Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, busca que un juez federal obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) a archivar una carpeta de investigación iniciada en su contra desde el año 2017 por lavado de dinero.

Desde hace más de un año, la conductora de televisión solicitó a la FGR determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017 bajo el argumento de que informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el año 2016 obtuvo ingresos acumulables por 39 millones 519 mil pesos pero que le fueron retenidos 13 millones 572 mil 444 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Por lo que la cantidad que efectivamente recibió fue de 25 millones 945 mil 726 pesos, pero la FGR ha insistido que no ha pagado el total de las contribuciones correspondientes a sus ingresos de el ejercicio 2016.

Por ello, solicitó un amparo ante el juez Quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México pues la defensa de Gómez Mont intentó firmar un acuerdo reparatorio que también ha sido desconocido por la FGR para no archivar el caso en su contra.

Este asunto no tiene nada que ver con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos y por el que están señalados de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Emiten ficha roja para búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.

A través de sus redes sociales, la conductora Inés Gómez Mont aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por tres mil millones de pesos era falsa.

Cabe recordar que un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados Gómez Mont y Álvarez Puga.

El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a dos personas acusadas por delitos de abuso sexual requeridas en distintas Cortes.

En la primera causa penal, Iris Rodríguez, fue requerida por la Corte Superior de Texas, para el Condado de Webb, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual de una menor de edad. En diciembre de 2023 fue detenida en Jalostotitlán, Jalisco.

En la segunda causa penal, Hugo Domínguez, fue requerido por la Corte Superior de California, para el Condado de San Diego, derivado del delito de abuso sexual infantil. Fue detenido en enero pasado en Cosoleacaque, Veracruz.

Luego de las gestiones efectuadas por la FGR, el gobierno federal concedió la extradición de los reclamados a Estados Unidos. La entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes designados para su traslado a ese país.

Por otra parte, el viernes pasado la FGR entregó en extradición a Estados Unidos a Francisco Pulido Coracero, alias “Don Puli”, por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, fue uno de los principales abastecedores de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero de 2023, la FGR solicitó al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, la orden de detención con fines de extradición en contra “Don Puli”, que fue cumplimentada en octubre de ese mismo año en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tras las gestiones y procedimientos conjuntos, se aprobó la extradición y fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California a los agentes policiales del gobierno estadounidense, quienes lo trasladaron a Washington.

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Tras la controversia generada por la declaración del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, sobre México como "campeón de fentanilo", la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que se trató de "una palabra inadecuada". Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Gallo, asegurando que no fue de mala fe.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que Gallo está inmerso en el tema del control de precursores químicos y que es comprensible que, al tomar la palabra en un evento sobre el tema, pueda utilizar términos no adecuados. Destacó la labor coordinada de la FGR, las Fuerzas Armadas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el control de insumos utilizados en la elaboración de drogas.

La FGR, por su parte, señaló que Gallo se disculpó públicamente por el malentendido y aseguró que la Agencia de Investigación Criminal cuidará puntualmente la información que emita para evitar futuras situaciones similares.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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La Fiscalía General de la República (FGR) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que tiene a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a meses de recuperar su libertad.

A través de la misiva 114/2023, la agente del Ministerio Público Federal notificó a dicho Tribunal Colegiado que interpondrá ante la SCJN recurso de revisión contra la sentencia de amparo que dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel contra Aburto Martínez, y en la que se ordena dictar una nueva con base en el Código Penal de Baja California, al momento de los hechos registrados en marzo de 1994.

“Agréguese a este expediente la misiva 114/2023, suscrita por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por la que hace del conocimiento que derivado del acuerdo emitido el diez de los actuales, en el que se otorgó a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado de Apelación de este Circuito, el término de diez días hábiles, para que dé cumplimiento al fallo de amparo, informa que ".está formulando Recurso de Revisión para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia dictada en la sesión de fecha cinco de octubre de 2023." (sic), de lo que se toma conocimiento”, señaló el expediente.

El plazo para que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación emita una nueva sentencia contra Mario Aburto Martínez sigue corriendo.

En tanto, que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dio a conocer que está a la espera de la nueva determinación, tal como lo ordenó en su sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

“Téngase por recibido el oficio electrónico 4861/2023, signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual, comunica el proveído dictado el nueve de octubre del año en curso, en el que recibió testimonio de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que está en espera de lo que resuelva del Tribunal de Apelación responsable, en acatamiento a la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso (Mario Aburto)”.

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