La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy declarar inconstitucional la prohibición a la venta de cigarros electrónicos y vapeadores que estaba restringida en la Ley General para el Control del Trabajo. Con esta decisión de la SCJN se abre la puerta a que, próximamente, se dé marcha atrás al decreto que prohíbe la importación. 

Con mayoría de siete votos los ministros del Pleno abrieron el camino para que cualquier empresa pueda acudir al amparo contra la prohibición absoluta de la comercialización de este tipo de productos.

Los ministros resolvieron que la prohibición es una medida inconstitucional y desproporcional que atenta contra la libertad de comercio y el libre desarrollo de la personalidad.

"Impide totalmente el acceso a cualquier producto que emule los productos del tabaco, pero que no contenga sus derivados, como pueden ser cigarros electrónicos de nicotina y hasta un cigarro de chocolate", señaló durante la sesión el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

El caso derivó de una contradicción de criterios entre las dos salas de la Corte, por lo que el Pleno declaró que la tesis que debe prevalecer es la que se emitió en un amparo concedido en 2019 a una empresa para poder vender vapeadores en México y que abrió la puerta a que el Congreso de la Unión legisle sobre el tema.

"Cualquier medida que el Estado adopte para proteger el derecho a la salud debe ser compatible con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica entre otras cosas, que debe proveerle siempre de la información relevante y oportuna para que esta persona adulta tome libremente las decisiones que afecten su salud, y respetar esa decisión, aunque implique dañar su salud,” agregó la ministra Norma Piña.

Los ministros que votaron en contra de avalar la comercialización de estos productos fueron Yasmín Esquivel, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

Esto, bajo el argumento de que no existen estudios científicos que demuestren que los vapeadores o cigarros electrónicos no son dañinos para la salud al mismo nivel o más que el tabaco.

Debido a que el asunto se resolvió con mayoría de siete votos el criterio no se convierte en jurisprudencia sino únicamente en un argumento que puede ser invocado y aplicado en juicios de amparo.

Por su parte, el presidente de México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, explicó que con esta determinación se puede avanzar en dos frentes más, por una parte, en revertir el Decreto presidencial por el que se prohibió la importación de los cigarros electrónicos y por otro lado se podrá trabajar en una correcta regulación del mercado.

“Esta contradicción de tesis que resolvieron en la Corte donde determina inconstitucional la prohibición a la venta de cigarros electrónicos no está relacionado con el Decreto que prohíbe la importación de cigarros electrónicos (del pasado 19 de febrero de 2020) pero si va a traer consecuencias que llevarán a que también sea inconstitucional el Decreto”, explicó. 

Cirión Lee dijo que “ha habido tentativas de hacer prohibiciones en la ley a la venta de cigarros electrónicos, pero con esta jurisprudencia no se va a prohibir la comercialización de los vaporizadores” y añadió “ahora sí podemos partir para una correcta regulación del mercado”.

A la fecha hay 14 amparos en firme que decretan que es inconstitucional la importación de vapeadores que solicitaron personas físicas, además de que hay dos amparos adicionales de comerciantes que ya tienen la resolución provisional en la que les dicen que es inconstiucional el Decreto con la que se prohíbe importar cigarros.

Con la decisión de la Suprema Corte, en caso de que se intente retener la mercancía a los importadores que cuentan con amparo, podrán aludir a los amparos y argumentar que hay una contradicción porque ya está la resolución que permite la venta de estos productos.

“Esto es una cuestión de tiempo y lo que va a pasar al final es que declararán anticonstitucional el Decreto” de febrero del 2020.

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.”

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.”

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad un amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, contra el pago de un crédito fiscal de 33 mil millones de pesos determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esta decisión, la Corte dejó firme la obligación de la empresa de cubrir 33,306 millones 476 mil pesos correspondientes a adeudos de ISR, multas, recargos y actualizaciones.

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, fue respaldado por todos los integrantes del pleno. La nueva integración de la SCJN concluyó que la reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era fundada, por lo que el amparo solicitado por Elektra fue desechado. Se trata del adeudo fiscal más elevado que mantiene Salinas Pliego en litigio ante el máximo tribunal.

Previo a la discusión del caso, la Corte resolvió otro tema pendiente: el impedimento contra la ministra Lenia Batres, quien había sido excluida de votaciones anteriores relacionadas con Elektra debido a publicaciones críticas que realizó en redes sociales entre 2020 y 2021. Sin embargo, el pleno determinó que dichas expresiones ocurrieron antes de asumir su cargo y no ponían en duda su imparcialidad, por lo que fue autorizada para participar.

La sentencia señala que “no existe elemento objetivo que permita vincular dichas manifestaciones con el ejercicio de su función jurisdiccional”, por lo que Batres pudo votar en el caso fiscal de Elektra. Con esta resolución, la Corte cerró uno de los litigios más relevantes entre el SAT y el conglomerado de Salinas Pliego, quien aún enfrenta otros procesos tributarios y financieros ante autoridades federales.

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La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició formalmente actividades este lunes por la noche con una sesión solemne de instalación, a la que asistieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representantes del Senado y la Cámara de Diputados, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del gabinete federal.

Durante su mensaje, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de salarios de las y los ministros, la revisión de las remuneraciones de los ministros en retiro y la eliminación del seguro de gastos médicos mayores.

“No puede haber justicia con privilegios. Implementaremos un plan de austeridad que contemple, entre otros aspectos, que todos los juzgadores electos ganemos menos que la presidenta de la República, lo que permitirá un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales”, señaló.

Aguilar Ortiz detalló que los ministros en retiro perciben actualmente entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, montos superiores al salario de la titular del Ejecutivo. De confirmarse los ajustes, la SCJN podría alcanzar ahorros de hasta 800 millones de pesos.

El ministro oaxaqueño de origen mixteco adelantó también que impulsará la eliminación de gastos superfluos y apoyos adicionales que generaban excesos en el presupuesto del Poder Judicial.

“La austeridad no significa condenar a la precariedad a los tribunales, significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, afirmó.

Agregó que la nueva Corte hará valer las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial para combatir la corrupción y garantizar que los recursos se destinen a lo esencial: el funcionamiento de los juzgados, la resolución de expedientes y el acceso a la justicia en todo el país.

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A unas horas de asumir como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar hizo un llamado a la población mexicana para confiar en el trabajo del nuevo pleno, al que definió como un tribunal distinto.

“Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la SCJN, y que tengan todos la confianza que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente”, declaró en entrevista breve mientras caminaba sobre la calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional.

Aguilar recordó que a partir de este lunes entrarán en vigor los órganos contemplados en la reforma constitucional al Poder Judicial: la Corte, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina.

En el acceso principal del edificio de la Corte fue colocado un arco floral con la leyenda “Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”. Al lugar comenzaron a llegar integrantes de pueblos indígenas para mostrar respaldo a las y los nuevos ministros, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la sede.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenará logotipo oficial este lunes, con la incorporación de un bastón de mando indígena al tradicional águila juarista. La decisión marca el inicio de una nueva etapa para el máximo tribunal, ahora encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, mixteco de Oaxaca, quien presidirá por los próximos dos años.

El nuevo emblema, ya aprobado por los ministros electos, busca rendir homenaje a los pueblos originarios y subraya la relevancia histórica de que, por primera vez, un integrante de origen indígena asuma la presidencia de la Corte. A partir del 1 de septiembre, aparecerá en toda la papelería y documentos oficiales de la institución.

Previo a rendir protesta en el Senado y en sesión solemne del Pleno, Aguilar Ortiz y los demás ministros electos —Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González— participarán en una ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando en el Zócalo capitalino.

“Este acto constituye una oportunidad histórica para consolidar un nuevo pacto de justicia y dignidad para nuestro país, en el que la Nueva Suprema Corte refrenda su compromiso de acercar la justicia a todas las personas y fortalecer su vínculo con la sociedad”, expresó Aguilar Ortiz en una carta enviada a medios.

Cabe señalar que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero se incorporará una vez que se recupere del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en la Ciudad de México.

Tras la ceremonia, los ministros abrirán la puerta principal de la SCJN y asistirán al Senado para la toma de protesta, concluyendo con la sesión de instalación de la nueva Corte.

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