Los 3 mil campesinos que conforman el grupo autodenominado “Pueblos Unidos”en Michoacán revelaron estar dispuestos a dejar las armas y regresar al cultivo del aguacate, guayaba y zarzamora, si el gobierno les garantiza las condiciones de seguridad e impide que continúen siendo violentados por los cárteles de la droga que operan en la zona. 

El comandante del movimiento en el municipio de Ario de Rosales, hizo esta declaración, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidiera confianza y se comprometiera, durante su conferencia matutina, a reforzar la seguridad en los cuatro municipios acechados por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

“De hecho nosotros tenemos el compromiso firme de que en el momento que el gobierno federal estatal y municipal nos garantice nuestra seguridad nosotros nos recogemos, guardamos nuestras armas y seguimos en nuestras labores. De hecho esa es la exigencia”, dijo. 

3 mil productores de aguacate, guayaba y zarzamora de los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tarétan, en Michoacán, tomaron la decisión de levantarse en armas y desplegarse en el territorio montando más de 50 barricadas para defenderse y defender sus tierras de las incursiones del CJNG y el grupo identificado como Los Viagra. 

El Presidente pidió a este grupo que confíen en la autoridad porque ya no hay relación con los criminales desde el gobierno como ocurría en sexenios anteriores en los que “no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada”. 

Desde un auditorio ubicado apenas a 100 kilómetros de Morelia, en Michoacán, donde hace ocho meses inició este movimiento armado, los campesinos ahora gestan un movimiento de mayor magnitud. "Pueblos Unidos" reveló que ya trabajan en una propuesta para desmarcarse del gobierno estatal con el objetivo de transitar a uno autónomo, similar al de municipios como el de Cherán, donde desde hace 10 años, cuentan con su propia organización de gobierno y, entre otras cosas, también se hacen cargo de su policía. 

“Nosotros no queremos estar al margen de la ley; queremos que se nos regularice; que se nos municipalice. Sabemos que se puede hacer, Tancítaro lo está haciendo, la Cañada de los Once Pueblos, Cherán lo están haciendo. Podemos también nosotros.. sobre todo que se nos dé permiso a defendernos “, explicó el comandante. 

​Además permitiría a este grupo armado regularizar su armamento. 

“Queremos que no nos desarmen que nos respeten y si algún día lo piensan hacer que nos avisen. Pero que entonces hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo y ya nos retiramos nosotros a nuestro trabajo en el campo”, finalizó. 

Los representantes de "Pueblos Unidos" han comenzado a censar a sus integrantes en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tarétan. Quienes se unen a su causa, reciben una credencial con el escudo impreso del municipio de Ario de Rosales y la leyenda “Si no luchamos juntos, nos matan por separado”. 

Al reverso, impreso tiene su reglamento con seis puntos: 

No tomar bebidas embriagantes durante la estancia las barricadas.
No se disparó sin pedir permiso a su superior.
No hacer ningún tipo de movimiento operativo sin antes consultar a todas las barricadas y a su mesa directiva.
No moverse de un lugar a otro sin antes consultar a sus comandantes.
No tomar ni ingerir sustancias andando armados.
Reportar todo aquel decomiso a su debido comandante para así saber su mismo destino. 

La señora Blanca tuvo que huir de Michoacán con su familia por el alto índice de violencia y al llegar a Tijuana tuvo que dormir en la vía pública por la falta de espacios en los albergues.

Con maletas y acompañada de su madre de 50 años de edad y su hijo de dos años tuvieron que dormir fuera del albergue Movimiento Juventud 2000 por la falta de espacios.

En entrevista, relató lo difícil que es vivir en Michoacán y que en las últimas semanas recibieron constantes amenazas por el crimen organizado, lo que obligó a la familia abandonar sus bienes. 

"Todos tenemos miedo, están pidiendo dinero, uno no puedo trabajar y tener sus propias cosas porque todo nos quieren quitar. Ya no sabemos si cuidarnos de la policía o de los malos", lamentó la migrante. 

Blanca no pensaba en el sueño americano, incluso ni se imaginaba tener que abandonar su lugar de origen, sin embargo, no descarta pedir asilo en el vecino país.

Resultado de un ataque a tiros a una familia de Uruapan, Michoacán, una niña de 6 años de edad murió; su hermana y su madre resultaron lesionadas y se reportan graves.

El ataque a tiros ocurrió la noche de ayer en la comunidad de Caltzontzin, mientras las integrantes de una familia cenaban, indican los primeros reportes.

Vecinos de las víctimas, refirieron que dos sujetos a bordo de una camioneta que circulaba a exceso de velocidad, estuvieron a punto de atropellar a esa familia.

Dijeron a las autoridades, que presuntamente el padre de familia reclamó a los tripulantes del vehículo, quienes al parecer también son sus vecinos.

Más tarde, mientras las niñas y su madre cenaban, los dos sujetos descendieron del vehículo y dispararon hacia dentro de la vivienda.

Las tres mujeres quedaron mal heridas; sin embargo, la niña de 6 años de edad murió mientras recibía los primeros auxilios.

La otra menor y la mamá de las niñas fueron trasladadas a un hospital de esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, donde se reportan graves. 

Alcalde evade responsabilidad

Uruapan es el tercer municipio más violento del estado de Michoacán, después de Morelia (la capital) y Zamora.

Del 1 de enero al 31 de mayo, en Uruapan se han perpetrado 113 homicidios dolosos, entre los cuales están ataques en restaurantes y establecimientos comerciales.

A pesar de que la incidencia delictiva ha ido en aumento, el presidente municipal Ignacio Benjamín Campos Equihua, pide a la ciudadanía “reflexionar”.

El alcalde de Morena, reiteradamente se deslinda de su responsabilidad y señala que quienes tienen que garantizar la seguridad son el estado y la federación.

Apenas el pasado 18 de mayo, Campos Equihua, culpó a los cortadores de aguacate de la región, de la violencia que hay en su municipio. Aseguró, que todos esos jornaleros son drogadictos.

Tema de violencia en Uruapan es complejo

Ante el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, Campos Equihua, señaló que mientras exista demanda de droga, también habrá oferta.

Campos Equihua expuso que es muy complejo el tema de la violencia que tiene a Uruapan como el tercer municipio más violento de Michoacán y cuarto del país.

Ante los empresarios, reconoció que se tiene que buscar ya una solución a ese problema para atacar de raíz y de fondo.

“He dado el ejemplo de que en Uruapan tenemos cerca de 15 mil cortadores de aguacate. Todos, se fuman uno o dos churritos y a veces es entendible para la labor que realizan”.

Apuntó que no cualquier persona se sube a un árbol de 15 metros a cortar fruta y en barrancas con mucha profundidad, aunado al estado en que los llevan a las huertas.

“Y lamentablemente luego llegan aquí y ya no consumen la mariguana, sino le entran a otras cosas”, acusó el presidente municipal a los cortadores.

Mencionó que en ese sentido, las organizaciones criminales tienen de manera programada una estructura mucho mejor a veces para sustituir situaciones que tienen.

“Nosotros como municipio, dejamos de ser un centro financiero (criminal) y se convirtió también en una plaza donde hay demanda”, aceptó.

Expresó que esa situación ya no es exclusiva de Uruapan, sino también que ocurre a nivel nacional.

Señaló que en ese sentido, el gobierno federal y el estatal, tiene que diseñar una estrategia para ver cómo se va a dar esa lucha contra el crimen organizado.

Ignacio Benjamín Campos, dijo que el ataque de hace unos días en un restaurante de Uruapan y que dejó dos muertos, fue perpetrado por el crimen organizado.

Campos Equihua, criticó la actuación de las fuerzas estatales y federales, con todo y que el gobierno del estado y la federación, son de su mismo partido político (Morena).

“Estamos en comunicación con el secretario (de Seguridad Pública estatal) y bueno, yo no sé ellos qué información tienen, porque en el momento en que suceden las cosas, pues ni por coincidencia hay algún rondín de una situación de estás”, reprochó.

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, firmó un convenio con el Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para generar una estrategia conjunta en beneficio de los migrantes michoacanos en la entidad, procurando evitar cualquier forma de vulnerabilidad de dicha población. 

Durante la suscripción del acuerdo realizada en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Tijuana (CEART), Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo que un alto porcentaje de las familias migrantes que arriban a Baja California buscando mejores oportunidades proceden de entidades del sur del país, siendo Michoacán una de las principales.

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Mediante fotografías y testimonios, la organización International Crisis Group (ICG) advierte que una nueva guerra interna se avecina en Michoacán, ya que el conflicto por el control de plazas criminales está meramente en “pausa”.

La investigación realizada sobre el terreno por el analista de ICCG, Falko Ernst, sobre las distintas facetas del conflicto en el estado, sostiene que lo único que mantiene la “relativa paz” en la entidad es la alianza de los grupos michoacanos (Cárteles Unidos) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y no una estrategia de seguridad gubernamental.

La guerra interna queda en suspenso

Sostiene que de la presencia de la amenaza externa depende del pacto entre los feudos rivales locales, porque “no se ve que haya nadie interesado en el regreso de un liderazgo centralizado” para Michoacán. 

“Por el momento, aunque solo sea de manera breve, esta guerra interna ha quedado en suspenso, y la amenaza externa que representa el Cartel Jalisco llevó a los grupos armados locales a aliarse para operar de manera conjunta”.

“Pero en mis conversaciones con los miembros de estos grupos se ve que todos tienen claro que el pacto surgió meramente por una necesidad ineludible, y ninguno abriga la menor esperanza de que la coalición sobreviva si la ofensiva del Cartel Jalisco desaparece”. 

¿Qué es la International Crisis Group?

International Crisis Group es una organización con sede en Bruselas especializada en la solución de conflicto.

El trabajo de Falko Ernst forma parte de una publicación dirigida a exponer los diversos frentes de batalla en América Latina, en donde las personas dispuestas a documentar la situación se arriesgan a una revancha violenta como demuestran los “ocho periodistas mexicanos, asesinados por presuntos grupos criminales y funcionarios corruptos, solo en los primeros tres meses de este año”.

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La violencia generada en el municipio de Zinapécuaro por la guerra de cárteles, que la noche del domingo llevó al asesinato de 20 personas en un palenque, convirtieron en este lugar el fenómeno de la migración en un desplazamiento de familias completas a Estados Unidos y Canadá.

Uno de esos casos es el de una madre de familia —de quien se omite su identidad por seguridad—, quien dejó su pueblo natal, Araró, y todo su patrimonio, para huir con su esposo e hijos, obligada por un lugarteniente de La Familia Michoacana (grupo criminal asentado en esa región).

Narra que un día cerraron el local donde trabajaban por la pandemia de Covid-19 y se quedaron sin empleo.

“Vivíamos al día y decidimos vender cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes; sin embargo, de inmediato nos cayeron los malos para pedirnos un dineral en cuotas”, relata.

La mujer detalla que la organización criminal la obligaba a vender los productos que ellos querían y al precio que fijaban. Asegura que los productos que la delincuencia les vendía eran mucho más caros que en el mercado y las cuotas eran inalcanzables.

“Recuerdo que un domingo llegaron a la casa y delante de mis hijos nos dijeron a mi esposo y a mí que ya les debíamos 300 mil pesos de cuota y de mercancía. Era obvio que no los teníamos; les dije que ahí estaba su mercancía y no la quisieron. Nos quitaron una moto y nos amenazaron con que volverían”, y añade que eso pasó en diciembre de 2020, pero en enero del año pasado, cuando empezaron los enfrentamientos, las amenazas eran ya de muerte.

“Ese 15 de enero decidimos agarrar lo que pudimos de ropa, papeles y nos fuimos del pueblo, porque nos iban a matar. Con esa gente no se juega, lo sabemos”, dice.

Primero se fueron a otro pueblo, luego salieron del municipio y ahora ella vive en otro lugar del estado, pues su esposo, hijos y hermanos huyeron a EU.

Explica que no pudo irse con su familia, porque su madre (de avanzada edad) no ha querido salirse de Zinapécuaro, a pesar de que hoy está convertido en campo de batalla por la guerra entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aumentan desplazados

La directora de Atención al Migrante del municipio, Cecilia Alejandra Escalante Fierros, confirmó que desde que en Zinapécuaro aumentó la violencia, inició un desplazamiento masivo de familias.

“Ha sido más constante la migración de personas de aquí; además de la economía, por la violencia; es muy difícil sobrevivir aquí”, declara.

Asegura que a partir de diciembre de 2020, muchos habitantes decidieron irse a EU o Canadá con visas de trabajo.

“Hay muchísima gente que está buscando la manera de salir de aquí. Calculamos que del total de familias que hay en el municipio, de 50% a 60% quieren irse”.