Negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto en una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab.

Entre los nombres que resaltan en la investigación obtenida por el ICIJ se encuentran Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La investigación denominada Pandora Papers señala que ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Según la investigación, Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como consejero jurídico de la Presidencia y es uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.

En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.

Según los Pandora Papers, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.

En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba, destaca el documento.

La investigación señala que el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.

Sefún los documentos publicados, la compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.

La investigación también señala que Julia Abdala, quien aclaran que no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se convirtió en accionista de la offshore cuando Bartlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador.

Según los Pandora Papers es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.

La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011, con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.

Ante la publicación de los documentos, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que ya se inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir corrupción.

La investigación publicada por Quinto Elemento Lab detalla que, aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.

Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.

Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.  

Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.  

“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.  

“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.  

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.

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El Ministerio Fiscal solicita 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del delantero Neymar da Silva, para el que también pide 2 años de cárcel y otros 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios.

En cambio, exonera al también expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos, entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.

¿Cuándo es el juicio a Neymar?

El juicio oral empezará el próximo 17 de octubre, en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, durará hasta el 31 de octubre y en él comparecerán como acusaciones particulares el fondo brasileño DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil (FAAP).

 Hasta el momento del traspaso al Barça, DIS era poseedor del 40% de los derechos económicos de Neymar, tras el acuerdo que alcanzó en 2009 con el futbolista, ahora en el PSG, y a quien pagó el equivalente a 2 millones de euros.

¿Por qué fue un fraude el fichaje de Neymar con el Barcelona?

Sin embargo, y aunque el Barcelona acabó desembolsando 25,17 millones al Santos por los derechos del jugador y otros 60 millones por diversos conceptos a N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar dirigida por el padre de Neymar, DIS solo percibió 6,8 millones, por su 40%.

Esta empresa reclama ahora una indemnización por daños y perjuicios de 150 millones de euros, 5 años de prisión para el jugador y otros 8 años de prisión para Rosell y Bartomeu.

Igualmente, la FAAP considera que, en aquella operación presuntamente fraudulenta entre el Barcelona y el Santos, también fueron vulnerados sus derechos, establecidos con fines sociales y consistentes en un pequeño porcentaje de los derechos de traspaso.

Además de Neymar, Rosell y Bartomeu están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide 2 años y 1 año de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.

El traspaso de Neymar lleva un recorrido judicial desde hace años, con varios frentes abiertos que le han ocasionado numerosos problemas jurídicos y financieros al FC Barcelona. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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Terminó el proceso legislativo que comenzó el 8 de septiembre de 2021 y se oficializó el pasado viernes 12 de noviembre con la publicación en el diario oficial de la federación el decreto con el que reforman, adicionan, y modifican diversas disposiciones fiscales, para el Socio de impuestos de la firma CAZA consultores, Pablo Cesar Castañeda se trata de una reforma encaminada a atacar la informalidad. 

Mencionó que además se busca aumentar la recaudación un poco más del 10%, llegando así a la cifra de 7.08 billones de pesos de los cuales el 55% provendrá de la recaudación tributaria, esto es, para 2021 se buscaba recaudar 3.5 billones y para 2022 serán 3.9 billones de pesos, siendo el IVA uno de los impuestos que esperan tenga el mayor incrementar.

 “Vamos a resumir estos cambios fiscales en 10 puntos, los que considero podrían tener mayor impacto en las empresas y en la población”, compartió el especialista.  

 1.- Toda persona mayor de edad tendrá la obligación de inscribirse al RFC, sin importar si tienen o no actividad económica, en esto vendría una incógnita “¿Voy a pagar impuestos?”, la respuesta es algo sencilla, y es depende, si tienen actividad económica si pagarían impuestos, si no tienen actividad económica no tendrían obligaciones.

2.- Se cancelara el RFC (o suspende) de contribuyentes zombies, esto aplicará para los contribuyentes que la autoridad detecte que en los últimos 5 ejercicios no tuvieron operaciones, no emitieron comprantes fiscales y no cuenten con obligaciones pendientes. 

3.- Se elimina el Régimen de Incorporación Fiscal, para dar paso al nuevo régimen simplificado de confianza para las personas físicas, el cual busca otorgar una manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de las contribuciones, para efectos de ISR únicamente se multiplicará el ingreso por un % que llega hasta el 2.5% y ese ese sería el impuesto a pagar, esta es una simplificación tributaria que mucha falta le hace a México, ya que de acuerdo al World Bank Doing Bussines (2019) los mexicanos le dedican 241 horas al año para cumplir con las obligaciones fiscales, esto es, el doble que Estados Unidos, Costa Rica o que el promedio internacional.

4.- Este régimen simplificado de confianza para personas físicas propone tasas impositivas mínimas que se aplicarían de manera progresiva según los ingresos del contribuyente. Las tasas irán desde uno por ciento hasta dos punto cinco por ciento, pero es muy importante recordar que este porcentaje se aplicara directo a los ingresos, sin considerar deducciones.

 5.- Se va restringir el Certificado de Sello Digital (necesario para expedir comprobantes fiscales) a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza cuando se detecte que omitió tres o más pagos mensuales en un año calendario. 

6.- La cancelación de los comprobantes fiscales, solo podrá realizarse dentro del ejercicio en el que se expiden, siempre y cuando la persona a favor de quien se expidió acepte dicha cancelación, esto suma trabajo administrativo, dar correcto seguimiento a los CFDI previo al cierre del ejercicio.

 7.- Las instituciones bancarias informaran mensualmente al SAT los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos que reciba el usuario, esto sería de forma acumulada, esta obligación ya existe pero se informará de manera anual.

8.- Para que las facturas de combustibles puedan ser deducibles, deberán incluir la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible (no se debe encontrar suspendido al momento de expedir la factura), aquí tenemos una interrogante ¿cómo vamos a poder verificar que el permiso este vigente?
 

9.- Se elimina para las personas morales la opción de acumular sus ingresos en el momento en que sean efectivamente cobrados (mismo caso para las deducciones) y da paso al Régimen simplificado de confianza para personales morales, podrán aplicar sociedades que cuyo sus ingresos no excedan 35 millones de pesos. 

10.- La enajenación de alimento para animales, toallas femeninas, tampones y copas menstruales tendrán una tasa del IVA del 0%.

“Y pongo una adicional, que no vamos a esperarnos hasta 2022 por que ya se publicó en el portal del SAT en la 7ma versión anticipada de la 3ra resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal, ya no se podrá inscribir al RFC por medio del CURP, teníamos la facilidad o practicidad de inscribirnos en línea utilizando únicamente el CURP, este trámite se deroga y ahora todos deben hacerse de forma presencial (o concluirse de forma presencial)”, informó.

“En mi opinión, me quedo con un sabor agridulce, tenemos el régimen simplificado de confianza para personas físicas que sin duda es un cambio que se puede aprovechar, que pueden incentivar a quienes se encuentran en la informalidad, pero también tenemos un incremento en las facultades de la autoridad, tenemos cambios fiscales que incrementaran nuestra carga administrativa y debería ser al contrario”, concluyó el experto

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