; 16 niños y niñas describieron a más de un adulto presente en el momento del abuso.

En total, 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, a varias maestras, personal de intendencia y, paradójicamente, hasta un supervisor pedagógico. Todos, empleados de la SEP; todos, juntos, abusando de menores de entre tres y cinco años.

El tráfico de niños trasladados de una escuela a otra o a domicilios particulares se repite como práctica común de estos grupos. Dos menores declararon que en el momento de la agresión se encontraban presentes niños y niñas que no eran de su escuela. Una decena de niños, lo mismo que en otros casos, refiere cómo los sacaban de la escuela, los subían a automóviles y los llevaban a casas donde eran abusados.

En el caso de la “Escuela B”, los menores “refieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un adulto frente al grupo, o incluso observar actos sexuales entre dos o más adultos”.

También en este caso cuatro menores describen la presencia de cámaras.

“Si bien este dato puede no ser relevante para el niño o niña que carece de comprensión sobre temas de explotación sexual digital, es un elemento sumamente importante para entender posibles explicaciones de lo sucedido”, añade el informe.

La explotación y abuso sexual infantil por pedido en línea implica que el perpetrador que solicita y dirige el acto se encuentra físicamente distante de las víctimas. Comúnmente, el material se consume desde su hogar, incluso en un país distinto al lugar en el que se comete el abuso.

Sea a través de contacto directo con el agresor sexual o a través de un intermediario, el perpetrador indica qué actos desea que sean producidos por el agresor o los agresores en contacto con los menores. El abuso sexual infantil es comúnmente transmitido en vivo por medio de redes sociales comerciales encriptadas.

Además de estos casos, el informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o están libres dando clases.

Margarita Griesbach Guizar, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., mencionó a EL UNIVERSAL que en México, en este tipo de casos, prevalece la desarticulación entre policías y fiscalías, la falta de preservación de evidencias; no hay investigación criminal, existen filtraciones de las procuradurías, fragmentación de la investigación, falta de adecuación para la infancia y exclusión de la víctima.

“No me atrevo a decir si es una red, muchas redes o simplemente un nuevo modus operandi de una nueva forma de criminalidad. Lo que queda claro es que estamos frente a criminalidad compleja y que, ante ello, se requiere de una investigación con una mirada amplia para entender lo que está pasando en México con estos delitos.

“Yo sí creo que la incompetencia es el mejor amigo de la corrupción y la impunidad, porque lo que nos pasa una y otra vez, tanto con la investigación criminal como con la intervención de la SEP, es que hay incompetencia en términos de profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el resguardo institucional, o es doloso y hay encubrimiento”, concluyó.





Detenida por negligencia sexual, su hija de 12 años se embarazó de uno de 24

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

Una mujer fue arrestada después de que su hija de 12 años diera a luz a un niño, luego de una relación que mantenía con Juan Miranda-Jara, un joven de 24 años, quien al parecer se sorprendió cuando fue arrestado el 14 de julio mientras acompañaba a la niña al hospital. 

 De acuerdo con la policía de Tulsa, la madre Desiree Castañeda y otros miembros de la familia sabían de la relación de la víctima con Juan Miranda-Jara , de 24 años , quien al parecer se sorprendió cuando fue arrestado el 14 de julio mientras acompañaba a la niña de 12 años al hospital donde ella dio a luz.

"La investigación reveló que la madre y familiares de la víctima conocían la relación entre la víctima y Miranda-Jara. La familia permitió la relación y hay fotos de la familia haciendo un baby shower para la víctima y el sospechoso", comentó la policía en una publicación de Facebook. 

La madre fue acusada de permitir el abuso y negligencia sexual infantil, mientras que el padre de la víctima está tras las rejas con una sentencia de 12 años de prisión por un caso no relacionado de violación en primer grado, dijeron los policías. 

Miranda-Jara fue acusado de violación en primer grado de una menor cuando se presentó en el Hospital Hillcrest en el centro de la ciudad con la víctima en pleno trabajo de parto. 

Cuando se le preguntó, supuestamente admitió que era el padre del niño que estaba por nacer. “Entraron como lo haría cualquier otra pareja; emocionada de dar a luz a su hijo recién nacido ”, dijo el oficial Danny Bean a la estación local. Miranda-Jara incluso publicó en su perfil de Facebook que estaba en una relación con la niña, dijo la estación. 

Las fotos de Miranda-Jara y la víctima en el baby shower también se publicaron en su página, dijo FOX23. 



Violó a una menor y la embarazó

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Cadena Noticias,  Hermosillo, Sonora, Mexico, 

La Fiscalía General del Estado, logró que fuera vinculado a proceso Jonathan N., quien es acusado por el delito de violación equiparada agravada.


Además, gracias a los elementos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.


De acuerdo a la carpeta de investigación, que quedó asentada dentro de la causa penal 02684/2021, los hechos sucedieron el pasado 21 de agosto del año 2019, cuando el imputado se encontraba solo con la menor, a quien presuntamente agredió sexualmente.


Derivado de este delito la menor resultó embarazada, dando a luz el 11 de mayo de 2020. 


El pasado 12 de julio del 2021, se llevó a cabo la detención del imputado Jonathan N., quien se encontraba en la ciudad de Santa Ana, Sonora, por lo que luego de su captura fue trasladado a esta ciudad de Tijuana, donde en audiencia se resolvió la vinculación a proceso por el delito de violación equiparada agravada, con la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo para la investigación complementaria de tres meses.



''El piropo no es delito de acoso callejero, el masturbarse en público si''

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Multimedios,  Ciudad de México, Mexico, 

El Ministerio de Igualdad, España, explicó el día de ayer las letras pequeñas del anteproyecto de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Una norma larga que requiere analizarse a detalle.

En el contexto, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aclaró que significa acoso callejero, el cual será castigado con multa, arresto domiciliario o trabajos comunitarios. Subrayó que "el piropo en ningún caso va a ser considerado acoso".

Según establece el anteproyecto, se considerará autor de un delito leve a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”. Para ejemplificarlo, Rosell fue clara: “si alguien se masturba delante de otra persona, esto sí que es acoso callejero”.

La nueva normativa, que debe iniciar en septiembre su trámite en las cortes, pretende también sacar a la luz la enorme violencia sexual contra las mujeres oculta. Rosell señaló que según la última macroencuesta, solo el 11% de las mujeres denuncia los delitos de violencia sexual. Y el 90% no lo hace por vergüenza.

Por ello, la ley prevé un proceso reparador, de acompañamiento y de información a la víctima desde el primer momento, aunque no denuncie. Un proceso, dijo Rosell, para cambiar las pautas culturales de una sociedad, para pasar de la cultural “del sometimiento a la del consentimiento”.



Por un celular dejó que ''manoseara'' a su hija de 12 años

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Por “manosear” a una niña de 12 años de edad, Salvador de 54 años de edad habría pagado con un celular a la madre de la menor, por lo que fue detenido y un juez lo vinculó a proceso para determinar su responsabilidad en el delito de trata de personas y abuso sexual en la colonia Lomas Lindas, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía mexiquense consiguió la vinculación a proceso de Salvador por los delitos de trata de personas y abuso sexual, tras acreditar su probable participación en estos hechos, indicaron voceros de la FGJEM.

El juez revisó los elementos de prueba recabados y aportados por el MP, por lo que determinó iniciar un proceso legal en contra del hombre de 54 años, además fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva.

En noviembre del año 2019 Salvador acudió a un inmueble ubicado en la colonia Lomas Lindas, donde una mujer identificada como Elvira Judith, permitió que el hombre le realizará tocamientos a una menor de 12 años de edad, indicaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

La madre de la pequeña, la habría obligado a dejarse realizar tocamientos en sus partes íntimas, por Salvador “quien entregó un teléfono celular como pago”, afirmaron fuentes de la FGJEM.

La Fiscalía mexiquense al tener conocimiento de los hechos, hace un año en el mes de julio, integraron una carpeta de investigación por los delitos de abuso sexual y trata de personas y el MP solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de los probables partícipes.

Salvador fue detenido por Policías de Investigación (PDI) quienes lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla en Barrientos, donde un juez determinó procesarlo por estos hechos, sin embargo, se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Por el abuso sexual y trata, el pasado mes de marzo elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Elvira Judith “N”, madre de la víctima, la cual fue ingresada a un penal estatal, donde fue vinculada a proceso por el estos delitos, en la modalidad de explotación sexual.



James Franco acuerda pagar 2.2 mdd por conducta sexual inapropiada

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Milenio,  Estados Unidos, California, Los Angeles, 

James Franco y otros acusados accedieron a pagar 2.2 millones de dólares en un acuerdo por una demanda que afirma que intimidó a estudiantes en una escuela de teatro y cine que fundó, llevándolos a situaciones sexuales injustificadas y abusivas, señalan documentos judiciales hechos públicos el miércoles.

Ambas partes llegaron al acuerdo para la demanda colectiva en febrero, pero se necesitaron varios meses para resolver los detalles y la suma monetaria no había sido revelada previamente.

Las actrices y exestudiantes Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes presentaron la demanda primero en octubre de 2019, a la que se sumaron muchos más, afirman que en su extinta escuela, Studio 4, Franco obligaba a sus estudiantes a realizar escenas sexuales cada vez más explícitas en cámara en un “set tipo orgía” que iba mucho más allá de lo aceptable en los platós de cine de Hollywood.

Ambas partes accedieron a emitir un comunicado conjunto.

“Aunque los acusados siguen negando las afirmaciones en la denuncia, reconocen que los demandantes han planteado asuntos importantes; y todas las partes creen fuertemente que es un momento crucial para enfocarse en atender los malos tratos contra las mujeres en Hollywood”, señala el comunicado. “Todos están de acuerdo en la necesidad de asegurar que nadie en la industria del espectáculo, sin importar su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, género u orientación sexual enfrente discriminación, acoso o prejuicios de cualquier tipo”.

Los acusadores señalaban que Franco “buscó crear un flujo de jóvenes mujeres que eran sujetas a su explotación sexual personal y profesional en nombre de la educación”, y que los estudiantes eran llevados a pensar que tendrían papeles disponibles en las películas de Franco para aquellos que siguieran la corriente.

La compañía productora de Franco Rabbit Bandini y sus socios, incluyendo a Vince Jolivette y Jay Davis también fueron nombrados como acusados.

El acuerdo incluye términos “no económicos” que no se hicieron públicos.

Fue presentado a un juez de Los Angeles para su aprobación.

Antes de presentar la demanda, Tither-Kaplan expresó sus acusaciones de una conducta sexual indebida contra Franco junto con otras mujeres en el diario Los Angeles Times después de que Franco ganó un Globo de Oro por “The Disaster Artist” (“The disaster artist: Obra maestra”) a comienzos de 2018, cuando la ola del movimiento #MeToo comenzaba sentirse en Hollywood.



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