La señora Esperanza Ortiz Banda, propietaria legal de los juegos mecánicos en el Parque Municipal José María Morelos y Pavón, exige la reparación de daños patrimoniales tras la apropiación ilegal de sus bienes por parte de Gabino Ávila, quien desde junio de 2025 ha operado los juegos sin autorización ni documentación legal, en complicidad con funcionarios municipales.
Luego de más de 20 años de contar con la concesión oficial en el parque, la señora Ortiz Banda presentó una denuncia penal y demandas administrativas contra servidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana, debido a la ocupación indebida y operación irregular de los juegos mecánicos que le pertenecen.
De acuerdo con la denuncia, desde el 13 de junio de 2025, Gabino Ávila Moctezuma tomó posesión de los juegos y celebró un contrato de concesión “ilegal” con funcionarios del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT), sin contar con los permisos correspondientes ni seguro contra daños a terceros. La propietaria legítima, acompañada de su hijo Noé Ramón Ávila y el abogado Héctor Magaña Mosqueda, acusó a responsables como Gamaliel Becerra Gómez y Aurelia Imelda Ríos Sánchez, exfuncionarios municipales, de haber establecido contratos sin respaldo legal.
La operatividad ilegal ha causado daños patrimoniales por varias decenas de millones de pesos, por lo que la señora Ortiz Banda solicita la devolución de los juegos, la reparación del daño y la renovación de la concesión en favor de la verdadera propietaria.
En una conferencia de prensa, la afectada expresó su indignación: “He denunciado públicamente estos hechos graves que constituyen incumplimiento legal, abuso de funciones y omisiones reiteradas por parte de servidores públicos, que han permitido la ocupación y explotación ilegal de mis bienes sin mi consentimiento ni la documentación que acredita mi propiedad”.
Agregó que las autoridades municipales han sido notificadas en múltiples ocasiones, pero no han actuado ni respondido a sus solicitudes, lo que considera una grave falta administrativa y posible responsabilidad legal. Además, denunció que la operación ilegal no solo vulnera sus derechos económicos y patrimoniales, sino también su integridad como mujer, al ser víctima de violencia patrimonial y económica.
Finalmente, la propietaria exige la intervención inmediata de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables, así como la devolución de sus propiedades o la concesión de un nuevo contrato que le permita operar legalmente en el parque. “No pido privilegios, solo cumplimiento de la ley y justicia con perspectiva de género”, concluyó.
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