José Leonardo Araujo Araque, abogado venezolano de 32 años, dio a conocer el proceso penal que lleva a cabo en torno a la acusación por presunto abuso sexual en su contra por parte del sacerdote mexicano Paulino Juan Huerta Ibarra 

El venezolano denunció al sacerdote por presuntamente haber abusado sexualmente de el cuando tenía 13 años y en repetidas ocasiones cuando era superior y fundador de la comunidad Reina de los Apóstoles, casa de formación de los aspirantes a ingresar a la congregación como los "Paulinos". 

Aseguró que la congregación religiosa Sociedad de San Pablo, conocida como "Paulinos", resguarda en México al sacerdote católico Juan Huerta Ibarra, acusado penalmente de abuso sexual y pederastia ante la justicia Venezolana, país al que fue enviado para realizar funciones eclesiásticas. 

El 26 de julio de 2019 presentó una denuncia por presunto abuso sexual, donde se inició la investigación y también se realizaron peritajes psicológicos y psiquiátricos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático a consecuencia de los hechos relacionados y, en una reciente evaluación, se le detectó depresión mayor. 

 José Leonardo señaló que le ha seguido la pista al sacerdote Huerta Ibarra por Chicago, La Habana y la Ciudad de México. 

 También, comentó que la Sociedad de San Pablo conoció oficialmente la denuncia a través de correos electrónicos enviados a Roma al Superior General Valdir José de Castro, así como a José Faustino Hernández Estévez, superior provincial de México-Cuba, quienes se comprometieron a investigar a fondo; sin embargo, hasta este momento no hay una respuesta. 

Por lo que refirió que seguirá su lucha hasta que se haga justicia en su caso. 

El Tribunal Supremo español condenó el martes a 30 años de prisión a un exsacerdote por abusar de siete menores en un internado católico hace casi una década, cuando trabajaba como su tutor.

Las acusaciones de abusos a menores por parte del clero católico y el posible encubrimiento por parte de la Iglesia han salido a la luz en los últimos meses en España, años después que escándalos similares sacudieron a la Iglesia en países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.

Las autoridades eclesiásticas no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios. El exsacerdote había negado haber actuado mal.

La autoridad religiosa de la provincia central de Ciudad Real expulsó al sacerdote en 2019 y denunció el caso a los fiscales, tras una investigación interna sobre los abusos cuando daba clases particulares a estudiantes adolescentes varones.

En su sentencia, el tribunal dijo que se había aprovechado de su posición para tocar inapropiadamente los genitales de los niños, por ejemplo, mientras fingía estar jugando en una piscina o en habitaciones privadas con el pretexto de un "tratamiento" médico.

El tribunal dictaminó que los tocamientos eran "de carácter claramente sexual", además condenó al hombre a pagar una multa de 52.920 euros y una indemnización de 2.000 euros a cada una de las víctimas.

El diario El País denunció en diciembre más de 1.200 presuntos casos de abusos por parte del clero durante siete décadas y el Parlamento encargó posteriormente al Defensor del Pueblo del país que llevara a cabo una investigación.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dijo el martes en un comunicado que su oficina ya había atendido a 201 víctimas, en su mayoría hombres, en los dos primeros meses de la investigación, cuyas conclusiones serán presentadas al Parlamento.

"Estamos satisfechos con el ritmo al que están llegando los testimonios y con el número de víctimas que se han dirigido a nosotros, pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, seriedad, discreción y confidencialidad", dijo.

La Iglesia católica española dijo a principios de 2022 que estaba profundamente entristecida por los abusos y que colaboraría con las autoridades y aportaría transparencia, ayuda y reparación a las víctimas. También ha iniciado investigaciones diocesanas que están siendo supervisadas por un bufete de abogados privado.

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Casi un mes duró en la cárcel el sacerdote católico de la Iglesia “San José” del municipio de Cuatrociénegas, en la zona centro-de Coahuila, denunciado por la Diócesis de Saltillo, por el delito de acoso sexual en contra de una pequeña feligrés de 14 años de edad.

El cura indeminizó a la afectada con la cantidad de 76 mil 976 pesos del acuerdo reparatorio y así, el padre abandonó la cárcel de Saltillo, donde estuvo recluido todo lo que va del mes de junio.

Fue el día 29 de mayo pasado, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, reveló que la demarcación religiosa a su cargo demandó a su subalterno, Andrés, de 33 años de edad, porque una feligrés, lo señaló, con pruebas, de enviarle mensajes con proposiciones indecorosas a su teléfono celular.

Histórico

En un hecho sin precedente en la Iglesia Católica de Coahuila, el prelado demandó ante el agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) al inculpado quien, durante el proceso, aceptó su culpabilidad.

La Fiscalía informó que la indagatoria la llevó a cabo la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Centro del Estado.

En la Audiencia para Resolver el Acuerdo Reparatorio propuesto por la Defensa del Imputado, el Juez autorizó el arreglo por la cantidad de 76 mil 976 pesos por cumplir con la procedencia y Reparación Integral de Daño a la Víctima con las varias condiciones:

Primero ofrecerá una disculpa pública a la afectada y a su familia en la Sala del Juzgado. Se le impuso orden de restricción al padre Andrés quien tiene prohibido acercarse a la víctima.

Tampoco podrá ejercer acción legal en contra de la menor ni de sus parientes.

Además acudirá al Taller de Masculinidad por la Paz en el CAIF en Saltillo, ciudad donde vivirá a partir de ahora pues tiene prohibido, por mandato judicial, volver al “Pueblo Mágico” de Cuatrociénegas. ­

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El sacerdote Aristeo Baca Baca fue declarado culpable este día del delito de violación agravada y abuso sexual en contra de una menor de ocho años en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante esto, fue sentenciado a 34 años y cinco meses de prisión, de acuerdo con información oficial emitida esta tarde.

El párroco de la iglesia Santa María de la Montaña fue acusado de abusar sexualmente de una menor de ocho años entre el 2015 y 2016 y quien era monaguillo de la parroquia.

Pese a que desde el 2021 había recibido una condena, ésta fue apelada para evitar que el sacerdote fuera a la cárcel, por lo cual se le dictó arraigo domiciliario.

Fue este día cuando una Sala Colegiada de Apelación, rarificó la sentencia en contra de Baca, quien según se informó permanecerá bajo el arraigo domiciliario.

Organizaciones festejan condena

Organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez festejaron la condena que se le dictó al sacerdote.

Red Mesa de Mujeres, dio a conocer por medio de sus redes sociales que “se confirma sentencia para el pederasta Aristeo Baca: ¡culpable! ¡34 años de prisión! Justicia para la víctima y su familia. Ni una más”.

La organización en Ciudad Juárez ha exigido desde el inicio del caso que se le dé una sentencia ejemplar al sacerdote, por lo cual realizaron diversas manifestaciones afuera de la Ciudad Judicial en apoyo a la familia y a la menor violentada.

De acuerdo con datos oficiales, la menor fue abusada en el 2015, pero fue hasta el 2018 cuando denunció lo que había sucedido, por lo cual el sacerdote fue detenido en el 2019.

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Vecinos del municipio de Aquixtla en el estado de Puebla se reunieron a las afueras de la Iglesia de Padre Jesús para buscar al sacerdote del recinto a quien se le acusa de haber abusado sexualmente a un menor de edad.

Señalan que el hombre en cuestión se trata de un vicario, es decir un elemento que ayuda al líder religioso en su ausencia y toma el rol de padre de una iglesia de manera temporal.

Manifestantes señalan que el vicario mancha el nombre del Padre José Chávez Amezcua, quien ha trabajado en la iglesia por los últimos 25 años y nunca se había reportado un caso similar.

Las personas se atrincheraron al exterior del recinto religioso y manifestaron no moverse hasta que el imputado sea entregado.

Autoridades hicieron acto de presencia para evitar algún percance, además de que buscaron entablar un dialogo con las personas enojadas.

*Con información obtenida de Urbano Puebla.

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El arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, alertó nuevamente sobre la presencia de sacerdotes falsos en esta arquidiócesis, a quienes calificó como “charlatanes”, ya que se aprovechan de la necesidad de los fieles católicos y sus creencias. 

El representante de la Iglesia Católica en el Valle de Toluca refirió que se han detectado diversos casos e incluso el de una persona que se autodenominó obispo, quien ha nombrado a sacerdotes y hasta sacerdotisas. 

Indicó que lo único sagrado que poseen estos supuestos sacerdotes “es su persona”, pues lo que hacen es engañar y aprovecharse de las creencias de la gente, así como de su necesidad o urgencia. “Lo que hacen es extorsionar a la gente y engañarla”. 

A pesar de la serie de medidas que ha tomado la Arquidiócesis de Toluca ante estos falsos sacerdotes, dicho fenómeno sigue presentándose en distintas regiones, por lo que reiteró el llamado a las y los fieles a acercarse a sus parroquias y ahí solicitar los sacramentos, pues sólo así se garantizará que cuente con el respaldo de esta autoridad religiosa. 

El arzobispo señaló que aquellos católicos que siguen a estos falsos sacerdotes, también están cometiendo un acto de herejía, pues no tienen ninguna relación con la Arquidiócesis. 

“Me da pena y lástima que el pueblo les crean, si quieren creerle tienen todo el derecho; pero dejan de ser católicos, porque se adhieren a lo que él diga, entonces no es válido el sacramento y dejan de ser católicos”. 

“Lo que da Dios es veraz y lo da a través del Ministerio Sacerdotal, a no ser que ellos hayan recibido un mandato especial de Dios en este aspecto”. 

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