Medios reportan que dos de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron vistos en una propiedad en el municipio de Mazatlán del estado de Sinaloa.

Los implicados se tratarían de Iván Archivaldo Guzmán Salar, "El Chapito", y Ovidio Guzmán Salazar, alias "El Ratón", aparentemente ambos estaban custodiados por 50 hombres armados.

De acuerdo a la fuente que reveló la aparición de "Los Chapitos", nombre con el que se le conoce a los primogénitos del "Chapo" Guzmán, se mantuvieron en un rancho de grandes dimensiones.

Mencionan que los narcotraficantes heredaron una fracción del "Cártel de Sinaloa" y ellos son más temerarios que su papá, por lo cual no ven como necesario vivir en la sierra.

Recientemente se cumplieron dos años del "Cualiacanazo", momento en el que Ovidio Guzmán fue detenido por autoridades federales, sin embargo eso provocó una ola de violencia en las calles de Culiacán por lo que se decidió liberarlo.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirma la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa. El arresto se llevó a cabo durante un operativo en Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Mediante su cuenta de X, García Harfuch detalló que “Chuki” cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, específicamente en materia de tráfico de armas.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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En la conferencia matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que el Cártel de Sinaloa pueda considerarse extinto, pese a la captura de figuras históricas como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder único. Siempre ha operado con varias cabezas: El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, sus hijos, El Guano y otros líderes delictivos. No puede darse por terminado porque aún existen células activas que deben ser detenidas”, afirmó García Harfuch.

El funcionario destacó que aunque algunas facciones han sido debilitadas, la estructura criminal continúa operando en diversas regiones del país, por lo que las labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales siguen siendo prioritarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, fue cuestionada sobre posibles vínculos de funcionarios con Ismael Zambada. La mandataria aclaró que las investigaciones se realizan de manera sistemática y no dependen de declaraciones recientes: “Si se encuentra alguna persona de algún gobierno involucrada, se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República. Esto no se hace por lo que alguien dijo, sino porque hay pruebas”, señaló.

Ambos funcionarios coincidieron en que cualquier indicio de participación de autoridades en actividades ilícitas será investigado sin privilegios ni encubrimientos. García Harfuch aseguró que hasta ahora las detenciones relacionadas con grupos delictivos han involucrado principalmente a policías municipales y estatales, sin participación detectada de militares o funcionarios de alto nivel.

Sheinbaum agregó que actualmente no existen pruebas que involucren a servidores públicos ni a miembros de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, y reiteró que el combate a los grupos delictivos se realiza de manera institucional y con base en inteligencia, coordinación y respaldo ciudadano.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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