El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó hasta los 15 millones de dólares la recompensa por la captura de Ismael "El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Así se convierte en el narcotraficante mexicano con mayor recompensa por su detención, superando los 10 millones de dólares por Nemesio Oseguera "El Mencho", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, el Departamento de Estado anunció el incremento por información que conduzca al "arresto o condena del líder del Cártel de Sinaloa". Se argumenta que "el aumento es acorde con su posición de liderazgo" en el grupo delincuencial.

"Estas acciones son parte de un esfuerzo de todo el gobierno para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional a nivel mundial y en México".

El gobierno estadounidense también impuso este miércoles sanciones financieras al jefe del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora, en el norte de México, acusado de traficar toneladas de drogas a Estados Unidos, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo.

Sergio Valenzuela Valenzuela fue incluido en la lista de narcotraficantes extranjeros, lo cual bloquea sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíbe cualquier transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El Tesoro dijo que Valenzuela reporta directamente a Ismael Zambada García, "El Mayo", considerado líder del Cártel de Sinaloa tras la captura en 2016 de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

"El Mayo", objeto de sanciones del Tesoro desde 2002, es uno de los fugitivos más buscados por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. 

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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El histórico líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró formalmente culpable ante un tribunal federal de Nueva York, tras la decisión de la Fiscalía de no solicitar la pena de muerte en su contra.

Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, acumulando más de medio siglo vinculado a actividades criminales. Según su abogado, el capo mexicano optó por la declaración de culpabilidad para aceptar su responsabilidad, y no como parte de un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.

“El señor no está cooperando. No va a cooperar para nada. Solo quería reconocer su responsabilidad”, señaló su defensa, aclarando que no existe ningún convenio con Estados Unidos u otro gobierno. El abogado también confirmó que Zambada podría enfrentar cadena perpetua, dependiendo de la resolución final del tribunal.

La multa de 15 mil millones de dólares que le dijo el juez que le impondrá como parte del acuerdo de culpabilidad, que aceptó con el gobierno federal, implica que él pague el dinero o que el monto de la sanción se recupere por medio de la confiscación de bienes y propiedades.

Se considera que la estrategia del Cártel de Sinaloa busca minimizar la exposición pública de sus crímenes, evitando el impacto mediático que generó el proceso de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York.

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El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, afirmó este lunes que el líder fundador del Cártel de Sinaloa no proporcionará información al gobierno de Estados Unidos luego de haberse declarado culpable en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Al salir del recinto judicial en Brooklyn, el abogado fue cuestionado sobre los alcances de esta decisión. “La información que tiene ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, señaló, descartando cualquier colaboración con las autoridades estadounidenses.

Pérez aseguró que su cliente “no gana nada” con entregar datos y que su declaración de culpabilidad no implica un acuerdo para delatar a terceros. “Él no va a hablar de nadie, él no está cooperando con nadie”, sostuvo, al ser cuestionado sobre posibles vínculos con políticos.

Sobre esos señalamientos, el defensor subrayó que la información ya fue expuesta en otros juicios. Ante la insistencia de los reporteros sobre la razón de aceptar los cargos, Pérez respondió: “Porque está culpable”.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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