La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió en trámite una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por la aprobación del acuerdo que aplaza temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las ministras que presiden la Comisión de Receso, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, concedieron la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal.

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, enuncia una notificación publicada este lunes.

Sin embargo, las ministras no aclararon cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada, como sucedió la semana pasada, cuando admitieron la controversia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y ordenaron que el INE retomara el proceso de revocación de mandato, además agregaron un nuevo punto para la consulta ciudadana, el cuestionamiento sobre la reelección en la próxima contienda electoral federal, donde si es bien vista, será aprobada una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión”, determinó la Corte el pasado 22 de diciembre.

De acuerdo con la Comisión de Receso, será hasta enero cuando la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados será turnada a alguno de los 11 ministros del máximo tribunal del país. Y además, se definirá si se le da el carácter de prioritaria.

El consejero del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona, declaró este lunes durante una entrevista concedida a Aristegui en Vivo, que son insuficientes los alrededor de mil 500 millones de pesos que consiguió el órgano para la realización de una consulta de revocación de mandato el próximo año, por lo cual se interpuso una controversia constitucional que resolverá la Suprema Corte en las siguientes semanas.

“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, afirmó la semana pasada el máximo tribunal del país.

El pasado 23 de diciembre el diputado Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de seis consejeros electorales y del secretario ejecutivo del INE, por presuntamente coaligarse como servidores públicos “para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento o impedir su ejecución”. 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia matutina de este martes que los consejeros del INE “cometieron un error” al frenar el proceso de revocación de mandato, hizo un llamado a “no penalizar nada”, luego de la denuncia que interpuso Morena, y recordó que será la Suprema Corte la que resuelva la controversia.

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que México no se encuentra en ninguno de los tres escenarios que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, planteó como motivos para retomar la vida pública: una amenaza contra la democracia, un ataque en contra de la mandataria o un intento de golpe de Estado.

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó… no está el escenario y no creo que se presente”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Aquí analizamos todos los días la realidad de México”.

La mandataria también celebró la reaparición del ex presidente en un video publicado el domingo, en el que presentó su nuevo libro “Grandeza”, enfocado en la herencia cultural del país.

“Nos dio mucho gusto verlo bien, muy contento, sano y tranquilo”, dijo. Según Sheinbaum, el texto ya está disponible en librerías y recoge la visión de López Obrador sobre la grandeza cultural mexicana, derivada de las civilizaciones originarias y sus valores.

Sheinbaum consideró que el libro será “polémico”, pero lo describió como un legado importante del exmandatario, a quien ubicó en una etapa de reflexión más que de acción tras su retiro.

Recordó que durante la transición presidencial, destacó la trayectoria de López Obrador como dirigente social y político por más de tres décadas: “Él siempre dijo que la política es pensamiento y acción. Y ahora le toca un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está”.

La presidenta aprovechó para destacar la fuerza de la Cuarta Transformación, que el próximo sábado cumplirá siete años desde su inicio. Convocó a la ciudadanía a concentrarse en el Zócalo capitalino el 6 de diciembre.

“Somos un movimiento social que está en el poder, cercano al pueblo y sin renunciar a nuestros principios. Quizá el movimiento popular más importante del continente, sino es que del mundo”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la mayoría de los mexicanos respaldan su proyecto y aseguró que el pueblo “está unido, fuerte” en defensa de las conquistas logradas desde 2018.

“Nos dio gusto ver al presidente López Obrador en este video reflexivo”, concluyó.

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La diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Pimentel, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para declarar el 13 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Bienestar”, fecha que coincide con el nacimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca reconocer los avances sociales y económicos derivados de las políticas de bienestar implementadas en los últimos años, y establecer una jornada nacional dedicada a la reflexión sobre la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

Pimentel subrayó que la elección de la fecha “no es arbitraria ni fortuita”, sino que responde a una serie de consideraciones simbólicas, estratégicas y sociales que buscan dotar al día de “un profundo sentido nacional”.

🔴 Diputada del PT propone instaurar Día del Bienestar el 13 de noviembre, fecha de cumpleaños de AMLO; descarta relación entre ambos temas

Ana Karina Rojo Pimentel precisó que no se trata de un tema partidista: "creo que el presidente Andrés Manuel puso, vuelvo a repetir, el… pic.twitter.com/kd6SNTlG5A

— Milenio (@Milenio) October 22, 2025

“En primer lugar, el 13 de noviembre no interfiere con ninguna conmemoración cívica, histórica o cultural de carácter nacional establecida oficialmente en nuestro país, lo que permite destacar esta jornada con identidad propia dentro del calendario cívico y facilitar su institucionalización sin superposición con otros eventos de relevancia pública”, explicó la diputada.

La legisladora también argumentó que noviembre representa un cierre de ciclo anual, un momento en el que las instituciones y comunidades realizan balances y proyectan metas, por lo que la fecha “resulta propicia para reflexionar sobre el bienestar social y los retos del país”.

La propuesta del PT ha generado diversas reacciones en el ámbito político, especialmente por el vínculo simbólico con el expresidente López Obrador. No obstante, Pimentel defendió que la intención de la iniciativa es promover “una cultura de bienestar y cohesión social más allá de los colores partidistas”.

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"Yo no soy marinisista, yo soy Claudista y Amlista con mucho orgullo", expresó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California, durante una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de dejar su cargo el próximo 15 de septiembre. 

Ruiz Uribe, ocupó el puesto durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuó en funciones durante los primeros 10 meses del gobierno de la actual mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Señaló que mantiene respeto por la gobernadora, pero dejó en claro que la decisión de renunciar no está influenciada por ella y que tampoco es su enemiga.

El delegado enfatizó que no busca un proyecto personal ni tiene intenciones de ser candidato a algún cargo, aunque sí expresó su intención de apoyar a alguien en el futuro. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para realizar un análisis de la situación actual, con el objetivo de corregir, consolidar y avanzar en el proceso político y social de Baja California. 

🚨 JESÚS ALEJANDRO RUIZ URIBE DEJA EL CARGO 🚨

El delegado federal en BC anunció que dejará su puesto el 15 de septiembre.

“Yo no soy marinista, soy claudista y amlista con mucho orgullo”, declaró en conferencia de prensa.

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— Cadena Noticias (@cadena_noticias) September 11, 2025

Aseguró que su decisión responde a un compromiso con el proceso bajacaliforniano, en un esfuerzo por fortalecer la lealtad del electorado y responder a un déficit en la gestión de los gobiernos locales, que no han logrado cumplir plenamente con el mandato social de cambio.

Ruiz Uribe también mencionó que, aunque anticipa cierto "golpeteo" en su contra, no busca necesariamente una candidatura a gubernatura, alcaldía o senaduría. "Me siento satisfecho y conocerán una organización social para convocar a la reflexión en territorio, consultando a la población, que es quien manda", afirmó.

Por otro lado, mencionó que el nuevo titular de Bienestar será nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque hasta el momento se desconoce quiénes son los posibles candidatos que podrían asumir dicho cargo.

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Este jueves, el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el marco de la sesión ordinaria. La reforma fue avalada con 22 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra.

Aunque se retoma una disposición federal publicada hace cuatro años, esta reforma no se aplicará a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a que su administración ya rebasó el umbral de tres años en funciones; en consecuencia, sus efectos comenzarán a operar para la próxima persona que encabece el Ejecutivo estatal.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Daylín García Rubalcaba, de Movimiento Ciudadano (MC), y Alejandrina Corral Quintero, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes plantearon que este mecanismo también pueda aplicarse a presidentes municipales, regidores y diputados.

De aprobarse estas ampliaciones, se abriría la puerta a una mayor fiscalización ciudadana y a la posibilidad de retirar del cargo a autoridades locales que no cumplan con las expectativas o responsabilidades de su mandato.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su disposición a ser evaluado a través de un proceso de revocación de mandato, a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolviera que no es procedente iniciar dicho proceso en su contra. En una carta dirigida al Consejo General del IEES, Rocha Moya manifestó respeto por la decisión, al tiempo que destacó la importancia de la participación democrática en la vida pública.

"El pueblo debe tener el derecho de evaluar a sus representantes"

El gobernador resaltó que la resolución del IEES, adoptada por unanimidad, fue producto de una interpretación legal que respeta el principio de no retroactividad establecido en la Constitución mexicana. Sin embargo, Rocha Moya expresó que su convicción democrática lo lleva a considerar fundamental que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar a sus gobernantes a través del voto.

“Uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo”, subrayó el mandatario en su misiva.

Un proceso que no procede por principios jurídicos

El IEES argumentó que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Este principio impide que la reforma de 2022 al artículo 150 de la Constitución local, que incorporó la figura de revocación de mandato para la gubernatura, sea aplicada retroactivamente a la actual administración de Rocha Moya.

Un gesto democrático

Aunque el proceso no será llevado a cabo, Rocha Moya lamentó que esta herramienta no existiera en administraciones previas. En su carta, solicitó al Consejo Electoral considerar su “expresión de conformidad” para la viabilidad de un eventual proceso, afirmando que su gobierno “hubiera deseado ser calificado mediante el voto popular”.

Con este posicionamiento, el gobernador sinaloense refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en el estado, aunque la resolución legal del IEES cierre la puerta al proceso de revocación en esta ocasión.

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