La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los padres de familia que no cumplan con la obligación del pago de la pensión alimenticia de sus hijos, no podrán salir del país. 

Esto luego de que el máximo tribunal del país desechó dos amparos interpuestos en contra de la fracción VI del artículo 48 Ley de Migración. 

Este fallo se concretó por mayoría de cuatro votos contra uno de los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN, suficiente para establecer jurisprudencia. 

Dicha normatividad señalaba que podrá negarse la salida de territorio nacional a “las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días, previa solicitud de la autoridad judicial competente”. 

En ambos amparos se trataba de padres que no cumplieron con esta obligación, ante lo cual distintos jueces solicitaron a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como al Instituto Nacional de Migración que se les impidiera abandonar el territorio nacional. 

En sus respectivos amparos, ambos padres consideraron que esta medida vulneraba su derecho de libre tránsito establecido en el artículo 11 de la Constitución. 

En el análisis de este asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte subrayó que debe prevalecer el interés superior del niño, el cual es afectado con la negativa del padre a cubrir sus gastos de alimentación. 

Los ministros abundaron que esta limitación a los derechos del deudor es proporcional y no resulta excesiva. 

“El quejoso tiene a su disposición en todo momento la posibilidad de hacer cesar los efectos de la norma reclamada mediante el pago de los alimentos vencidos e incluso, entre más pronto lo haga, mayor beneficio reporta al goce y ejercicio de derechos de todas las personas involucradas”. 

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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A.L.C. fue condenada a dos años de prisión en Yucatán luego de ser hallada culpable por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia para sus dos hijos menores de edad. La sentencia, emitida por el Tribunal Unitario Cuarto, también incluye el pago de una multa y la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado presentó pruebas durante la audiencia de individualización de penas, sustentando la acusación contra la imputada bajo la causa penal 218/2021. Durante el proceso, se demostró que A.L.C. y el denunciante tuvieron una relación sentimental que resultó en el nacimiento de dos hijos, y tras su separación, acordaron un pago mensual de pensión alimenticia. Sin embargo, la mujer no cumplió con este acuerdo de manera regular ni con el monto estipulado, lo que llevó a la presentación de la denuncia correspondiente.

Tras el Juicio Oral, la autoridad competente determinó que la acusada deberá cumplir la pena de dos años de prisión, además del pago de la reparación del daño por cada menor y una multa. La lectura de la sentencia está programada para el 29 de abril.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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