Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que un grupo armado ingresó de forma violenta al penal de Tula para rescatar a nueve internos, entre ellos el líder huachicolero José Artemio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”.

En la grabación de 14 segundos muestra cuando la camioneta gasera, misma que fue modificada con una placa de metal al frente, ingresa al recinto derribando un portón color blanco, mismo que queda en el toldo del vehículo.

Posteriormente, la camioneta continúa su camino de frente y sale de la toma.

Una vez dentro, los delincuentes amagaron a los custodios y procedieron a la liberación de los reos.

Como distracción fueron detonados dos autos bomba y también se colocaron objetos conocidos como poncha llantas para evitar la llegada de los cuerpos de seguridad.

Así fue como ingresó un grupo armado al penal de Tula para rescatar a nueve internos, entre ellos el líder huachicolero José Artemio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”

Video 📹: Especial pic.twitter.com/nm0fuIkWFi

— El Universal (@El_Universal_Mx) December 2, 2021

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La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió el jueves de la cárcel en la que permanecía recluida desde hace más de cuatro años luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena en su contra a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Es volver a la vida”, dijo Áñez emocionada al salir de la prisión de mujeres de Miraflores, en el centro de La Paz, sonriente y ondeando una bandera de Bolivia en medio de los festejos de un grupo de personas que le gritaban “Sí se pudo”.

“Yo di a mi patria todo lo que tenía que dar. Ha sido muy doloroso... me trataron como una verdadera delincuente”, agregó con la voz quebrada.

La ex mandataria fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de la Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada de una prisión de La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, después de la anulación de su sentencia, constatan periodistas de la #AFP pic.twitter.com/mm2dq60R2G

— Agence France-Presse (@AFPespanol) November 6, 2025

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, sostuvo el fallo cerrando así un debate sobre si hubo un golpe de Estado contra Morales, como sostienen sus partidarios.

“Se tuvo que ir el monstruo para que se reconozca que en este país no hubo un golpe y lo que hubo fue un fraude electoral... Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó”, expresó Áñez.

Además de anular la condena, el máximo tribunal ordenó que sea sometida a un juicio político por las muertes durante su gobierno. Ese proceso debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

La defensa de Áñez sostenía que no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso en la Asamblea Nacional por su condición de ex mandataria.

La determinación del máximo tribunal se produjo a tres días de la investidura del presidente electo Rodrigo Paz tras su triunfo en el histórico balotaje del 19 de octubre que puso fin a casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales.

La defensa y la familia de la ex presidenta celebraron la determinación judicial y su hija, Carolina Rivera, anticipó que Áñez podría asistir a la investidura de Paz, quien la invitó a la ceremonia.

Áñez fue acusada de varios delitos, pero no tiene causas pendientes en la justicia ordinaria. En agosto, dos tribunales declararon la nulidad de otros dos juicios en su contra por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesaban sobre la expresidenta.

Áñez fue aprehendida en marzo de 2021 cuando se encontraba en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia. Luego fue trasladada hacia la ciudad de La Paz, donde se determinó su detención preventiva.

Luego de las últimas elecciones presidenciales la justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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Al menos cinco reclusos murieron durante un motín que se extendió por varias horas en una cárcel del estado sureño de Tabasco, en la costa del Golfo de México, anunciaron el viernes autoridades estatales.

El incidente se presentó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio Cárdenas de Tabasco donde los presos realizaron un motín que se inició desde la noche del jueves y que culminó a mediados de la mañana del viernes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC Tabasco) indicó en un comunicado que tras el arribo de la policía estatal se logró restablecer el orden en la cárcel.

En el motín fallecieron cinco reclusos, informó a The Associated Press la Fiscalía General de Tabasco, que abrió una investigación sobre los hechos.

En las redes sociales se difundió un vídeo de supuestos reclusos de la cárcel de Cárdenas que levantando palos se quejaban de supuestos actos de extorsión que tienen lugar en el interior del penal.

Condiciones de hacinamiento fomentan la corrupción y violencia en las cárceles mexicanas

En México hay 319 cárceles, de las cuales 15 son centros penitenciarios federales, 251 prisiones estatales y 53 centros de atención a adolescentes. La población penal se estima en unas 226 mil personas, muchas de las cuales viven en graves condiciones de hacinamiento, en particular en entidades como el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango donde la sobrepoblación supera en más del 60 por ciento la capacidad de los penales.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva que mantiene en la cárcel a miles de reclusos sin sentencia, sumado al escaso personal de custodia —muchos de los cuales tienen malos salarios— ha favorecido la corrupción y la violencia en las cárceles, según estiman los analistas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2022 ocurrieron dos mil 612 incidentes en las cárceles mexicanas que dejaron 293 muertos, superando los registros del 2021 cuando se reportaron 110 muertes.

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