El presidente de México, anunció que irá a las Naciones Unidas el 9 de noviembre porque el país va a  asumir la presidencia del consejo de seguridad de la ONU.

AMLO participará en una reunión donde hablará de lo que considera el principal problema del mundo; ''La corrupción que produce desigualdad'', ese será el tema que abordará en su ponencia.

Le preguntaron si iría con el presidente Biden, a lo que contestó que no irá con él, pero está invitado para venir a México.

Confirma el presidente López Obrador que sí acudirá a la sede de Naciones Unidas el próximo 9 de noviembre, en la ceremonia donde México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad.

"Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción", dijo. pic.twitter.com/fCecDjhPFi

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 11, 2021

Sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8% en dicho periodo, en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.

Según el quinto índice sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, una disminución con respecto a 94.4% de 2020.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 fueron Oaxaca, con 100%, seguido de Morelos, con 99.8%; Tlaxcala, 99.5%; Colima, 99.3%; Guerrero; 98.5%; Chihuahua, 98.2%, y Puebla, con 98.1%.

En contraste, entre las entidades con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, con 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; Ciudad de México, 69.6%, y Coahuila, 70.9%.

En feminicidio la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8%, es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala (ambos con una impunidad de 100%), seguidos de Chihuahua, con 98.8%; Colima, 92.1%; Puebla, 88.7%, y Morelos, 86.1%.

“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, señaló la organización Impunidad Cero.

Al presentar el estudio, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, afirmó que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema acusatorio de justicia penal en México.

“Tristemente, sólo siete de cada 100 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han concluido con sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal. La pandemia afectó el comportamiento de las sentencias y en consecuencia los niveles de impunidad. El dato que más nos preocupó es que la mayoría de los homicidios intencionales de hombres y mujeres son perpetrados con arma de fuego, por lo que es urgente la coordinación entre las fiscalías locales y la fiscalía general, que exista y mejore para investigar estos delitos y esclarecerlos”, lamentó.

El coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega, consideró que la impunidad que prevalece en México se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales en las fiscalías y a la falta de “voluntad política” para destinar recursos al fortalecimiento del sistema de procuración y administración de justicia.

“La impunidad está relacionada con escándalos de corrupción, con pactos de impunidad, pero un factor que explica gran parte del problema es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes y eso se traduce en la construcción de capacidades”, aseveró.

Con la llegada del Mundial de Qatar 2022, el país árabe se encuentra, más que nunca, en la mira de fanáticos y ciudadanos extranjeros. El evento deportivo más prestigioso del mundo no solo ha puesto de manifiesto las estrictas normas, reglas y costumbres cataríes, sino que también ha dejado en evidencia el difícil y, para algunos, oscuro panorama al que se enfrentan las mujeres.

Aunque Qatar es un país moderno en muchos aspectos, si se compara con sus vecinos del Golfo, el género femenino solo representa 25% de la población -de acuerdo con cifras del Banco Mundial-, en un estado de 2.9 millones de habitantes.

Su numerosidad es equivalente a su calidad y estilo de vida: políticas discriminatorias, vulneración de los derechos humanos y desprotección estatal son solo algunos de los grandes desafíos a los que tienen que enfrentarse las mujeres en territorio catarí.

Las relaciones extramaritales son un delito

Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no solo está mal visto, sino que es ilegal en Catar. Este acto puede llevar a prisión de hasta siete años o, incluso, la pena de muerte.

Las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio entre hombres y mujeres de más de 16 años son delito y están recogidas en el artículo 285 del Código Penal; sin embargo, la desprotección es mayor cuando se denuncia abuso sexual, pues las mujeres pueden enfrentar acusaciones de sexo extramatrimonial.

“El testimonio de una mujer vale mucho menos de lo que vale el de un hombre, y muchas veces ni siquiera es tenido en cuenta. Los hombres pueden tener hasta cuatro esposas a la vez, sin pedirle permiso a nadie; pero si una mujer es violada —fuera del matrimonio— se la juzga por adulterio”, señaló la periodista Delfin Campos para el portal digital ‘Unidiversidad’.

Deben tener tutores legales

Para casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a muchos empleos gubernamentales, viajar al exterior y recibir algunas formas de atención de la salud reproductiva, las mujeres cataríes deben contar con la aprobación de un tutor legal.

En el caso de las mujeres que no han contraído matrimonio, el padre -o, en su defecto, un hermano- posee la tutela legal; mientras que, cuando una mujer se casa, la tutela familiar se transfiere al esposo.

“Las mujeres en Qatar han derribado obstáculos y logrado importantes avances en áreas como la educación; sin embargo, aún tienen que enfrentarse a normas oficiales de tutela masculina que limitan su capacidad de llevar adelante vidas plenas, productivas e independientes”, señaló Rothna Begum, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch.

La violencia doméstica y conyugal no se consideran delito

Según un informe del Banco Mundial, no existe ninguna ley específica contra la violencia doméstica o la violación que proteja a las mujeres ante posibles agresiones de su marido o el tutor.

De hecho, según un informe de derechos humanos elaborado por EU en 2021 -citado por el diario ‘El Confidencial’-, “rara vez” se denuncian agresiones sexuales y otros delitos basados en el género. ¿La razón? Temen ser presas del tabú social que las denuncias implican.

Divorcio e hijos

Mientras que los hombres tienen derecho unilateral al divorcio, las mujeres deben solicitarlo ante los tribunales por motivos limitados. De conseguirlo, se enfrentan a un panorama de discriminación, crítica y presión social.

En el caso de tener hijos, las mujeres divorciadas no pueden obtener la tutela legal de los menores ni influir en las decisiones sobre su vida.

En el último Índice Global de Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial en 2020, Qatar ocupa el puesto 135 entre casi 150 países.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

La conferencia semanal denominada "Impunidad Cero" que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suspendida el viernes 12 de agosto tras la ola de incendios provocados por grupos delictivos en la región.

Luego de dos meses de haber suspendido la conferencia ante medios de comunicación donde presentaban resultados o proyectos en materia de seguridad, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, señaló que optaron por darle prioridad a la investigación. 

"Nosotros preocupados de manera personal en dirigir y comandar todas las acciones necesarias hasta localizar información con las otras secretarías de seguridad publica ciudadana, guardia nacional, ejército y marina, nos dimos la tarea de darle prioridad a la protección y defensa de la seguridad y derechos de los ciudadanos", detalló Carpio Sánchez.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor.

En la actualidad persiste la desigualdad de género y la poca relevancia del empoderamiento femenino, debido a circunstancias históricas y estructurales de las sociedades, destacando que la remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres, determinando a nivel mundial una brecha salarial de género, estipulada en un 23%.

Unido a ello, los niveles de pobreza incrementan tales desigualdades, constituyendo una franca desventaja para las mujeres en la obtención de recursos, oportunidades y acceso al mercado laboral.

En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible abordan como prioridad la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres, mediante la promoción del crecimiento económico y generación de empleo con equidad salarial para hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

¿En que consiste la Igualdad Salarial?

La Igualdad Salarial o Igualdad de Remuneración implica el derecho que tienen los hombres y mujeres a percibir una misma remuneración por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta factores como competencias, condiciones de trabajo, calificaciones y niveles de responsabilidad.

Por otra parte, la igualdad salarial reafirma los derechos humanos y la igualdad de género, contando con el apoyo de la comunidad mundial, Sociedad Civil, Agencias de ONU Mujeres, Estados Miembros y la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Como principal antecedente en materia de igualdad salarial, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un Convenio sobre Igualdad de Remuneración en el año 1951, siendo considerado el primer instrumento internacional en esta materia en incorporar a las mujeres al trabajo masivamente, encargándose de la primera línea de producción en varios países.

La creación de este convenio se fundamentó en la desigualdad salarial, considerada como una forma evidente de discriminación laboral, siendo el primer paso para lograr una mayor igualdad de género en el mercado de trabajo.

Coalición Internacional para la Igualdad Salarial

La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (Equal Pay International Coalition) es una organización dirigida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y otros socios, con la finalidad de lograr la remuneración igualitaria entre mujeres y hombres en todo el mundo.

La formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha propiciado la creación de alianzas estratégicas por parte de los organismos involucrados, aunando esfuerzos para lograr el impacto y resultados deseados en el cumplimiento de los mismos.

Por otra parte, es fundamental que las empresas cumplan con la legislación establecida para reducir considerablemente las brechas salariales y eliminar las prácticas de empleo discriminatorias, en especial en aquellos sectores que cuentan con una mayor presencia de mujeres que de hombres.