La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy declarar inconstitucional la prohibición a la venta de cigarros electrónicos y vapeadores que estaba restringida en la Ley General para el Control del Trabajo. Con esta decisión de la SCJN se abre la puerta a que, próximamente, se dé marcha atrás al decreto que prohíbe la importación. 

Con mayoría de siete votos los ministros del Pleno abrieron el camino para que cualquier empresa pueda acudir al amparo contra la prohibición absoluta de la comercialización de este tipo de productos.

Los ministros resolvieron que la prohibición es una medida inconstitucional y desproporcional que atenta contra la libertad de comercio y el libre desarrollo de la personalidad.

"Impide totalmente el acceso a cualquier producto que emule los productos del tabaco, pero que no contenga sus derivados, como pueden ser cigarros electrónicos de nicotina y hasta un cigarro de chocolate", señaló durante la sesión el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

El caso derivó de una contradicción de criterios entre las dos salas de la Corte, por lo que el Pleno declaró que la tesis que debe prevalecer es la que se emitió en un amparo concedido en 2019 a una empresa para poder vender vapeadores en México y que abrió la puerta a que el Congreso de la Unión legisle sobre el tema.

"Cualquier medida que el Estado adopte para proteger el derecho a la salud debe ser compatible con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica entre otras cosas, que debe proveerle siempre de la información relevante y oportuna para que esta persona adulta tome libremente las decisiones que afecten su salud, y respetar esa decisión, aunque implique dañar su salud,” agregó la ministra Norma Piña.

Los ministros que votaron en contra de avalar la comercialización de estos productos fueron Yasmín Esquivel, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

Esto, bajo el argumento de que no existen estudios científicos que demuestren que los vapeadores o cigarros electrónicos no son dañinos para la salud al mismo nivel o más que el tabaco.

Debido a que el asunto se resolvió con mayoría de siete votos el criterio no se convierte en jurisprudencia sino únicamente en un argumento que puede ser invocado y aplicado en juicios de amparo.

Por su parte, el presidente de México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, explicó que con esta determinación se puede avanzar en dos frentes más, por una parte, en revertir el Decreto presidencial por el que se prohibió la importación de los cigarros electrónicos y por otro lado se podrá trabajar en una correcta regulación del mercado.

“Esta contradicción de tesis que resolvieron en la Corte donde determina inconstitucional la prohibición a la venta de cigarros electrónicos no está relacionado con el Decreto que prohíbe la importación de cigarros electrónicos (del pasado 19 de febrero de 2020) pero si va a traer consecuencias que llevarán a que también sea inconstitucional el Decreto”, explicó. 

Cirión Lee dijo que “ha habido tentativas de hacer prohibiciones en la ley a la venta de cigarros electrónicos, pero con esta jurisprudencia no se va a prohibir la comercialización de los vaporizadores” y añadió “ahora sí podemos partir para una correcta regulación del mercado”.

A la fecha hay 14 amparos en firme que decretan que es inconstitucional la importación de vapeadores que solicitaron personas físicas, además de que hay dos amparos adicionales de comerciantes que ya tienen la resolución provisional en la que les dicen que es inconstiucional el Decreto con la que se prohíbe importar cigarros.

Con la decisión de la Suprema Corte, en caso de que se intente retener la mercancía a los importadores que cuentan con amparo, podrán aludir a los amparos y argumentar que hay una contradicción porque ya está la resolución que permite la venta de estos productos.

“Esto es una cuestión de tiempo y lo que va a pasar al final es que declararán anticonstitucional el Decreto” de febrero del 2020.

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El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, así como turnó a los Congresos estatales la reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula la prohibición y sanción de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito de fentanilo.

En la sesión de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó la aprobación de estas reformas tiene el propósito de prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.

Se destaca que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas y precursores.

La reforma al artículo 4 constitucional incluye la obligación de sancionar actividades relacionadas con sistemas o dispositivos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas no autorizadas.

En tribuna el senador del PAN, Ricardo Anaya, respaldó la reforma contra el uso ilícito del fentanilo, “porque una cosa es el uso médico para anestesiar pacientes y otra cosa es el uso ilícito de esta droga que a tanta gente mata. Estamos en contra del uso ilícito”.

“Y respecto de los vapeadores, coincidimos, en que no queremos que los menores de edad tengan acceso a los vapeadores y se hagan adictos a distintas substancias y también coincidimos, ojalá esto pueda quedar muy claro para que el debate no se desvíe, coincidimos en que los vapeadores no son algo a promover, no son algo saludable que el Estado deba promocionar”.

Sin embargo, cuestionó que la reforma de Morena el por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas, o sea ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución?

“La respuesta es, que están usando la Constitución y es una falta de respeto brutal para mandarle un mensaje a Donald Trump, porque de hecho la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa”.

Asimismo, cuestionó que en el mismo párrafo se pone al mismo nivel un vapeador -cuando hay más de 2 millones de personas en México que los utilizan- con el fentanilo, una sustancia que efectivamente con una pequeñita sobredosis la persona se queda dormida y ya no despierta, por eso muere tanta gente de sobredosis de fentanilo... “en el mismo párrafo al mismo nivel el fentanilo y los vapeadores, otra aberración monumental”.

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El pleno del Senado de la República aprobó en lo general las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución, que buscan prohibir y sancionar la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otras sustancias ilícitas, con un énfasis particular en el uso del fentanilo.

La sesión de este miércoles concluyó con 110 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, reflejando un amplio consenso en la Cámara Alta para implementar medidas que protejan la salud pública.

Garantizar la protección a la salud

La reforma establece la prohibición total de:

• Producción
• Distribución
• Comercialización
• Enajenación

De cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como de sustancias tóxicas y precursores químicos, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población mexicana.

El senador Enrique Inzunza (Morena), al presentar el dictamen, subrayó que la reforma es una respuesta integral a dos crisis que afectan gravemente a la sociedad:

1. El uso creciente de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre adolescentes.
2. La proliferación de drogas sintéticas, como el fentanilo, que representa un riesgo no solo para la salud pública, sino también para la seguridad nacional.

“La salud es un derecho fundamental y una prioridad que el Estado mexicano está obligado a garantizar. Esta reforma busca proteger a la sociedad, especialmente a nuestros jóvenes, de estos productos que representan graves riesgos”, afirmó el legislador.

✅ Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud.

— Senado de México (@senadomexicano) December 11, 2024

Crisis de salud y seguridad pública

Inzunza recordó que, en los últimos años, dispositivos como los vapeadores han proliferado, generando adicciones en sectores vulnerables. Además, el uso ilícito del fentanilo ha causado una crisis de salud y una emergencia de seguridad, dada su alta letalidad y relación con el crimen organizado.

La reforma refuerza el compromiso del Estado mexicano para combatir estas problemáticas con medidas estrictas y preventivas.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. De ser aprobada, marcará un avance importante en la protección de la salud pública y el combate a sustancias ilegales en México.

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Constitución para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito de fentanilo.

La reforma a los artículos 4 y 5 de la Carta Magna, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó avalada por 410 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PAN y PRI, así como sufragios en contra por parte de MC.

Al inicio del debate, la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, vapeó en la tribuna: “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban el ejercicio de nuestras libertades porque su política pública en materia de salud No les da para más”.

Mientras exhalaba humo, la legisladora naranja sostuvo que las políticas prohibicionistas han demostrado históricamente ser ineficaces, al tiempo que generan incentivos para los mercados negros.

“¿A poco con la prohibición del alcohol las personas dejaron de consumirlo? Morena nos está quitando la libertad de decidir si queremos comprar un cigarro tradicional o si queremos comprar un cigarrillo electrónico o un vapeador. En vez de impulsar el prohibicionismo, sería mejor establecer la regulación sobre la calidad de los productos, las limitaciones a su acceso por parte de menores de edad, así como generar recaudación a través del impuesto especial a productos de tabaco para destinar dichos recursos a campañas informativas y acciones de salud pública”, declaró.

Alejandro Domínguez Domínguez, diputado del PRI, dijo que su bancada apoyaría la reforma porque se incluye la prohibición del fentanilo. Expuso que la drogadicción constituye un problema de salud pública que afecta a millones de mexicanas y mexicanos a diario, “por ello consideramos que el combate a las drogas debe de ser uno de los principales objetivos de todo gobierno, sin importar quién se encuentra en el poder”.

Recordó que en nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333. Estos casos se concentran en entidades del norte del país, como lo son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, consideró que colocar la prohibición del fentanilo con los vapeadores en una sola reforma “no es prudente”, y se pronunció en contra de prohibir: “Estos productos deberían estar vigilados”.

“Los cigarrillos electrónicos son 95% menos dañinos para dejar de fumar, e internacionalmente se regulan estos productos como alternativa para fumadores. La prohibición de vapeadores nos coloca en el peor de los escenarios y obliga regresar al cigarro tradicional”, detalló.

En defensa del proyecto, el diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez, aseguró que “ha quedado comprobado científicamente que el uso de -vapeadores- es cancerígeno”, y dijo que las personas que están en contra del dictamen “buscan preservar el interés económico por encima del bienestar del pueblo mexicano”.

En tanto que la diputada Margarita García explicó que con esta aprobación se eleva a rango constitucional la prohibición de una droga sintética como lo es el fentanilo, la cual también se vende como droga callejera.

El dictamen establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar las leyes secundarias; y las legislaturas locales tendrán 365 días naturales para realizar las adecuaciones normativas necesarias.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a partir de 2009 se han multiplicado los laboratorios que elaboran drogas sintéticas, como el fentanilo, detalla la iniciativa.

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina; y de diciembre de 2018 a marzo de 2022, el gobierno federal aseguró 13 millones 588 mil pastillas y 2 mil 892 millones de dosis de fentanilo.

Prohibicionismo abre puertas al mercado negro y crimen organizado

Juan José Cicerón Lee, presidente de México y el Mundo vapeando, aseguró que prohibir el uso de vapeadores abre las puertas a la comercialización en el mercado negro y una oportunidad que tendrá el crimen organizado en México. Además, en el país existen 2 millones de consumidores.

“Siempre que haya una prohibición de lo que se pretende vender, se va al mercado negro, aunque de la noche a la mañana un producto esté prohibido, la gente no deja de consumir, es inconstitucional una prohibición. Ahora todos esos amparos, ya no van a seguir vigentes, todo el 100% del mercado se va a lo ilegal”, dijo.

Asimismo, Juan José Cicerón, pronóstico los problemas que se pueden tener en la venta del mercado negro de los vapeadores que son: la falta de garantía en la calidad de los dispositivos que utilizan los consumidores, la recaudación de impuestos, la oportunidad que tendrá el crimen organizado para su comercialización, el gobierno pierde el control de todo el mercado y la información de cuántos consumidores hay de dichos productos.

“El gobierno pierde control de todo el mercado, ya no se va a saber cuántos están consumiendo estos productos y se acerca más un producto ilegal a los menores de edad”, alertó el presidente de mundo vapeando.

Aseguró que, el prohibir los vapeadores es para seguir golpeando al Poder Judicial, porque existe una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que destaca la prohibición de comercialización de vapeadores como inconstitucional.

“Obedece a otros intereses, para seguir golpeando al Poder judicial porque existe una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia que dice que la prohibición de comercialización de vapeadores es inconstitucional”, recalcó.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Constitución para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, así como la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito de fentanilo. La reforma a los artículos 4 y 5 de la Carta Magna, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó avalada por 410 votos a favor por parte de Morena.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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