¿Qué tienen en común una mujer que está postrada en Yucatán, un representante ejidal en Tamaulipas, una indígena de Durango que dio luz en la carretera y unos pueblerinos de Coahuila? Que en sus comunidades, los servicios de salud son precarios o inexistentes.
En el municipio yucateco de Seyé, por ejemplo, la señora Edith Alvarado lleva 21 años postrada en una cama a causa de los golpes que le propinó su ex esposo. Es diabética, tiene problemas del habla y una de sus hijas, la de 22 años, padece problemas auditivos y de movilidad. Guadalupe, otra de sus hijas, es quien las cuida. “Aquí no hay servicios de emergencia, puras consultas en farmacias”, lamentó Guadalupe. “El hospital más cercano nos queda como a media hora, pero tampoco funciona. Tenemos que ir hasta Mérida, a la clínica Juárez del IMSS. Y casi nunca nos lleva la ambulancia”.
Guadalupe cuenta que irse en transporte público es muy incómodo, pues doña Edith sólo se mueve en silla de ruedas. Lo hacen, sin embargo, porque el costo es de 60 pesos por persona, mientras un taxi les cobra entre 350 y 700 pesos. Otra alternativa podría ser la patrulla que mandó el ayuntamiento, pero los policías les han dicho varias veces que no es su obligación.
Guadalupe relata que hace seis meses, cuando nació prematuramente su hijo, acudió al Palacio Municipal a pedir ayuda. “Se me rompió la fuente y me fui caminando una seis calles hasta el Palacio. Llegué a donde está la patrulla, y me dijeron que no me podían llevar, que me esperara hasta las 8:00 horas”. Se fue en una motocicleta que consiguió su esposo.
Sonia es una joven indígena de El Mezquital, Durango, que tampoco alcanzó a terminar su labor de parto de sus gemelos. Sonia viajaba desde Teneraca, a unas ocho horas de camino a la capital del estado. Sus padres la trasladaban a Guajolota, donde se encuentra el hospital, pero en un tramo de la carretera nació el primer gemelo, un varón. Continuaron su camino hasta llegar al hospital. La niña no sobrevivió.
Cuando los indígenas de las comunidades de Santa María de Ocotán o Huazamota, las más pobladas, viajan a la capital de Durango a buscar atención médica no siempre llegan. Hace apenas unos días, una mujer de cien años, proveniente de El Mezquital, perdió la vida en uno de los albergues tradicionales, Tambitos. No alcanzó a recibir la atención médica.
La comunidad de Ciénega de la Purísima, a hora y media de Saltillo, sabe lo que significan las distancias. Para llegar o salir de ella, es necesario adentrarse en la sierra por caminos sinuosos de terracería, junto a voladeros de 30 metros, con subidas y bajadas cuya peligrosidad aumenta en tiempos de lluvias.
“Desde que llegué a vivir acá, hace 30 años, hemos tenido muchas urgencias y nosotros tenemos que ver cómo le hacemos para llegar a la clínica”, cuenta Antonia Fuentes, originaria del pueblo de Jamé. “Estamos muy olvidados de todo esos auxilios de emergencias. Aquí nos tomamos lo que tenemos, una paracetamol o un acetil. Siempre tenemos medicamentos o remedios caseros, por lo mismo”.
Según Antonia, en varias ocasiones se les ha prometido que se presentará un doctor al centro de salud. “Pero primero tendrían que remodelar las instalaciones porque están muy deterioradas”, dice y enseguida habla de otro problema para los habitantes: los gastos de gasolina, medicamento y, a veces, de médicos, ya que la mayoría no cuentan con seguridad social y tienen que buscar atención en consultorios particulares. “A mi yerno se le torció la cara hace más de un mes y desde entonces mi esposo lo lleva a rehabilitación. Cada vuelta nos sale como en 600 pesos”.
En Altamira, Tamaulipas, la situación no es muy diferente: las distancias hacia centro de salud y hospitales provoca que las familias de 32 ejidos y ocho comunidades del río Tamesí tengan una baja probabilidad de sobrevivir en el caso de enfermarse o de que sean víctimas de picadura o mordedura de un animal venenoso. “Hay gente que la ha sabido sacar provecho a la situación y cobra 40 pesos por llevarte en moto o en triciclos a las clínicas”, se queja Dimas Salazar, representante ejidal en Benito Juárez.
El problema se acentúa en las viviendas que se ubican en los márgenes del río, pues dependen mucho de la capacidad de sus motores en las lanchas para llegar rápidamente a recibir atención médica en Altamira.Si es un motor grande,tardan 25 minutos. En el peor de los casos, el recorrido es de una hora. Una vez que llegan al muelle por la laguna Champayan, deben pagar un taxi o caminar varias cuadras hasta el DIF para que sean trasladosa un hospital.
“Ha habido gente que se muere en el traslado por infartos o derrames”, cuenta Ricardo Demes, habitante de la comunidad Martin A. Martínez., “Yo tengo una nieta que le picó un animal, batallando la cargamos y como se pudo la llevamos al DIF. Por río es una hora con motor pequeño. También la neblina es una dificultad, hay quienes se han perdido”.
Para los 32 ejidos alejados de la zona urbana solo hay cuatro centros regionales de salud. Los habitantes tienen prohibido enfermarse los fines de semana, pues los doctores solo acuden de lunes a viernes.
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