Por desvío de recursos públicos y lavado por más de 3 mil millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó otra denuncia contra Emilio Lozoya.

La acusación se hizo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y es la sexta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien este fin de semana cumplió un año de haber llegado a México después de ser extraditado de España, sin que hasta el momento haya pisado un juzgado o la cárcel.

El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo informó que además de Lozoya Austin fueron denunciadas 11 personas físicas y 33 personas morales, por los probables delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.

La unidad de inteligencia identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante el periodo de 2012 a 2016, por medio de contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht, por cantidades millonarias de dinero que se integraron en tres niveles de operación “para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas”, señala.

El organismo dependiente de Hacienda también reveló que en el primer nivel de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex, así como por organismos gubernamentales, de forma injustificada, se precisa.

Las compañías mencionadas tenían relación directa con Odebrecht a través de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comerciales.

Una de ellas registró, de 2014 a 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que el organismo dirigido por Nieto Castillo sospecha que posiblemente la empresa fue parte de la mecánica de las operaciones fraudulentas.

En un segundo grupo de la operación, las compañías recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transacccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.

Estas empresas fantasma se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo procesos electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la capital.

Al respecto, la UIF señaló que la Ciudad de México “pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos” a favor de Lozoya Austin.

La audiencia de desahogo de pruebas estaba programada para la semana pasada, pero el exdirector de Pemex solicitó a la Fiscalía General de la República una prórroga de 30 días para comparecer ante el juez de Control, ya que argumentó que aún no cuenta con información para su defensa sobre operaciones bancarias en Alemania y Suiza, las cuales están relacionadas con los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.

La fiscalía le concedió el aplazamiento de la audiencia ante el juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, por lo que será reprogramada para agosto.

Como parte del criterio de oportunidad al que se acogió Lozoya Austin, continúa entregando pruebas a la FGR para que el beneficio no únicamente lo alcance a él, sino a su esposa, Marielle Helene Eckes; su hermana, Gilda Susana Lozoya, y su mamá Gilda Margarita Austin (sujeta a prisión preventiva domiciliaria), quienes supuestamente están involucradas en las triangulaciones financieras irregulares.

Lozoya fue detenido en España el 12 de febrero de 2020 y extraditado a México el 17 de julio siguiente, acusado de un presunto fraude por 280 millones de dólares en la compra de la planta Agro Nitrogenados y por haber recibido por lo menos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial está podrido, después de que un juez federal determinó que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, continúe el proceso penal que enfrenta por el caso Odebrecht desde casa, con un brazalete.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario lamentó que los jueces "dejan libres a todos", tras ser cuestionado sobre la resolución del juez Genaro Gerardo Alarcón López, mediante la cual Lozoya Austin salió del Reclusorio Norte.

"Va la Fiscalía a atender este asunto, como lo expuso Elizabeth, esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos. Delincuentes, presuntos, de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco, y presuntos delincuentes del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros.

"Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el ex director de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostiene que no hay ningún riesgo de que se escape, de que se fugue", agregó.

"La Fiscalía seguramente va a apelar, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial, y la verdad el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones de jueces, magistrados, pero son excepción, no es la regla", expuso.

Además, el presidente López Obrador afirmó que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía y en contra de su gobierno.

"El poder judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta. Son empleados ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia.

"Pero ahora de manera descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, proteger a los traficantes de influencias, corruptos, pseudo ambientalistas" resaltó.

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Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ha obtenido libertad condicional en el caso Agronitrogenados. Un juez de amparo dictaminó que no existe riesgo de que Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia, lo que le permite llevar su proceso en libertad.

Juan Pedro Contreras Navarro, el juez de amparo en la Ciudad de México, impuso diversas medidas cautelares, como la colocación de un brazalete electrónico, el retiro de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro de procesados cada 15 días.

Se espera que Lozoya Austin salga del Reclusorio Norte este martes, donde estuvo detenido por más de dos años. La Fiscalía General de la República ha criticado las decisiones de los jueces y magistrados federales, alegando que otorgan a Lozoya privilegios procesales injustos y desproporcionados.

La FGR ha acusado a los jueces de excluir pruebas obtenidas legalmente por la Fiscalía en Brasil y Suiza, violando tratados internacionales válidos suscritos por México. También señalan que se excluyó a Lozoya del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que ya había sido realizado por otra persona, lo cual consideran una decisión injusta.

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En el marco del caso Odebrecht, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La medida no implica su liberación, pero dispone que su libertad personal esté bajo jurisdicción del juzgado de amparo y del juez de control a cargo del caso, mientras se resuelve el juicio de amparo.

La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Primer Distrito de Amparo en Materia Penal, tomó la decisión de conceder la suspensión definitiva. Emilio Lozoya busca revocar la resolución de diciembre pasado, cuando se denegó su solicitud de modificar la medida cautelar de prisión preventiva.

En la audiencia de diciembre, Lozoya alegó presiones en las declaraciones en su contra y señaló que llevaba más de dos años en prisión sin recibir sentencia. A pesar de sus argumentos, el juez de control José Rivas González decidió mantener la prisión preventiva, argumentando que el ex funcionario no cumplía aún dos años debido a interrupciones en el proceso.

La ausencia del juez de enjuiciamiento, Gustavo Aquiles Villaseñor, generó recesos y malestar en la defensa de Lozoya, que desconocía su ausencia durante la audiencia.

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El cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad fue negado por el juez José Rivas Gonzáles, por lo que continuará su proceso desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada después de una audiencia de casi 12 horas, ante esto el impartidor de justicia rechazó los argumentos presentados por la defensa.

La suspensión definitiva impidió que se diera continuidad a su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Dicha petición fue negada a Lozoya para efecto de que su libertad personal esté en manos del tribunal y no pueda ser cambiado de prisión. El juzgador indicó que mientras esté vigente la suspensión no podrá pronunciarse.

Durante la audiencia para un cambio de medida cautelar, en el Reclusorio Norte, el es funcionario federal aseguró que “me tienen en prisión preventiva con pruebas prohibidas”, insistiendo incluso en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.

La audiencia, que se preveía que sería corta en un inicio, pero se alargó durante el día debido a que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor tomó vacaciones, y el juez asignado, José Rivas Gonzáles, mostró la necesidad de conocer el caso más a fondo antes de tomar cualquier decisión con respecto de la medida cautelar para Lozoya.

La exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, elevó el tono de la audiencia y ha derivo en señalamientos, llevó incluso a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal:

“No hable de mi madre como delincuente”, reprochó el ex director de Pemex.

Los abogados del ex funcionario mexicano han insistido en que no existe ningún riesgo de fuga, y que además desde que fue detenido en España, ha mostrado su disposición a colaborar, por ejemplo, llevando a que actualmente haya 3 órdenes de aprehensión pendientes que se han obtenido gracias a la colaboración del acusado.

Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, explicó que se está solicitando la libertad de su cliente con base en el principio constitucional de que ninguna persona debería estar detenida por más de dos años sin una sentencia.

“Nosotros hemos sostenido nuestras posturas, en las cuales creemos que tenemos razón en el sentido de que mantener al señor Emilio Lozoya Austin en prisión es ilegitimo, que procede la libertad, bajo las medidas cautelares que señale la autoridad y ahora regresamos a audiencia para continuar”, dijo a medios de comunicación.

Tras casi 12 horas de audiencia que incluyó tres recesos, el juez José Rivas González decidió mantener en prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, bajo el argumento de que Lozoya aún no cumple dos años en prisión porque se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que promovió. Su defensa tiene tres días para apelar la determinación.

Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.

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Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), logró vencer a la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso por el caso Agronitrogenados.

Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decretó la suspensión del proceso penal porque ya está en marcha una reparación del daño que está pagando el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares

En julio pasado, el juzgador determinó no realizar la audiencia porque la FGR no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender las causas penales que enfrenta.

Sin embargo, Emilio Lozoya pidió al juez continuar con la diligencia porque el gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por ambos casos; lo anterior, provocó que el ex director de Pemex denunciara que se trata de una “extorsión”.

“(La Unidad de Inteligencia Financiera) UIF y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares (por Agronitrogenados y 7 millones de dólares por Odebrecht). Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión.

“Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión? Preguntó.

Ante la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia y subrayó que la autoridad “tiene que sustentar dicha cantidad".

“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR.

“Debió tener intervención la fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, advirtió el juez.

A su vez, Emilio Lozoya, quien estaba molesto, aseguró que al haber intentado llegar a un acuerdo, esto no quiere decir que acepta la culpabilidad. “Fue idea de mi familia por el acoso político que estamos viviendo”, enfatizó el ex funcionario.

Al final, la defensa presentó dos incidencias con la intención de que declarara la prescripción del presunto delito y para que no se reconociera como víctimas a la UIF y a Pemex, pero su petición no prosperó.

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