La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó por la exposición pública de una menor de edad en la marcha antiaborto llevada a cabo el domingo 3 de octubre en la Ciudad de México, en la que se practicó un ultrasonido a una niña embarazada ante la presencia de cientos de personas, como parte del acto de clausura del evento. 

En ese sentido, la CNDH solicitó a las autoridades de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México investigar este acto con perspectiva de niñez y género. 

La CNDH dijo que el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de todas las personas debe ejercerse con pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, evitando utilizarlos en actos donde su identidad, imagen, su cuerpo y estado de salud sean exhibidos públicamente, ya que esa información es de carácter confidencial y debe ser protegida conforme a los artículos 76 a 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Además, el organismo señaló que el embarazo a temprana edad es un problema de salud pública en México, porque resulta altamente riesgoso para la salud y vida de las madres adolescentes, quienes presentan mayores riesgos de preclamsia, mortalidad materna y fetal, y bajo peso al nacer para el recién nacido. 

Asimismo, afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, y el desarrollo humano. 

Por ello, la Comisión destacó que el Estado mexicano implementa la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es disminuir la tasa de embarazos en personas adolescentes. 

"Debe tenerse presente que todo embarazo en una persona menor de edad debe ser abordado con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que existe un riesgo importante de que sea producto de violencia sexual contra la madre", mencionó la CNDH. 

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El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos no vulnera el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene el mandatario mexicano, quien denunció una violación "flagrante" a las leyes internacional, respondió estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional", expresó en una rueda de prensa el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado por los comentarios de López Obrador.

Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".

El informe de 2023, publicado el lunes, recoge que López Obrador y otros miembros de su gobierno han "criticado en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la Administración" y varios seguidores del mandatario protestaron en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

López Obrador dijo el martes que el informe es "una gran mentira del Departamento de Estado" y reprochó que Estados Unidos actúe como si fuera "el juez en el mundo y califique quién se porta bien o quién se porta mal".

Este miércoles arremetió de nuevo contra el reporte y acusó a Washington de estar "violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos".

El informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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El pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por mayoría de votos, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora panista Kenia López Rabadán.

La Mesa Directiva del Senado, que encabeza Alejandro Armenta Mier determinará el formato, fecha y hora de la comparecencia de la titular de la CNDH.

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