El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las firmas válidas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 2 millones 845 mil 634 definitivas, lo que representa un 103.17 por ciento de las que exigía la ley.

Se adelantó que las más de 2.7 millones que se requería se rebasaron ayer y que el Consejo General preveía adelantar la convocatoria esta misma semana, sin embargo, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda señaló que “por certeza” decidieron esperar hasta que la Secretaría de Hacienda responda a la solicitud presupuestal de mil 758 millones de pesos, para cumplir con la dimensión de una elección federal. 

“Nos apegaremos al calendario aprobado por el Consejo, por principios de certeza no podemos llevar la convocatoria sin la respuesta de la Secretaría de Hacienda para determinar los recursos solicitados. Con esa respuesta se podrá lanzar la convocatoria sabiendo la dimensión. 

“Se esperará a la respuesta de la Secretaría conforme la sentencia del Tribunal Electoral, la fecha es el 31 de enero y tendremos que esperar. No hay una respuesta formal y por principio de certeza necesitamos saber con cuánto dinero vamos a contar”, indicó. 

Miranda reiteró, como se ha mencionado desde el año pasado, que con el presupuesto que cuentan podrían realizar la consulta solamente con alrededor de 60 mil casillas, “podremos estar implementando un ejercicio similar a la consulta popular del año pasado”. 

Otro cambio es que a pesar de que el Consejo General aprobó frenar el proceso de revisión de firmas una vez que se cumpliera el 3.5 por ciento de la lista nominal, es decir, con un adicional de alrededor de 500 mil firmas a las marcadas por la ley, ahora concluirán la revisión total de las más de 11 millones de firmas recibidas. 

“Nos parece importante que esa voluntad sea validada y al final del día tener la historia completa”. 

Sin embargo, se prevé que la revisión concluya hasta finales de febrero, por lo que este ajuste implicará un gasto adicional de 6.3 millones de pesos para extender el pago a las 430 personas que realizan este proceso y que tenían un contrato hasta el último día de enero. 

La siguiente etapa que iniciará este fin de semana y será seleccionar una muestra aleatoria de 850 firmas distribuidas en las 32 entidades federativas para hacer visitas domiciliarias y verificar que estas personas hayan dado su apoyo de manera libre. 

También, comenzarán las audiencias para que las personas y organizaciones que entregaron firmas puedan acudir a revisar aquellas rúbricas descartadas por inconsistencias. 

Este viernes se presentará el informe preliminar a Comisión y el próximo 26 de enero sesionará el Consejo General para conocer que la meta legal se cumplió antes de la fecha de 3 de febrero que establecía el calendario aprobado en noviembre. 

#EnEsteMomento el @INEMexico lleva a cabo una #ConferenciaDePrensa para informar sobre el estatus que guarda la revisión de las firmas para la #RevocaciónDeMandato. pic.twitter.com/erx0nlBWCI

— @INEMexico (@INEMexico) January 18, 2022

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusarlo de incitar a la desobediencia militar durante una manifestación propalestina en Nueva York, realizada al margen de la Asamblea General de la ONU.

A través de un mensaje en X, la dependencia señaló que Petro “se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia”, calificando sus declaraciones como “imprudentes e incendiarias”.

El mandatario colombiano participó en la protesta acompañado del músico británico Roger Waters. En videos difundidos por medios internacionales, se observa a Petro arengando a los asistentes y pidiendo a los soldados estadounidenses “no apuntar a la humanidad con sus rifles” y “desobedecer la orden de Trump”.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.

La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

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Este jueves, el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el marco de la sesión ordinaria. La reforma fue avalada con 22 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra.

Aunque se retoma una disposición federal publicada hace cuatro años, esta reforma no se aplicará a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a que su administración ya rebasó el umbral de tres años en funciones; en consecuencia, sus efectos comenzarán a operar para la próxima persona que encabece el Ejecutivo estatal.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Daylín García Rubalcaba, de Movimiento Ciudadano (MC), y Alejandrina Corral Quintero, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes plantearon que este mecanismo también pueda aplicarse a presidentes municipales, regidores y diputados.

De aprobarse estas ampliaciones, se abriría la puerta a una mayor fiscalización ciudadana y a la posibilidad de retirar del cargo a autoridades locales que no cumplan con las expectativas o responsabilidades de su mandato.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su disposición a ser evaluado a través de un proceso de revocación de mandato, a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolviera que no es procedente iniciar dicho proceso en su contra. En una carta dirigida al Consejo General del IEES, Rocha Moya manifestó respeto por la decisión, al tiempo que destacó la importancia de la participación democrática en la vida pública.

"El pueblo debe tener el derecho de evaluar a sus representantes"

El gobernador resaltó que la resolución del IEES, adoptada por unanimidad, fue producto de una interpretación legal que respeta el principio de no retroactividad establecido en la Constitución mexicana. Sin embargo, Rocha Moya expresó que su convicción democrática lo lleva a considerar fundamental que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar a sus gobernantes a través del voto.

“Uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo”, subrayó el mandatario en su misiva.

Un proceso que no procede por principios jurídicos

El IEES argumentó que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Este principio impide que la reforma de 2022 al artículo 150 de la Constitución local, que incorporó la figura de revocación de mandato para la gubernatura, sea aplicada retroactivamente a la actual administración de Rocha Moya.

Un gesto democrático

Aunque el proceso no será llevado a cabo, Rocha Moya lamentó que esta herramienta no existiera en administraciones previas. En su carta, solicitó al Consejo Electoral considerar su “expresión de conformidad” para la viabilidad de un eventual proceso, afirmando que su gobierno “hubiera deseado ser calificado mediante el voto popular”.

Con este posicionamiento, el gobernador sinaloense refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en el estado, aunque la resolución legal del IEES cierre la puerta al proceso de revocación en esta ocasión.

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En su gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pensó en la posibilidad de modificar la Constitución para ampliar su periodo en el gobierno y poder cumplir con todos sus compromisos de campaña.

Desde Tlapa, el titular del Ejecutivo atajó esa posibilidad al señalar que de hacerlo habría traicionado sus ideales.

"Yo voy a estar hasta finales de septiembre de 2024, faltan 23 meses y tengo el propósito de cumplir todos los compromisos ahora sí que lo que tenemos como reto, como desafío es vencer el tiempo… podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero eso sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, sería traicionarnos", puntualizó López Obrador.

El presidente debe concluir su periodo en el cargo el 30 de septiembre de 2023, debido a que el tiempo que transcurre entre el día de la elección y la toma de protesta del siguiente presidente se acortó en una reforma electoral de 2013.

López Obrador ha insistido con frecuencia que comulga con la doctrina de Francisco I.Madero de que las elecciones deben ser efectivas y que debe contar cada voto emitido.

Este viernes el titular del Ejecutivo supervisó la construcción de caminos rurales en Guerrero.

En total en la entidad se construirán 71 caminos en comunidades apartadas de la sierra de Guerrero, para sumar un total de 232 kilómetros.

A la fecha se han construido 115 kilómetros, con un avance del 50 por ciento y se han invertido 760 mil 084 millones de pesos planteados para ese programa.

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En sesión solemne, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la invalidez del ejercicio de revocación de mandato del pasado 10 de abril, toda vez que no se alcanzó 40% de la participación ciudadana que establece la ley.

El dictamen, donde se da por concluido el proceso de revocación, determina que no es procedente emitir la declaratoria de validez por no haberse alcanzado el requisito de participación ciudadana exigido por la Constitución, por lo que el ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos.

La primera consulta de revocación de mandato a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de abril sólo contó con 17.7% de participación, lejos de 40% necesario para ser vinculante.

En la sesión previa, donde se desecharon las impugnaciones del presidente López Obrador y de los partidos de oposición, la magistrada Janine Otálora advirtió sobre el cúmulo de irregularidades que se presentaron durante el proceso.

“El hecho de que los más altos funcionarios y detentores de gubernaturas reten a las instituciones encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio… Tampoco puede dejarse de lado el riesgo democrático al desincentivar la participación ciudadana con la amenaza de que el proceso pueda anularse”.

Según el dictamen presentado en la sesión de la información constatada, la participación de la ciudadanía en la jornada de revocación de mandato fue de 16 millones 502 mil 636 electores, lo que representa 17.77% de la Lista Nominal de Electores.

De esta participación, un millón 63 mil 209 de los votos emitidos eligieron la opción para que al Titular del Ejecutivo federal se le revoque el mandato por pérdida de confianza, es decir, 6.44% de la votación emitida.

Unos 15 millones 159 mil 323 votos eligieron la opción “que siga en la Presidencia de la República”, lo que equivale a 91.86%, y los 280 mil 104 votos restantes corresponden a votos nulos, lo que representa 1.70%.

“Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no ha lugar a emitir la declaratoria de validez”.

En la sesión estuvieron presentes los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y presidentes de partidos como Mario Delgado, de Morena.

Hito histórico

El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la revocación de mandato fue un hito en la vida política de México y como cualquier otro ejercicio inicial desplegó una serie de retos y lecciones para nuestra joven democracia.

“El proceso de revocación de mandato visibilizó que aún es necesaria la construcción de procesos más sólidos de democracia directa para hacerlos propios y percibir su utilidad social”, dijo.

Añadió que la Sala Superior instruyó al INE y a la Sala Regional Especializada, en el juicio de inconformidad correspondiente, para que investiguen y sancionen posibles actos irregularidades de servidores públicos que se denunciaron en este proceso.

Advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República sobre conductas posiblemente ilícitas que quizá deba investigar.

El magistrado Rodríguez Mondragón expuso que si bien este proceso presentó desafíos inéditos también puso de manifiesto la capacidad de que gozan las instituciones electorales del Estado mexicano, al organizar procesos de participación ciudadana bajo estándares democráticos y resolver las controversias de forma pacífica en un Estado de derecho.

El INE, dijo, demostró su compromiso con nuestra democracia al llevar a cabo una labor encomiable, para lo cual contó con el respaldo de la ciudadanía, y así lo dejan ver la instalación de 57 mil 448 casillas, la participación de 11 mil 807 ciudadanos que vigilaron la jornada, así como la acreditación de 98 misiones de observación electoral extranjeras.