José Juan Esparragoza Jiménez, alias “El Cora”, hijo de Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, interpuso una demanda de amparo con el que busca que el Gobierno de México le devuelva un millón 15 mil 800 pesos y 131 mil 344 dólares (unos dos millones 713 mil 632 pesos al tipo de cambio actual).

El titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal le otorgó la suspensión definitiva contra el auto del 7 de noviembre de 2021, mediante el cual la autoridad judicial le negó la devolución de las cantidades aseguradas.

La suspensión definitiva es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se enajene, remate, extinga o adjudique el numerario asegurado en favor de terceros o causen favor a la utilidad pública, ni se realice acto alguno que lo afecte.

El juez rechazó ordenar a las autoridades hacer entrega material y jurídica del dinero, ya que ello implicaría dar efectos restitutorios a la medida cautelar, lo que es propio de la resolución que en su caso se dicte en el juicio de amparo.

Tras ser detenido por elementos de la Marina en agosto de 2014, en Culiacán, Sinaloa, “El Cora” admitió ante un juez ser hijo de “El Azul”, quien, dijo, está muerto.

Esparragoza Jiménez fue detenido junto con Joel Vázquez Valdenegro en posesión de dos bolsas con 27 y 47 gramos de hierba verde, con las características de la marihuana; un paquete con 369 gramos de polvo blanco, al parecer cocaína; un arma larga, un arma corta y 75 cartuchos útiles, así como 26 kilos y 50 miligramos de lo que parece ser metanfetamina, así como con dos millones 746 mil pesos.

De acuerdo con las autoridades, “El Cora” coordinaba para el Cártel de Sinaloa la producción y trasiego de cristal, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos con un bajo perfil.

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El republicano Dan Crenshaw, quien presentó una iniciativa para avalar el uso de la fuerza del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos que llevan fentanilo, afirma al diario español El País que "nadie está diciendo que vamos a invadir México y mandar tanques". Agrega que "obviamente, vamos a respetar la soberanía de México".

Menciona que "el presidente López Obrador sabe que no vamos a invadir México. Él no es un tipo bobo, pero quería… no sé, no sé por qué me atacó. No sé si sea bueno para su partido o para su política.

"Él sabe que no estamos hablando de operaciones unilaterales en México. Y los demócratas saben eso también. Son unos mentirosos. Por eso quería hablar. Quiero que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, de una alianza, de cooperación".

Crenshaw, de 39 años, fue SEAL de la Marina estadounidense. Estuvo desplegado en Afganistán, donde resultó herido en combate y perdió el ojo derecho por un artefacto explosivo. Comenzó su carrera política como asistente del congresista Pete Sessions. En las elecciones de 2018, fue elegido para sustituir a Ted Poe, quien se jubiló. Hijo de un ingeniero petrolero, Crenshaw vivió en Ecuador y Colombia, donde aprendió a hablar español.

En la entrevista con El País menciona que "México tiene los carteles más peligrosos del mundo. Son ejércitos grandes. Tienen más dinero que el ISIS y Al-Qaeda. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito. No es como uno debe hablar con un aliado. México y Estados Unidos lo son. México y, especialmente, Texas son aliados muy cercanos. Tenemos una cultura y una historia cercana. Todos estamos en el mismo equipo".

Lucha contra cárteles, un asunto de seguridad nacional para México y EU

El republicano indica que en la lucha contra los cárteles "estamos hablando de un asunto de seguridad nacional para ambos países".

Agrega que "lo que ha cambiado mucho en los últimos años es que los cárteles no sólo están mandando marihuana, cocaína y heroína. Ahora están mandando veneno en las drogas, como el fentanilo (...)" y dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador "cree que no tiene un problema con el fentanilo. Todos sabemos que eso no es cierto y que hay mucho fentanilo en México, no sólo en las drogas ilegales, sino también en las farmacias. Hay fentanilo por todas partes".

Sobre el consumo, indica que "el problema es que muchos hablan del consumo, pero es solo una excusa para no hacer nada. Se enfocan en un problema que es imposible de solucionar, porque estás lidiando con la naturaleza humana. Que me digan cómo cambiar la naturaleza humana y estoy seguro que haremos mucho dinero. Pero no podemos cambiar eso. La gente quiere autodestruirse, se hace adicta, es un problema mucho mayor. Y no voy a permitir que esto se use como una excusa para no hacer nada contra quienes realmente crean el problema".

Crenshaw describe que "si vamos a ayudar a México va a ser con una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el Ejército mexicano si nos invitan. Ese es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda. No entiendo por qué AMLO reaccionó así contra mí, yo nunca dije que íbamos a invadir a México. Esas son tonterías".

Menciona que "no es suficiente enfocarse en las cabecillas, también hay que combatir a los intermediarios". En la lucha contra el crimen organizado, dice, "los narcos sí están en guerra contra México, pero nosotros no estamos en guerra contra ellos. Ese es el problema. No estoy diciendo que México no haga nada. Obviamente, hay operaciones. Me reuní con estos oficiales de la Sedena que están combatiendo a los carteles cada día, pero ellos necesitan más apoyo. Mientras tanto su líder, AMLO, está diciendo que no existe ese problema en México. ¿Cómo se sienten ellos, los mexicanos que sí están combatiendo a los carteles todos los días?".

Sobre la migración, en una entrevista con El País, niega que la instalación de las boyas en el río Bravo sea un acto inhumano. “Lo que es inhumano es cruzar a nuestro país sin documentos”. Añade que el muro fronterizo "no es la solución, es una solución en ciertas partes".

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La droga que se vende en las narcotienditas de la capital del país entra por tres accesos carreteros que llegan hasta el centro de la ciudad y siguen su curso hacia el norte del país por la autopista hacia Querétaro. 

Así lo explica un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Obtenido vía Guacamaya. 

El informe de la Situación de Seguridad Pública en la Ciudad de México también ubica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una de las escalas que usa la delincuencia organizada para enviar droga hacia otros países. 

Los trabajos de la milicia señalan que la primera ruta comienza por la carretera de Cuernavaca y pasa por el periférico para cruzar hasta el norte hacia la autopista México-Querétaro. 

En el mapa se observa que esta primera vía de transporte cruza las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Bienito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

El segundo trazo comienza desde el poniente de la ciudad por la carretera de Toluca para desembocar hacia el Periférico y pasar por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la salida que va hacia la zona del Bajío. 

La tercera ruta terrestre comienza por la entrada de Puebla y continúa por la Calzada Zaragoza hasta llegar al centro por el Viaducto y tener el mismo camino que las dos rutas anteriores hacia el norte del país. 

Para el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, es importante que se difunda esta información y que los militares tengan identificado las rutas terrestres por donde viaja la droga; sin embargo, se deben de tomar en cuenta las modalidades de trasiego y puntos clave como las terminales de autobuses. 

“En lo que se debería de avanzar no solo es en la identificación de la ruta sino en la modalidad del transporte. Hay desde convoys, transporte hormiga, hay terminales donde llegan los paquetes de droga. 

Los principales centros de llegada de droga son las terminales de autobuses: Tapo, Observatorio, Tasqueña y la del Norte”, explicó.

El informe de la Sedena también ubica las tres zonas de mayor atención donde las bandas del narcotráfico operan y cometen diversos delitos como las extorsiones telefónicas, secuestros y homicidios dolosos. 

La primera área se ubica en la alcaldía Iztapalapa, justo en la frontera con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde “los integrantes de la organización delictiva ‘La Familia’ realizan actividades de secuestro, extorsión, homicidios, etc”. 

La alcaldía Cuauhtémoc se ha posicionado históricamente como el principal punto de droga en pequeñas cantidades de la Ciudad de México y el informe del Ejército señala que los grupos delictivos que operan en esta área “realizan actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios”.

En la alcaldía Gustavo A. Madero también se registra una fuerte presencia de grupos delictivos, principalmente de las colonias San Felipe de Jesús, Providencia, Casas Alamán, 25 de Julio, Campestre y La Esmeralda; principalmente porque en estas zonas los grupos que operan en municipios colindantes con el Estado de México cruzan la frontera hacia la capital del país.

“En la alcaldía Gustavo A. Madero, con influencia de las actividades delictivas que se registran en los municipios Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, donde operan remanentes del Cártel de Sinaloa y la organización independiente encabezada por (a) “Chepe” y (a) “500” y propiamente con La Familia”, señala el informe de inteligencia. 

El informe señala que ente ese tipo de situaciones, los militares desplegaron a 2 mil 480 elementos de la Guardia Nacional, los cuales lograron la detención de 18 mil 812 personas en la capital del país durante los primeros cinco meses de 2022, así como el decomiso de 4 mil 251 armas cortas y mil 318 armas largas.

A pesar de los logros obtenidos, los trabajos de inteligencia de la Sedena en la CdMx muestran un panorama en el que las organizaciones criminales intensificarán sus actividades de extorsión y narcomenudeo tras la pandemia y que los cárteles de Tláhuac, Los Rodolfos, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión, “continuarán manteniendo el control en sus respectivas áreas de influencia”.

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En febrero de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado, lo mismo que 18 alcaldes, siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relaciones con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica, revelan reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas contenidos entre la información de la Sedena extraída por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia de la Marina fechado el 27 de febrero de 2019 refiere: “Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos, debido al interés que demuestran por la seguridad de este”.

Mientras, en el informe de la Sedena se advierte que, mientras era presidente municipal de Cuernavaca, previo a la gubernatura, presuntamente aceptó un acuerdo con el grupo Comando Tlahuica para que administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. Esto, según lo había confirmado el nuevo alcalde, Antonio Villalobos Adán, en cuya administración continuaría dicho acuerdo, pero el edil se negó a hacerlo.

El reporte de la Marina advirtió que José Manuel Sáenz, jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, tenía presuntos vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, igual que el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; el fiscal general del estado, Uriel Carmona, y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo.

Esto se suma a otro elemento revelado en enero pasado por el diario El Sol de México, con la publicación de una fotografía que apuntaba hacia ese posible nexo de Blanco con el crimen organizado. En la imagen presuntamente aparecen el gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, ‘el Profe’ o ‘el Gato’, líder de Guerreros Unidos y posterior jefe de plaza del CJNG, detenido por el Ejército en febrero de 2021; Homero Figueroa Meza, ‘la Tripa’, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘el Ray’, líder regional del CJNG en Morelos.

La publicación refiere que esa fotografía estaba en el celular decomisado a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, ‘la Jefa’, presunta cabecilla de Guerreros Unidos. Se señala que fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.

Diputados, jueces, alcaldes

El informe de la Sedena refiere que existía una carpeta de investigación en contra de 12 presidentes municipales de la administración que había concluido en 2018, así como sobre quienes gobernarían de 2019 a 2022: “Fueron cooptados por Santiago Mazari, alias el Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos. Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”.

Mientras, el informe de la Marina señala que 18 de los 36 municipios del estado estaban gobernados por alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado, provenientes de todos los partidos en diferentes coaliciones: PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

Con el grupo de Los Rojos y el CJNG estarían Alberto Sánchez y Rafael Reyes; de Yautepec, Agustín Alonso; Cuautla, Jesús Corona; Yecapixtla, Francisco Sánchez; Temoac, Valentín Romero, y Tepoztlán, Rogelio Torres.

En tanto, estarían con Los Rojos los alcaldes de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez; Puente de Ixtla, Mario Ocampo; Tlaquiltenango, Jorge Maldonado; Jojutla, Juan Flores; Amacuzac, Alfonso Miranda; Mazatepec, Maximina Pérez; Coatlán del Río, Celso Nieto; Tetecala, Luz Quevedo; Xoxocotla, Leonel Zeferino, y Coatetelco, Norberto Zamorano.

También se señaló al entonces presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo, presuntamente vinculado con Los Rojos y/o Gente Nueva, y al senador Ángel García.

Entre integrantes del Congreso local, el reporte de la Marina señalaba a Tania Valentina Rodríguez por presuntos vínculos con Los Rojos, igual que a la diputada Rosa Mazari, mientras que el juez oral Javier Romero era señalado de tener vínculos con el CJNG, igual que los jueces Rubén Jasso y Ramón Villanueva.

De acuerdo con el reporte de inteligencia de la Sedena, existían tres carpetas de investigación, toda vez que “en el Poder Judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”. 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambió de opinión de regresar a los militares a sus cuarteles -como lo había expresado en campaña presidencial- al ver el estado de indefensión que estaban los mexicanos y porque había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva .

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no había ninguna una institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

“¿Qué encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?”, se le preguntó.

“Ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente, el pueblo mexicano estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”, dijo.

“¿A qué cárteles se protegía?", se le preguntó.

“Por ejemplo me tocó en campaña ver a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ah”, por lo que pidió que se proyectara un video del operativo en el que participó la Marina para abatir al Juan Francisco Patrón, alias “H2” y en donde murieron 15 personas.

“¿Tuvo algún momento de quiebre, que momento le marco para decir tiene que seguir el Ejercito en labores de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No, no no, dije tiene que seguir el Ejercito, (sino) nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”

“Imagínense para todo el país 20 mil y echado a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles ahh y al mismo tiempo 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con, profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa Nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedió siempre en la historia somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriendo , lo que se necesita es la seguridad de nuestro pueblo”, contestó.

“¿No había una institucional civil que pudiera?”

“No, al contrario”, respondió.

Esta tarde fueron capturados por fuerzas estatales y federales, 164 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos, cuando presuntamente pretendían apoderarse de los municipios de Uruapan y Parangarícutiro.

Los reportes señalan que el grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica a Salvador Escalante con Uruapan.

El convoy fue interceptado por personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Guardia Civil.

Ello, luego de que las autoridades liberaran las vías de comunicación que los civiles armados tenían bloqueados en distintos puntos de la entidad.

Los primeros informes, indican que en el operativo, fueron capturados 164 sujetos, a los que les aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas.

También les incautaron los 29 vehículos en los que se movilizaban, entre ellos, uno con blindaje.

Los detenidos ya son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Morelia, acusados de diferentes delitos federales.

Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos la Autopista Siglo 21.

Además, la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del Puente de Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la altura de la comunidad de Caltzontzin.

PU inició como un grupo de civiles que, decían, se formó para proteger al sector productivo aguacatero y a pobladores de Ario de Rosales, Taretan y Nuevo Urecho.

Después, se convirtió en un grupo armados que irrumpió en municipios como Salvador Escalante, Pátzcuaro y Ziracuaretiro, aunque intentó extenderse a otros más.

En Pátzcuaro, son señalados por los pobladores, de ser los responsables de las extorsiones, del cobro de piso y de asediar a la ciudadanía.

Lo mismo ocurrió en Salvador Escalante, Taretan y Ziracuaretiro, donde han sido acusados por los habitantes.

También les incautaron los 29 vehículos en los que se movilizaban, entre ellos, uno con blindaje.

Los detenidos ya son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Morelia, acusados de diferentes delitos federales.

Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos la Autopista Siglo 21.

Además, la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del Puente de Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la altura de la comunidad de Caltzontzin.

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