Despenalización del aborto | ¿Sabes qué significa?

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio histórico que consideró inconstitucional la penalización del aborto pero ¿esto qué significa?

La resolución fue emitida al analizar el Código Penal de Coahuila que establecía penas de hasta tres años de cárcel a quienes se practiquen abortos de manera voluntaria.

Aunque el efecto inmediato únicamente es la eliminación de este castigo en la legislación de Coahuila, las consecuencias van a impactar a todo el país porque el criterio es obligatorio para todos los jueces.

Esto, debido a que con la reforma judicial se estableció un nuevo sistema de precedentes judiciales en el que las decisiones que tome el Pleno, avaladas por mayoría de ocho votos (calificada), y las de las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todos los jueces federales y locales.

En la discusión de este lunes, los ministros de la SCJN emitieron la resolución con votación unánime de los 10 ministros que estuvieron presentes en la sesión.

En consecuencia, conforme a ese nuevo sistema de precedentes, el criterio ya es obligatorio para todos los jueces del país.

Esto quiere decir que si las autoridades de cualquier estado o de la Federación intentan llevar a la cárcel a una mujer porque se practicó un aborto de manera voluntaria, los jueces que conozcan de esos asuntos deberán aplicar el criterio de la Corte; a pesar de que las legislaciones locales aún consideren el aborto voluntario como un delito.

La decisión de la SCJN no implica que será aplicable para quienes obligan a las mujeres a abortar o les practican estos procedimientos sin el consentimiento de la mujer, pues el elemento principal del criterio es la voluntad de interrumpir el embarazo ya que, lo que se defiende con el mismo es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.





Legisladores y jueces presentan 'Amicus Curiae' para impugnar reforma judicial

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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Ocho ministros de la Suprema Corte presentan su renuncia ante el Senado

La decisión se dio en el contexto de la reforma judicial, y el Senado analizará el proceso.

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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Despenalizan el aborto en Puebla dentro de las 12 semanas de gestación

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El Universal,  Mexico, Puebla, 

El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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Dinamarca ampliará el plazo legal para interrumpir un embarazo

Esta medida busca fortalecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud reproductiva.

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AFP,  Denmark, Syddanmark, Copenhagen, 

Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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SCJN ratifica desaparición del FIDECINE como inconstitucional

Gobierno Federal no puede dar menos apoyo al cine nacional

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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