Luego de darse a conocer una imagen sobre el decomiso de un cargamento de metanfetaminas que eran transportadas en un autobús de pasajeros en Apatzingán, usuarios de redes sociales denunciaron el uso de photoshop en la fotografía dada a conocer por la Secretaría de Defensa (Sedena) en su cuenta de Twitter para desaparecer el logotipo de Morena.

En la imagen publicada en la cuenta de Twitter de la Sedena se observa el costado del camión sin el logotipo del partido, no obstante, los usuarios respondieron al tuit con una imagen en las que se puede apreciar la foto sin edición y con el logotipo del partido guinda.

Cabe aclarar que el transporte es de pasajeros y no cuenta con relación alguna con Morena, pues solo contaba con el rotulado.

Además, señalaron un error en la edición ya que se puede ver en un espacio las letras del partido.

Por suparte, la cuenta de Twitter El Sabueso señaló que este jueves 24 de junio la Sedena publicó fotos sobre el decomiso donde no se ve el logotipo de Morena, no obstante, horas más tarde, Presidencia difundió en su chat de WhatsApp las imágenes en las que sí se observa el logotipo.

Así se ve el antes y después de la edición en la imagen: 

#Comunicado El #EjércitoMexicano y la GN aseguran posible cristal en el estado de Michoacán.

- Se aseguraron 280 Kilogramos aproximadamente de sustancia granulada aparentemente cristal.
-El precio estimado de la droga es superior a los $83’000,000.00.https://t.co/sfTnMAj3LO pic.twitter.com/jpbWRFOUh0

— @SEDENAmx (@SEDENAmx) June 24, 2021

La @SEDENAmx difundió imágenes de un autobús que transportaba droga en Michoacán.

Hasta ahí todo bien, pero las imágenes publicadas están manipuladas: se borró el logotipo del partido Morena.
https://t.co/5tMCNsnPVu

— El Sabueso (@ElSabuesoAP) June 25, 2021

La mañana del 21 de septiembre, soldados y marinos irrumpieron en Los Quintero, un rancho enclavado en Colipa, Veracruz. El objetivo: rastrear pistas sobre la desaparición del empresario Neptalí González López. Lo que no esperaban encontrar era a la presidenta municipal en funciones, Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa morenista de 38 años.

El rancho, según los registros oficiales, pertenece a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los capos históricos del narcotráfico mexicano y líder del Cártel de Caborca.

Durante ocho horas, Ortega Molina permaneció bajo custodia de las fuerzas armadas mientras peritos revisaban la propiedad. No existía orden de aprehensión en su contra, pero el simple hecho de haber sido localizada en un sitio vinculado a la familia Quintero detonó una ola de dudas: ¿qué hacía ahí la alcaldesa de un municipio marcado por la violencia y la disputa criminal?

Al caer la tarde, fue liberada. El dueño del rancho y sus escoltas habían escapado minutos antes del operativo, dejando tras de sí un escenario cargado de sospechas.

Hasta ahora, la alcaldesa no ha dado explicaciones públicas. Su silencio alimenta versiones encontradas: desde una posible visita personal hasta especulaciones sobre vínculos políticos con quienes operan en la sombra del crimen organizado en el norte de Veracruz.

El episodio no solo exhibe la vulnerabilidad de la región, sino también el choque de dos mundos: el de la política local y el de las redes criminales que, una y otra vez, terminan cruzando caminos.

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Este jueves, un grupo de militantes del partido Morena entregó una carta en su sede nacional para exigir mayor democracia interna, la renovación de dirigencias estatales y municipales, así como claridad en el padrón de afiliados. Denunciaron que algunos comités ejecutivos buscan permanecer en el cargo a pesar de que ya concluyó su periodo legal de tres años.

Los inconformes, agrupados en el “Movimiento Nacional Voces del Pueblo 4T”, señalaron que se ha permitido que personas provenientes del PRI y el PAN accedan a candidaturas por encima de fundadores del partido, lo que ha provocado “desencanto y desilusión” entre las bases.

El abogado Jaime Hernández Ortiz, quien se identificó como fundador de Morena, explicó que existe preocupación por la intención de prolongar dos años más a las actuales dirigencias. Además, acusó falta de transparencia en el padrón de militantes, del cual dijo ha sido “rasurado” y no está disponible públicamente, pese a tener supuestamente 9 millones de integrantes.

También criticaron la reciente creación de una comisión evaluadora de nuevos afiliados, señalando que ya se han integrado “cientos o miles” de personas sin rendición de cuentas ni conocimiento de sus trayectorias.

Por su parte, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena, subrayó que deben renovarse las dirigencias estatales antes de las elecciones de 2027 para garantizar procesos democráticos. Cuestionó además la inclusión de “advenedizos” sin trayectoria en la izquierda, y exigió que las bases sean tomadas en cuenta.

Los militantes advirtieron que de no atenderse estas demandas, podría aumentar el desencanto y reducirse la participación activa dentro del partido.

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Por unanimidad, el Pleno del Senado concedió autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que permita el ingreso al territorio nacional de 10 elementos del Ejército de Estados Unidos, a efecto de que participe en la actividad de adiestramiento denominada “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales de la Semar (Secretaría de Marina)”.

Dicha capacitación se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de este año.

En tribuna, la senadora del PAN Lilly Téllez señaló que este tipo de ejercicios internacionales “nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas”.

“Como vemos no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas, no hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía, la patria no se vendió, la patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas.

“¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos?”, cuestionó.

Aseguró que no sólo no habría violación a nuestra soberanía con una colaboración con Estados Unidos contra los cárteles, sino que se podrían salvar la vida de los mexicanos “que Morena ha dejado indefensos ante la guerra del crimen organizado contra los ciudadanos. Así vemos que sí está claro que se puede cooperar sin sometimiento”, insistió.

El Estado mexicano no puede contra los cárteles

Lili Téllez dijo que la realidad es que el Estado mexicano no puede contra los cárteles, porque de lo contrario ya hubiera procedido.

Al presentar el proyecto de Decreto, el senador del PRI Rolando Zapata Bello, secretario de la Comisión de Marina, afirmó que la colaboración con Estados Unidos para entrenar a personal de la Armada de México representa una oportunidad significativa para fortalecer nuestra seguridad nacional.

Aseguró que el proyecto ha sido analizado con detenimiento para garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales.

“El entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puede fortalecer nuestras capacidades de combate, rescate, navegación y manejo de equipos tácticos, impulsando el profesionalismo y la eficiencia de nuestra Armada para responder mejor ante las amenazas crecientes que acechan al país”, argumentó el exgobernador de Yucatán.

“Damos la bienvenida a la colaboración con los Estados Unidos como aliados estratégicos, conscientes del potencial de esa colaboración. No obstante reitero: su éxito dependerá de una gestión cuidadosa que garantice el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestros principios democráticos de gobierno. Debemos siempre asegurar que estos esfuerzos hagan a México más fuerte y mejor preparado para defender a la patria, para garantizar la libertad y la pluralidad de nuestra tierra”, apuntó Zapata Bello.

La iniciativa fue aprobada con 107 votos de todas las fracciones parlamentarias.

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En un evento realizado en el Heroico Colegio Militar, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional ante miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. Acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los futuros secretarios de Defensa y Marina, Sheinbaum aseguró que nunca emitirá una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos del pueblo.

Sheinbaum destacó que, junto a las Fuerzas Armadas, trabajará para seguir fortaleciendo la paz y la seguridad del país, y aseguró que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, subrayó que estas instituciones seguirán siendo clave en la construcción de proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros y los nuevos puertos.

Durante su discurso, la presidenta electa también resaltó el papel fundamental que las Fuerzas Armadas desempeñaron durante desastres naturales y la pandemia de Covid-19, reconociendo su lealtad al poder civil. Sin embargo, Sheinbaum recordó que no siempre los mandos civiles anteriores actuaron correctamente, mencionando violaciones a los derechos humanos en administraciones pasadas.

Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó el hecho histórico de que, a partir del 1 de octubre, México tendrá a su primera mujer presidenta, lo que refleja la transformación profunda del país. Además, prometió mantener los programas sociales, impulsar la igualdad de género y seguir luchando contra la discriminación en todas sus formas para construir un México más próspero y justo.

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El director del Centro de Adiestramiento de la Guardia Nacional en Ensenada, Baja California, actualmente detenido por desobediencia y abuso de autoridad, podría enfrentar cargos civiles adicionales por homicidio culposo en relación con el trágico ahogamiento de 7 cadetes durante una presunta "novatada".

En vísperas de ser procesado por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad, la Fiscalía General de Justicia mexiquense contempla la posibilidad de remitir la acusación por abuso de autoridad a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta decisión se basa en la sospecha de que el mando militar, al ordenar a los soldados arrojarse al mar en condiciones climatológicas adversas, podría haber causado la muerte de los cadetes.

El general Luis Cresencio Sandoval indicó que, al generarse la muerte de estos elementos, se podría configurar un presunto abuso de autoridad del director del Centro de Adiestramiento detenido. La Fiscalía de Justicia Militar continúa la investigación mientras evalúa remitir la parte correspondiente a la jurisdicción federal, liderada por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

La audiencia inicial del mando militar detenido está pendiente en un juzgado militar del norte del país, donde se le hará la imputación formal por desobediencia y abuso de autoridad. Mientras tanto, enfrentará las denuncias interpuestas por familiares de los cadetes ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California.

El detenido deberá explicar ante el juez militar por qué llevó a cabo la actividad que provocó la muerte de los cadetes, si no estaba contemplada en los programas de adiestramiento. Los artículos 301 y 293 del Código de Justicia Militar señalan las posibles penas por desobediencia y abuso de autoridad, respectivamente, que podrían incluir hasta 70 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

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