La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los padres de familia que no cumplan con la obligación del pago de la pensión alimenticia de sus hijos, no podrán salir del país. 

Esto luego de que el máximo tribunal del país desechó dos amparos interpuestos en contra de la fracción VI del artículo 48 Ley de Migración. 

Este fallo se concretó por mayoría de cuatro votos contra uno de los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN, suficiente para establecer jurisprudencia. 

Dicha normatividad señalaba que podrá negarse la salida de territorio nacional a “las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días, previa solicitud de la autoridad judicial competente”. 

En ambos amparos se trataba de padres que no cumplieron con esta obligación, ante lo cual distintos jueces solicitaron a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como al Instituto Nacional de Migración que se les impidiera abandonar el territorio nacional. 

En sus respectivos amparos, ambos padres consideraron que esta medida vulneraba su derecho de libre tránsito establecido en el artículo 11 de la Constitución. 

En el análisis de este asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte subrayó que debe prevalecer el interés superior del niño, el cual es afectado con la negativa del padre a cubrir sus gastos de alimentación. 

Los ministros abundaron que esta limitación a los derechos del deudor es proporcional y no resulta excesiva. 

“El quejoso tiene a su disposición en todo momento la posibilidad de hacer cesar los efectos de la norma reclamada mediante el pago de los alimentos vencidos e incluso, entre más pronto lo haga, mayor beneficio reporta al goce y ejercicio de derechos de todas las personas involucradas”. 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad un amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, contra el pago de un crédito fiscal de 33 mil millones de pesos determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esta decisión, la Corte dejó firme la obligación de la empresa de cubrir 33,306 millones 476 mil pesos correspondientes a adeudos de ISR, multas, recargos y actualizaciones.

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, fue respaldado por todos los integrantes del pleno. La nueva integración de la SCJN concluyó que la reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era fundada, por lo que el amparo solicitado por Elektra fue desechado. Se trata del adeudo fiscal más elevado que mantiene Salinas Pliego en litigio ante el máximo tribunal.

Previo a la discusión del caso, la Corte resolvió otro tema pendiente: el impedimento contra la ministra Lenia Batres, quien había sido excluida de votaciones anteriores relacionadas con Elektra debido a publicaciones críticas que realizó en redes sociales entre 2020 y 2021. Sin embargo, el pleno determinó que dichas expresiones ocurrieron antes de asumir su cargo y no ponían en duda su imparcialidad, por lo que fue autorizada para participar.

La sentencia señala que “no existe elemento objetivo que permita vincular dichas manifestaciones con el ejercicio de su función jurisdiccional”, por lo que Batres pudo votar en el caso fiscal de Elektra. Con esta resolución, la Corte cerró uno de los litigios más relevantes entre el SAT y el conglomerado de Salinas Pliego, quien aún enfrenta otros procesos tributarios y financieros ante autoridades federales.

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La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició formalmente actividades este lunes por la noche con una sesión solemne de instalación, a la que asistieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representantes del Senado y la Cámara de Diputados, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del gabinete federal.

Durante su mensaje, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de salarios de las y los ministros, la revisión de las remuneraciones de los ministros en retiro y la eliminación del seguro de gastos médicos mayores.

“No puede haber justicia con privilegios. Implementaremos un plan de austeridad que contemple, entre otros aspectos, que todos los juzgadores electos ganemos menos que la presidenta de la República, lo que permitirá un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales”, señaló.

Aguilar Ortiz detalló que los ministros en retiro perciben actualmente entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, montos superiores al salario de la titular del Ejecutivo. De confirmarse los ajustes, la SCJN podría alcanzar ahorros de hasta 800 millones de pesos.

El ministro oaxaqueño de origen mixteco adelantó también que impulsará la eliminación de gastos superfluos y apoyos adicionales que generaban excesos en el presupuesto del Poder Judicial.

“La austeridad no significa condenar a la precariedad a los tribunales, significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, afirmó.

Agregó que la nueva Corte hará valer las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial para combatir la corrupción y garantizar que los recursos se destinen a lo esencial: el funcionamiento de los juzgados, la resolución de expedientes y el acceso a la justicia en todo el país.

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A unas horas de asumir como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar hizo un llamado a la población mexicana para confiar en el trabajo del nuevo pleno, al que definió como un tribunal distinto.

“Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la SCJN, y que tengan todos la confianza que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente”, declaró en entrevista breve mientras caminaba sobre la calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional.

Aguilar recordó que a partir de este lunes entrarán en vigor los órganos contemplados en la reforma constitucional al Poder Judicial: la Corte, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina.

En el acceso principal del edificio de la Corte fue colocado un arco floral con la leyenda “Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”. Al lugar comenzaron a llegar integrantes de pueblos indígenas para mostrar respaldo a las y los nuevos ministros, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la sede.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenará logotipo oficial este lunes, con la incorporación de un bastón de mando indígena al tradicional águila juarista. La decisión marca el inicio de una nueva etapa para el máximo tribunal, ahora encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, mixteco de Oaxaca, quien presidirá por los próximos dos años.

El nuevo emblema, ya aprobado por los ministros electos, busca rendir homenaje a los pueblos originarios y subraya la relevancia histórica de que, por primera vez, un integrante de origen indígena asuma la presidencia de la Corte. A partir del 1 de septiembre, aparecerá en toda la papelería y documentos oficiales de la institución.

Previo a rendir protesta en el Senado y en sesión solemne del Pleno, Aguilar Ortiz y los demás ministros electos —Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González— participarán en una ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando en el Zócalo capitalino.

“Este acto constituye una oportunidad histórica para consolidar un nuevo pacto de justicia y dignidad para nuestro país, en el que la Nueva Suprema Corte refrenda su compromiso de acercar la justicia a todas las personas y fortalecer su vínculo con la sociedad”, expresó Aguilar Ortiz en una carta enviada a medios.

Cabe señalar que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero se incorporará una vez que se recupere del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en la Ciudad de México.

Tras la ceremonia, los ministros abrirán la puerta principal de la SCJN y asistirán al Senado para la toma de protesta, concluyendo con la sesión de instalación de la nueva Corte.

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