Un juez de control determino mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que seguirá su proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio Norte. 

Este martes, un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar impuesta a Lozoya Austin, luego de que el Tribunal Unitario revocó la prisión preventiva justificada impuesta en el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico. 

El tribunal ordenó reponer la audiencia, para que el juez motive y fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva en noviembre. 

El juez de Control reiteró los criterios expuestos entonces, entre los que destaca el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto. 

Otro de los rubros en que basó su decisión el juez es la red de ayuda que podría tener Emilio Lozoya para huir del país, al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar en la Ciudad de México. 

También argumentó que la cantidad de recursos económicos que tiene para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein. 

Otro argumento del juez fue la elevada pena que alcanzarían los tres delitos imputados al ex director de Pemex: asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, pues las penas máximas sumadas de esos ilícitos alcanzan los 35 años de prisión. 

En esta audiencia solo estuvo presente en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte, Emilio Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, parte ofendida, comparecieron, a través de videoconferencia. 

El juez Artemio Zúñiga explicó que esto se debía a que en dicho Centro de Justicia Penal Federal se han presentado varios contagios de covid-19, incluso reveló que se trata de un 30 por ciento del personal. 

El 3 de noviembre, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar del ex director de Pemex, e impuso la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht. 

En ese entonces, el juez basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse Emilio Lozoya; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho. 

Lozoya Austin denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión. 

Esta mañana, un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el cual buscaba echar atrás la resolución de una magistrada de circuito que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, para que enfrente su proceso en libertad por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados. 

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México eligió a sus jueces por primera vez este junio mediante voto popular en unas controvertidas elecciones que siguen originando episodios sin precedentes casi medio año después. Este martes ha renunciado el primer juzgador federal de los 881 cargos que salieron de las urnas meses atrás. Se trata de Adrián Guadalupe Aguirre, juzgador en materia penal en Jalisco, que ha presentado su dimisión apenas dos meses después de haber tomado protesta del cargo. 

La petición de renuncia ha llegado a la Mesa Directiva del Senado, que ya la ha trasladado a la Comisión de Justicia para su resolución. El órgano deberá dictaminar si las causas de la renuncia son o no razonables. En caso de resolver contra la petición de dimisión, si el juez persiste en su intención, el abandono puede ser motivo de responsabilidad civil o administrativa, según explican fuentes de la Comisión.

Adrián Guadalupe Aguirre se desempeñaba desde el 1 de septiembre como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, la zona en la que se ubica la cárcel de alta seguridad de la que escapó el famoso narcotraficante y antiguo líder del Cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, clausurada parcialmente en 2020. El juez electo había sido propuesto por el Poder Ejecutivo federal y ganó los comicios con 36.084 votos, 6.000 votos más que la segunda en la carrera, Amalia Irandery Ortiz, quien pasaría a ocupar ahora el cargo, según está previsto en la reforma judicial. Ella fue propuesta por el Poder Legislativo.

Se desconocen las razones de la renuncia y Aguirre no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha borrado, además, cualquier rastro en sus redes sociales oficiales. En su ficha de candidato, el abogado argumentó que competía por un cargo porque quería “ser parte de los primeros jueces en la historia de México que imparten justicia al pueblo y NO a los privilegiados”. Entre sus propuestas, que incluían agilizar las resoluciones y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los juzgadores, planteaba contar con “puertas abiertas para el pueblo en general” en su oficina “para que no haya incertidumbre respecto a sus asuntos”.

Este es el primer juez federal en intentar abandonar el cargo de forma definitiva, el segundo si se tiene en cuenta una solicitud de licencia anterior que fue rechazada por el Senado. En ese caso se trató de Gabriela Pacheco Torres, directora general de Evaluación en Aduanas, que contendió por el puesto de jueza penal de distrito en Ciudad de México, igualmente a propuesta del Poder Ejecutivo. La candidata se hizo con el puesto por 37.414 votos, el doble que la siguiente candidata en la lista, y su solicitud de licencia llegó el día después de haber tomado posesión del cargo, según se lee en el documento. 

En su escrito alegó que necesitaba tiempo para resolver sus asuntos pendientes, que exigían “un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso” y pidió apartarse del cargo hasta el 2 de marzo de 2026, medio año después. La comisión resolvió entonces que las razones esgrimidas no constituían una causa justificada para concedérsela y la rechazó.

A estos casos se añade otro, especialmente inédito, a nivel estatal. De los 1.800 juzgadores que salieron elegidos el pasado 1 de junio, 49 correspondían al Poder Judicial de Durango. En este Estado del noroeste, sin embargo, las candidaturas seleccionadas por los comités de evaluación de los tres poderes fueron también 49, las mismas en los tres casos, por lo que se eliminó de facto cualquier posibilidad de competencia: los puestos estaban asignados de antemano y el margen de maniobra era muy pequeño en caso de que ocurriera un contratiempo, como de hecho pasó. El juez electo Héctor Zaragoza Solís renunció en agosto por motivos de salud y la ausencia de competidores imposibilitó que corriera el siguiente en la lista, como estipula la Constitución.

El Órgano de Administración Judicial debió entonces elegir un sustituto entre los secretarios judiciales, figuras técnicas que normalmente asisten a los jueces en sus labores. La reforma de la ley orgánica en la que se estipula el proceso de sustitución se aprobó escasos cuatro días antes de que se produjera ese escenario, en una solución ad hoc que vino a enmendar los errores previos. Como resultado, ningún candidato elegido por voto popular ocupa hoy ese puesto.

Las renuncias que comienzan a despuntar, a escasos meses de haber ocupado el cargo, alimentan la desconfianza hacia una reforma judicial que ya nació con multitud de reticencias por parte de los expertos y que ha arrojado nuevos problemas en cada paso del proceso. El mal desempeño de los comités de evaluación que seleccionaron las candidaturas encendieron una primera voz de alarma. Los órganos establecieron requisitos demasiado bajos para los contendientes y ni siquiera revisaron con cuidado que los postulantes los cumplieran. Muchos candidatos con pasados o experiencias cuestionables pasaron entonces el filtro y fueron las organizaciones civiles quienes los señalaron para evitar sus triunfos. En muchos casos lo lograron, pero en otros, no.

Tras la fase de preselección, la de los comicios no despertó más confianza. La mayoría de los postulantes que se hicieron con el cargo aparecían en los denominados acordeones, plantillas rellenas y distribuidas por los partidos en el poder, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, para orientar o inducir el voto de la ciudadanía, que no tuvo tiempo para analizar de forma independiente el aluvión de candidaturas. El caso fue especialmente notorio en órganos tan importantes como la Suprema Corte, que quedó en manos de una mayoría afín al morenismo.

Ahora se abre la fase final, la de la impartición de justicia, que a escasos dos meses desde que se conformaron los nuevos tribunales ya ha dejado un reguero de episodios cuestionables. El intenso escrutinio al que son sometidos los nuevos jueces ha inundado las redes sociales de fragmentos de vídeos en los que algún juzgador queda en evidencia por su desconocimiento técnico a la hora de resolver una cuestión o llevar una sesión. Obtener el cargo fue, en muchos casos, la parte fácil de la tarea. Queda la más difícil y no está claro que todos vayan a aguantar la presión.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial está podrido, después de que un juez federal determinó que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, continúe el proceso penal que enfrenta por el caso Odebrecht desde casa, con un brazalete.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario lamentó que los jueces "dejan libres a todos", tras ser cuestionado sobre la resolución del juez Genaro Gerardo Alarcón López, mediante la cual Lozoya Austin salió del Reclusorio Norte.

"Va la Fiscalía a atender este asunto, como lo expuso Elizabeth, esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos. Delincuentes, presuntos, de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco, y presuntos delincuentes del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros.

"Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el ex director de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostiene que no hay ningún riesgo de que se escape, de que se fugue", agregó.

"La Fiscalía seguramente va a apelar, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial, y la verdad el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones de jueces, magistrados, pero son excepción, no es la regla", expuso.

Además, el presidente López Obrador afirmó que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía y en contra de su gobierno.

"El poder judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta. Son empleados ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia.

"Pero ahora de manera descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, proteger a los traficantes de influencias, corruptos, pseudo ambientalistas" resaltó.

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Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ha obtenido libertad condicional en el caso Agronitrogenados. Un juez de amparo dictaminó que no existe riesgo de que Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia, lo que le permite llevar su proceso en libertad.

Juan Pedro Contreras Navarro, el juez de amparo en la Ciudad de México, impuso diversas medidas cautelares, como la colocación de un brazalete electrónico, el retiro de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro de procesados cada 15 días.

Se espera que Lozoya Austin salga del Reclusorio Norte este martes, donde estuvo detenido por más de dos años. La Fiscalía General de la República ha criticado las decisiones de los jueces y magistrados federales, alegando que otorgan a Lozoya privilegios procesales injustos y desproporcionados.

La FGR ha acusado a los jueces de excluir pruebas obtenidas legalmente por la Fiscalía en Brasil y Suiza, violando tratados internacionales válidos suscritos por México. También señalan que se excluyó a Lozoya del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que ya había sido realizado por otra persona, lo cual consideran una decisión injusta.

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En el marco del caso Odebrecht, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La medida no implica su liberación, pero dispone que su libertad personal esté bajo jurisdicción del juzgado de amparo y del juez de control a cargo del caso, mientras se resuelve el juicio de amparo.

La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Primer Distrito de Amparo en Materia Penal, tomó la decisión de conceder la suspensión definitiva. Emilio Lozoya busca revocar la resolución de diciembre pasado, cuando se denegó su solicitud de modificar la medida cautelar de prisión preventiva.

En la audiencia de diciembre, Lozoya alegó presiones en las declaraciones en su contra y señaló que llevaba más de dos años en prisión sin recibir sentencia. A pesar de sus argumentos, el juez de control José Rivas González decidió mantener la prisión preventiva, argumentando que el ex funcionario no cumplía aún dos años debido a interrupciones en el proceso.

La ausencia del juez de enjuiciamiento, Gustavo Aquiles Villaseñor, generó recesos y malestar en la defensa de Lozoya, que desconocía su ausencia durante la audiencia.

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El cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad fue negado por el juez José Rivas Gonzáles, por lo que continuará su proceso desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada después de una audiencia de casi 12 horas, ante esto el impartidor de justicia rechazó los argumentos presentados por la defensa.

La suspensión definitiva impidió que se diera continuidad a su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Dicha petición fue negada a Lozoya para efecto de que su libertad personal esté en manos del tribunal y no pueda ser cambiado de prisión. El juzgador indicó que mientras esté vigente la suspensión no podrá pronunciarse.

Durante la audiencia para un cambio de medida cautelar, en el Reclusorio Norte, el es funcionario federal aseguró que “me tienen en prisión preventiva con pruebas prohibidas”, insistiendo incluso en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.

La audiencia, que se preveía que sería corta en un inicio, pero se alargó durante el día debido a que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor tomó vacaciones, y el juez asignado, José Rivas Gonzáles, mostró la necesidad de conocer el caso más a fondo antes de tomar cualquier decisión con respecto de la medida cautelar para Lozoya.

La exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, elevó el tono de la audiencia y ha derivo en señalamientos, llevó incluso a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal:

“No hable de mi madre como delincuente”, reprochó el ex director de Pemex.

Los abogados del ex funcionario mexicano han insistido en que no existe ningún riesgo de fuga, y que además desde que fue detenido en España, ha mostrado su disposición a colaborar, por ejemplo, llevando a que actualmente haya 3 órdenes de aprehensión pendientes que se han obtenido gracias a la colaboración del acusado.

Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, explicó que se está solicitando la libertad de su cliente con base en el principio constitucional de que ninguna persona debería estar detenida por más de dos años sin una sentencia.

“Nosotros hemos sostenido nuestras posturas, en las cuales creemos que tenemos razón en el sentido de que mantener al señor Emilio Lozoya Austin en prisión es ilegitimo, que procede la libertad, bajo las medidas cautelares que señale la autoridad y ahora regresamos a audiencia para continuar”, dijo a medios de comunicación.

Tras casi 12 horas de audiencia que incluyó tres recesos, el juez José Rivas González decidió mantener en prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, bajo el argumento de que Lozoya aún no cumple dos años en prisión porque se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que promovió. Su defensa tiene tres días para apelar la determinación.

Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.

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