Un juez de control determino mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que seguirá su proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio Norte. 

Este martes, un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar impuesta a Lozoya Austin, luego de que el Tribunal Unitario revocó la prisión preventiva justificada impuesta en el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico. 

El tribunal ordenó reponer la audiencia, para que el juez motive y fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva en noviembre. 

El juez de Control reiteró los criterios expuestos entonces, entre los que destaca el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto. 

Otro de los rubros en que basó su decisión el juez es la red de ayuda que podría tener Emilio Lozoya para huir del país, al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar en la Ciudad de México. 

También argumentó que la cantidad de recursos económicos que tiene para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein. 

Otro argumento del juez fue la elevada pena que alcanzarían los tres delitos imputados al ex director de Pemex: asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, pues las penas máximas sumadas de esos ilícitos alcanzan los 35 años de prisión. 

En esta audiencia solo estuvo presente en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte, Emilio Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, parte ofendida, comparecieron, a través de videoconferencia. 

El juez Artemio Zúñiga explicó que esto se debía a que en dicho Centro de Justicia Penal Federal se han presentado varios contagios de covid-19, incluso reveló que se trata de un 30 por ciento del personal. 

El 3 de noviembre, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar del ex director de Pemex, e impuso la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht. 

En ese entonces, el juez basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse Emilio Lozoya; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho. 

Lozoya Austin denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión. 

Esta mañana, un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el cual buscaba echar atrás la resolución de una magistrada de circuito que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, para que enfrente su proceso en libertad por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados. 

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La defensa legal de Emilio Lozoya aseguró que ya fue presentado el amparo en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el eventual juicio por este caso.

Así lo confirmó a MILENIO Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, quien explicó que, como parte de esta demanda de amparo, también solicitaron una suspensión para que el juez Gerardo Alarcón no dicte la apertura a juicio oral en la audiencia intermedia que continuará este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte.

En caso de que un juez de amparo conceda esta suspensión, Emilio Lozoya evitaría ir a juicio por el caso Odebrecht hasta que se resuelva de fondo esta demanda en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF, lo que podría tardar meses e incluso años, considerando otros recursos que pudieran promover.

“Lo que buscamos con el amparo es que se defina a quién le tenemos que pagar la reparación del daño. Que las instituciones señalen sede y cuenta para depositar, queremos pagar ya la reparación del daño”, enfatizó el abogado de Lozoya a MILENIO.

Esta estrategia legal también es relevante porque, de conseguir que Pemex y UIF no cuenten con el carácter de víctimas, ya no podrían participar en el proceso, incluso en caso de darse un eventual juicio, ya no habría ofendidos en esta acusación lo que implicaría que ya no habría a quién pagar alguna reparación del daño que, en la acusación por escrito, asciende a más de 20 millones de pesos.

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte, ahora por el caso Odebrecht.

Se trata de la audiencia intermedia programada para las 10:00 de la mañana, en la que una vez más la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Será en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y estará dirigida por el juez Gerardo Alarcón López, quien desde diciembre asumió el caso en sustitución de la juez Verónica Gutiérrez Fuentes.

A solicitud de los abogados de Lozoya Austin, en noviembre del año pasado, se aplazó la diligencia de hoy, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había entregado cuatro discos con interrogatorios videograbados y dictámenes periciales consistentes en contabilidad y derecho extranjero.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ofrece a Pemex 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares.

"No se celebró la audiencia porque falta que la Fiscalía General de la República, entregue parte del descubrimiento probatorio y también nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la Fiscalía”, mencionó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

Se prevé que en la audiencia de este martes, la Fiscalía General de la República haga la imputación formal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Existe la posibilidad de que la audiencia se difiera, como ocurrió con la del caso Agronitrogenados en la que también está acusado Lozoya Austin.

Será hasta enero del próximo año cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, vuelva a comparecer ante un juez federal por los casos de corrupción Agronitrogenados y Odebrecht, por los que está preso en el Reclusorio Norte. De esta manera, el exfuncionario pasará una navidad y año nuevo más en prisión.

Las audiencias intermedias aplazadas a principios de este mes, se programaron para el 3 de enero, en el caso Agronitrogenados, y para el 17 de enero de 2023 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la referente a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, reportaron e fuentes judiciales.

A principios de noviembre, la jueza de Control del Reclusorio Norte, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó 10 días hábiles las audiencias de Lozoya Austin, con el fin de preparar su defensa en el caso Agronitrogenados, debido a que el exdirector de Pemex Fertinal, Edgar Torres Garrido, considerado su principal testigo a ofrecer en su defensa, falleció, y porque le faltaba analizar tres periciales.

En el caso Odebrecht, la jueza aplazó la audiencia intermedia porque está pendiente por entregar dos peritajes y tener acceso a los interrogatorios videograbados de los ejecutivos de la constructora brasileña.

El abogado Miguel Ontiveros Alonso, aseguró que van a continuar impulsando un acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal contra Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados, y, dijo, la misma postura han asumido en el caso Odebrecht, de cara a concretar un criterio de oportunidad.

Un tribunal federal otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. 

La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, no ordena la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en cualquier sentido. 

Este es el único caso que mantiene al ex funcionario en el penal del reclusorio Norte, en la Ciudad de México. 

Desde hace meses, Lozoya busca recuperar su libertad para continuar enfrentando el asunto donde se le presume responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. 

Rodríguez Escobar determinó que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien resolvió un recurso de apelación.

El 8 de abril del presente año, Porras Odriozola confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada el pasado 26 de enero por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. 

Ahora, la magistrada del Tercer Tribunal Unitario deberá contestar cada uno de los argumentos que la defensa realizó y que ella no respondió. 

También debe valorar lo expuesto por la defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían evadir la justicia. 

Los abogados refutaron el argumento al mencionar que dichos recursos fueron depositados hace siete años y no hay un elemento que acredite que ese dinero aún exista. 

Asimismo, debe responder a lo señalado por la defensa en el sentido de que el ex director de la paraestatal había comparecido en todo momento en el procedimiento penal; y tiene que justificar por qué el estado procesal se considera como una variación objetiva que justifica la modificación de la medida cautelar. 

Una vez subsanado lo anterior, deberá emitir un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción. 

En el recurso de apelación, la defensa de Lozoya Austin mencionó que fue incorrecta la aplicación del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del juez Artemio Zúñiga. 

Que el juez de control desatendió lo establecido en los artículos 161 y 167 del CNPP, al decretar el cambio de medida cautelar con base en las motivaciones que justificaron la imposición de medidas cautelares en la audiencia inicial, es decir, cuando a Emilio Lozoya se le permitió enfrentar el proceso en libertad y sólo se le obligó a no salir del país y a firmar periódicamente.

 La magistrada debe estudiar lo expuesto por el juez de control, quien destacó que la relación de Emilio Lozoya con su esposa Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, permitiría sustraerse de la justicia. 

Es de mencionar que la FGR agregó que Emilio Lozoya cuenta con capacidad económica para salir del país y permanecer oculto; que su padre Emilio Lozoya Thalmann, tiene contactos con personas de alto nivel porque formó parte del Gobierno Federal. 

Igualmente, que el ex funcionario tiene “poco pudor procesal”, porque cuando gozaba de libertad, fue exhibido cuando se encontraba acompañado de diversas personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. 

Finalmente, el Ministerio Público Federal detalló que la necesidad de cautela se justifica con el máximo de las penas que se le pueden imponer tras recibir una sentencia. 

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Tras la difusión de nuevas conversaciones telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero con el señor Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por intervención de comunicaciones.

Fuentes federales informaron que la intervención de comunicaciones es un delito federal, pues para ello se requiere de una orden judicial.

Esta investigación se suma a la que la FGR abrió por la publicación de audios de llamadas telefónicas de Gertz Manero con su mano derecha, el fiscal Juan Ramos López, en los que ambos hablaban sobre el caso de la familia política del titular de la FGR.

Este jueves comenzaron a circular audios del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En la primera grabación es el fiscal Gertz Manero quien se comunica con Lozoya Thalmann, donde hablan de un amparo tramitado.

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