Con 2 mil 414 víctimas de homicidio doloso, agosto se convirtió en el tercer mes más violento de lo que va del año.

De acuerdo con el reporte diario de asesinatos, elaborado por el gabinete de seguridad del gobierno federal, el mes pasado se registraron 78 muertes intencionales diarias en el país, la mayoría en los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán y Estado de México.

Ayer, último día de agosto, se contabilizaron 78 asesinatos, de los cuales 14 fueron en Michoacán, dónde el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos mantienen una disputa territorial en la región de la Tierra Caliente.

Al momento, mayo de 2021 se mantiene como el más violento con 2 mil 462 víctimas de homicidio doloso, seguido de marzo, 2 mil 444; y agosto, 2 mil 414.

Agosto tuvo sólo un día, el 8, con más de cien víctimas de homicidio doloso en el país, al sumar un total de 107, de las cuales en Guanajuato fueron, 19; Estado de México, 13; Zacatecas, 11; Michoacán, 10.

En lo que va del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, suman 14 días con más de cien víctimas de homicidio doloso.

Sin contar feminicidios, en los primeros 32 meses de gobierno de López Obrador se contabilizaron un total de 91 mil 919 víctimas de homicidio doloso, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, Héctor Contreras Luengas, afirmó que la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser la prioridad de las autoridades ante los hechos de violencia que han impactado al municipio.

Contreras Luengas señaló que la pérdida de vidas humanas, como la registrada recientemente en el sector empresarial local, no solo representa una tragedia personal y social, sino que también refleja un deterioro del entorno de seguridad que afecta directamente al desarrollo económico de la ciudad.

El dirigente sostuvo que sin seguridad física no puede existir estabilidad económica, ya que los sectores productivos dependen de un entorno seguro para operar, invertir y generar empleo.

Agregó que los recientes hechos incrementan la percepción de riesgo y desalientan la confianza de inversionistas locales y externos.

Precisó que los sectores estratégicos de Ensenada —turismo, industria, comercio y servicios— resienten los efectos de la inseguridad en sus operaciones diarias, lo que repercute en la productividad y en la competitividad del municipio.

Contreras Luengas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen con eficacia y transparencia en la investigación de los delitos, y aseguró que la falta de resultados mina la credibilidad institucional y agrava el clima de incertidumbre.

El presidente del Consejo Consultivo Económico reiteró la disposición del organismo para participar en acciones conjuntas que fortalezcan la prevención y la recuperación del orden, subrayando que la seguridad no es solo un tema de gobierno, sino una condición indispensable para la vida comunitaria.

Añadió que la cooperación entre ciudadanía, sector privado y autoridades es fundamental para reconstruir la confianza y restablecer un entorno de paz que permita el desarrollo sostenido del municipio.

Finalmente, Contreras Luengas afirmó que proteger la vida debe ser el punto de partida de toda política pública, pues sin integridad física y seguridad no hay inversión posible ni futuro económico para Ensenada.

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La mañana de este jueves, decenas de ciudadanos tomaron las calles de Culiacán, Sinaloa, para exigir justicia por Gael y Alexander, los dos niños asesinados junto a su padre el pasado domingo durante un ataque armado, presuntamente tras un intento de despojo del vehículo en el que viajaban.

Vestidos de blanco y portando globos y carteles con la frase "¡Con los niños no!", los manifestantes mostraron su rechazo a la creciente violencia en la ciudad, enmarcada por enfrentamientos entre grupos armados.

Protesta frente a Palacio de Gobierno

La movilización avanzó hasta Palacio de Gobierno, donde los asistentes demandaron la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, coreando consignas como "¡Fuera Rocha!", "¡Narco gobierno!" y "¡Con los niños no!".

En un acto de protesta, algunos manifestantes rompieron partes de las paredes del despacho del gobernador, expresando su indignación ante los hechos de violencia que han cobrado varias vidas en el estado.

🔴#Ahora | Habitantes de Culiacán entran por una pared al despacho del Gobernador Rubén Rocha en Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir justicia por los niños Alexander y Gael y su padre que fueron asesinados por la narcoviolencia.

Gritaban “fuera Rocha” y “asesino”. pic.twitter.com/tecusJpEan

— Pedro Márquez (@PedroMrquez_) January 23, 2025

Polémicas declaraciones del secretario de Seguridad

Horas después, la indignación creció en redes sociales tras la difusión de un video en el que el secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería, respondía a preguntas sobre el crimen, asegurando que "eso genera traer los vidrios polarizados", en referencia al ataque.

La declaración generó una ola de críticas, ya que los ciudadanos la interpretaron como una justificación de la violencia en lugar de una respuesta contundente para combatir la inseguridad.

Mientras tanto, el primo de los niños, quien también resultó herido en el ataque, permanece hospitalizado en estado grave.

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Un incendio en el Casino Royal Park, ubicado dentro de la plaza Cinépolis en Culiacán, Sinaloa, fue captado en video y difundido en redes sociales. Testigos reportaron el colapso de la estructura y la presencia de personas heridas en el lugar.

Mientras las autoridades atendían la emergencia, la ciudad también era sacudida por el asesinato de Luis Alberto “N”, excoordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial en Sinaloa.

⚠️🔥¡TOTALMENTE CALCINADO!, así se vino abajo la estructura del Casino Royal Park ubicado dentro de la plaza Cinépolis en Culiacán. Personal de primeros auxilios reporta personas heridas. pic.twitter.com/ckS93TQ0eL

— MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) January 16, 2025

Luis Alberto fue privado de la libertad el 15 de enero mientras llevaba a su hija a la escuela. Horas después, su cuerpo fue hallado esposado y con una cartulina acusándolo de presuntos vínculos con el crimen organizado, justo afuera del Congreso del Estado.

En 2024, el exfuncionario había sido detenido por la Guardia Nacional al conducir un vehículo con reporte de robo y portar armas y radios de comunicación. Aunque enfrentó un proceso legal, pagó 1.5 millones de pesos como reparación del daño, pero su situación administrativa en la Fiscalía de Sinaloa seguía en trámite.

Pese al asesinato ocurrido en la entrada del Congreso, la sesión programada para el 16 de enero se llevó a cabo sin interrupciones. Las autoridades locales aún no han confirmado si ambos hechos están relacionados.

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El secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, desestimó las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, sobre la posibilidad de que el incidente con la camioneta calcinada en Culiacán involucrara el uso de un dron explosivo así como la versión de que fuera un "coche bomba". Según Mérida Sánchez, el hecho habría sido causado por un incendio en el tanque de gasolina del vehículo.

Durante la conferencia de la Vocería del Estado externó que todo indica que el causante de la explosión donde una camioneta Pick Up terminó calcinada pudo ser el tanque de la gasolina y no una bomba, esto al encontrarse la parte delantera de la unidad motriz completa.

Mérida Sánchez manifestó que esta descartado que se trató de un coche bomba, por las características del daño que sufrió la unidad que fue encontrada totalmente calcinada, en la zona de la Limita de Itaje, en la parte oriente de la capital del estado.

Subrayó que en el área donde se produjo la explosión de la unidad motriz, atribuido a su tanque se gasolina, se localizó los restos de un dron, el cual se presume pudo ser usado para dar seguimiento a la camioneta, en la que se encontró un rifle Barrett-50 y púas de acero para ponchar llantas.

El funcionario de seguridad externó que ahora compete a la Fiscalía General del Estado, en base a sus peritajes poder determinar el origen de la explosión de la camioneta Pick UP, que por los indicios que se tiene, esta no fue destruida con el uso de drones.

La madrugada de este martes, vecinos de la zona de la Limita de Itaje, se despertaron al escuchar varias detonaciones de armas de fuego, en una supuesta persecución entre vehículos y luego sintieron una fuerte vibración por una fuerte explosión.

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Desde el 9 de septiembre de 2024, cuando inició el enfrentamiento entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa, los homicidios dolosos y las desapariciones han registrado un incremento alarmante en el estado.

Antes del conflicto, los homicidios dolosos fluctuaban entre 30 y 40 casos mensuales. Sin embargo, septiembre cerró con 144 asesinatos, marcando el inicio de un aumento sin precedentes en el año.

Octubre alcanzó un récord histórico de 188 homicidios, mientras que noviembre, aunque con una ligera disminución, registró 175 casos.

El impacto también ha sido evidente en las desapariciones. Antes del conflicto, las cifras mensuales rondaban las 80, pero desde septiembre superaron los 150 casos por mes. Entre el 9 de septiembre y el 30 de noviembre, la Agencia de Desaparición Forzada de Personas abrió 368 carpetas de investigación relacionadas con desapariciones, contabilizando 406 víctimas. De estas, 170 personas fueron localizadas con vida y 50 sin vida, dejando un saldo de 186 personas que continúan desaparecidas.

Colectivos de búsqueda han advertido que el número real podría ser mayor, ya que muchas desapariciones no son reportadas por temor a represalias o desconfianza en las autoridades.

El clima de violencia y el aumento de estos delitos reflejan el impacto de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, un conflicto que ha sumido a la región en un estado de incertidumbre y luto.

Ataques contra policías 

Policías no escapan de la violencia, desde el pasado 9 de septiembre, suman 9 policías han sido asesinados, algunos de ellos previamente privados de la libertad y otros tras emboscadas tanto en carreteras como en lugares públicos.

En este contexto, han surgido nuevas formas de violencia, como presuntas amenazas a choferes de plataformas, quienes han recibido mensajes advirtiéndoles que, de seguir trabajando durante las noches, enfrentarán las consecuencias con miembros de la delincuencia organizada.