El juez estadunidense Brian Cogan sentenció a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, La Reina, ex comandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre del 2021 se declaró culpable de delito de distribución internacional de cocaína. 

Cogan tomará como crédito los dos años que el ex funcionario cercano a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, lleva preso por lo que le restan ocho años de reclusión. 

En un momento de la audiencia, tanto los fiscales como la defensa, negaron que La Reina fuera testigo colaborador de la fiscalía. Sin embargo, el juez Cogan le extraño que el gobierno sugiriera una pena tan corta para un cargo de narcotráfico. 

"Soy un hombre que no huye de sus responsabilidades", dice Reyes Arzate 

En una carta que leyó frente al juez, Reyes Arzate se definió como "un hombre que no huye de sus responsabilidades" y recalcó que se vino a entregar pese a que otros le recomendaban que no lo hiciera. 

El ex comandante pidió disculpas a su familia y amigos, a lo que Cogan le respondió que debido a sus actividades "usted mismo los puso en riesgo". 

El fiscal Ryan Harris se quejó de la dificultad de poner policías locales en los países donde se hallan las empresas del narcotráfico "pues es muy fácil que acepten sobornos de los cárteles". 

Mark DeMarco, abogado de La Reina, pidió al juez que recomiende a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una cárcel en el sureste de Estados Unidos para que Reyes Arzate pase el resto de su condena ahí. 

La defensa del ex funcionario había dicho que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”. 

​Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano. 

La Reina debía ser puesto en libertad el 27 de enero de 2020 para ser deportado a México tras haber cumplido la sentencia de los cargos en Illinois, pero el 23 de enero de 2020, un gran jurado en Brooklyn emitió un dictamen acusándolo de conspiración para distribuir cocaína por el cual fue arrestado antes de su liberación. 

Desde que presentaron este nuevo dictamen, los fiscales de Brooklyn aceptaron que les importaba la figura de Iván Reyes Arzate para ser testigo en contra de su jefe, Genaro García Luna, procesado en la misma Corte y cuyo juicio está programado para iniciar en octubre de este año. 

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El republicano Dan Crenshaw, quien presentó una iniciativa para avalar el uso de la fuerza del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos que llevan fentanilo, afirma al diario español El País que "nadie está diciendo que vamos a invadir México y mandar tanques". Agrega que "obviamente, vamos a respetar la soberanía de México".

Menciona que "el presidente López Obrador sabe que no vamos a invadir México. Él no es un tipo bobo, pero quería… no sé, no sé por qué me atacó. No sé si sea bueno para su partido o para su política.

"Él sabe que no estamos hablando de operaciones unilaterales en México. Y los demócratas saben eso también. Son unos mentirosos. Por eso quería hablar. Quiero que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, de una alianza, de cooperación".

Crenshaw, de 39 años, fue SEAL de la Marina estadounidense. Estuvo desplegado en Afganistán, donde resultó herido en combate y perdió el ojo derecho por un artefacto explosivo. Comenzó su carrera política como asistente del congresista Pete Sessions. En las elecciones de 2018, fue elegido para sustituir a Ted Poe, quien se jubiló. Hijo de un ingeniero petrolero, Crenshaw vivió en Ecuador y Colombia, donde aprendió a hablar español.

En la entrevista con El País menciona que "México tiene los carteles más peligrosos del mundo. Son ejércitos grandes. Tienen más dinero que el ISIS y Al-Qaeda. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito. No es como uno debe hablar con un aliado. México y Estados Unidos lo son. México y, especialmente, Texas son aliados muy cercanos. Tenemos una cultura y una historia cercana. Todos estamos en el mismo equipo".

Lucha contra cárteles, un asunto de seguridad nacional para México y EU

El republicano indica que en la lucha contra los cárteles "estamos hablando de un asunto de seguridad nacional para ambos países".

Agrega que "lo que ha cambiado mucho en los últimos años es que los cárteles no sólo están mandando marihuana, cocaína y heroína. Ahora están mandando veneno en las drogas, como el fentanilo (...)" y dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador "cree que no tiene un problema con el fentanilo. Todos sabemos que eso no es cierto y que hay mucho fentanilo en México, no sólo en las drogas ilegales, sino también en las farmacias. Hay fentanilo por todas partes".

Sobre el consumo, indica que "el problema es que muchos hablan del consumo, pero es solo una excusa para no hacer nada. Se enfocan en un problema que es imposible de solucionar, porque estás lidiando con la naturaleza humana. Que me digan cómo cambiar la naturaleza humana y estoy seguro que haremos mucho dinero. Pero no podemos cambiar eso. La gente quiere autodestruirse, se hace adicta, es un problema mucho mayor. Y no voy a permitir que esto se use como una excusa para no hacer nada contra quienes realmente crean el problema".

Crenshaw describe que "si vamos a ayudar a México va a ser con una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el Ejército mexicano si nos invitan. Ese es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda. No entiendo por qué AMLO reaccionó así contra mí, yo nunca dije que íbamos a invadir a México. Esas son tonterías".

Menciona que "no es suficiente enfocarse en las cabecillas, también hay que combatir a los intermediarios". En la lucha contra el crimen organizado, dice, "los narcos sí están en guerra contra México, pero nosotros no estamos en guerra contra ellos. Ese es el problema. No estoy diciendo que México no haga nada. Obviamente, hay operaciones. Me reuní con estos oficiales de la Sedena que están combatiendo a los carteles cada día, pero ellos necesitan más apoyo. Mientras tanto su líder, AMLO, está diciendo que no existe ese problema en México. ¿Cómo se sienten ellos, los mexicanos que sí están combatiendo a los carteles todos los días?".

Sobre la migración, en una entrevista con El País, niega que la instalación de las boyas en el río Bravo sea un acto inhumano. “Lo que es inhumano es cruzar a nuestro país sin documentos”. Añade que el muro fronterizo "no es la solución, es una solución en ciertas partes".

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Una serie de anomalías encontradas desde Recaudación de Rentas Municipal hasta la Sindicatura Municipal, fue expuesta por un empleado de cajas que encontró movimientos irregulares en las cuentas de múltiples usuarios de Ensenada.

Conforme a la investigación, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso a el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.

En noviembre del 2021, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, señaló que la cartera vencida de Ensenada por concepto de predial ascendía a más de 500 millones de pesos, de los cuales, 133 estaban concentrados en 30 cuentas de la zona urbana y rutal de Ensenada.

En medio de la exposición de corrupción al interior del ayuntamiento, la sindicatura municipal anunció en julio la suspensión del entonces director de informática municipal, afirmando que no obedecía a una falta grave.

Aunque la posible red de complicidades inicia en Recaudación de Rentas, la Sindicatura Municipal no tocó a ningún funcionario de esa dependencia.

Se informó que el director de informática -suspendido- se amparó, aparentemente con buenos resultados, ante esto, la Sindicatura Municipal respondió que en relación al proceso de responsabilidad administrativa 13/2022 contra el director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, iniciado por esta Sindicatura Municipal, la titular de la dependencia Elizabeth Muños, indicó que la sentencia emitida dentro del juicio de amparo indirecto 457/2022 no ha quedado firme y esta puede ser revocada por una instancia superior.

Por ello, dice, la Sindicatura Municipal impugnará dicha determinación, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que esta quedará en las manos de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se resolverá en definitiva el asunto relativo a la suspensión temporal del servidor público.

Refirió que el servidor público, no regresará al cargo, hasta que se resuelva el recurso de revisión, lo cual puede tardar de 4 a 6 meses.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

La droga que se vende en las narcotienditas de la capital del país entra por tres accesos carreteros que llegan hasta el centro de la ciudad y siguen su curso hacia el norte del país por la autopista hacia Querétaro. 

Así lo explica un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Obtenido vía Guacamaya. 

El informe de la Situación de Seguridad Pública en la Ciudad de México también ubica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una de las escalas que usa la delincuencia organizada para enviar droga hacia otros países. 

Los trabajos de la milicia señalan que la primera ruta comienza por la carretera de Cuernavaca y pasa por el periférico para cruzar hasta el norte hacia la autopista México-Querétaro. 

En el mapa se observa que esta primera vía de transporte cruza las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Bienito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

El segundo trazo comienza desde el poniente de la ciudad por la carretera de Toluca para desembocar hacia el Periférico y pasar por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la salida que va hacia la zona del Bajío. 

La tercera ruta terrestre comienza por la entrada de Puebla y continúa por la Calzada Zaragoza hasta llegar al centro por el Viaducto y tener el mismo camino que las dos rutas anteriores hacia el norte del país. 

Para el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, es importante que se difunda esta información y que los militares tengan identificado las rutas terrestres por donde viaja la droga; sin embargo, se deben de tomar en cuenta las modalidades de trasiego y puntos clave como las terminales de autobuses. 

“En lo que se debería de avanzar no solo es en la identificación de la ruta sino en la modalidad del transporte. Hay desde convoys, transporte hormiga, hay terminales donde llegan los paquetes de droga. 

Los principales centros de llegada de droga son las terminales de autobuses: Tapo, Observatorio, Tasqueña y la del Norte”, explicó.

El informe de la Sedena también ubica las tres zonas de mayor atención donde las bandas del narcotráfico operan y cometen diversos delitos como las extorsiones telefónicas, secuestros y homicidios dolosos. 

La primera área se ubica en la alcaldía Iztapalapa, justo en la frontera con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde “los integrantes de la organización delictiva ‘La Familia’ realizan actividades de secuestro, extorsión, homicidios, etc”. 

La alcaldía Cuauhtémoc se ha posicionado históricamente como el principal punto de droga en pequeñas cantidades de la Ciudad de México y el informe del Ejército señala que los grupos delictivos que operan en esta área “realizan actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios”.

En la alcaldía Gustavo A. Madero también se registra una fuerte presencia de grupos delictivos, principalmente de las colonias San Felipe de Jesús, Providencia, Casas Alamán, 25 de Julio, Campestre y La Esmeralda; principalmente porque en estas zonas los grupos que operan en municipios colindantes con el Estado de México cruzan la frontera hacia la capital del país.

“En la alcaldía Gustavo A. Madero, con influencia de las actividades delictivas que se registran en los municipios Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, donde operan remanentes del Cártel de Sinaloa y la organización independiente encabezada por (a) “Chepe” y (a) “500” y propiamente con La Familia”, señala el informe de inteligencia. 

El informe señala que ente ese tipo de situaciones, los militares desplegaron a 2 mil 480 elementos de la Guardia Nacional, los cuales lograron la detención de 18 mil 812 personas en la capital del país durante los primeros cinco meses de 2022, así como el decomiso de 4 mil 251 armas cortas y mil 318 armas largas.

A pesar de los logros obtenidos, los trabajos de inteligencia de la Sedena en la CdMx muestran un panorama en el que las organizaciones criminales intensificarán sus actividades de extorsión y narcomenudeo tras la pandemia y que los cárteles de Tláhuac, Los Rodolfos, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión, “continuarán manteniendo el control en sus respectivas áreas de influencia”.

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En febrero de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado, lo mismo que 18 alcaldes, siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relaciones con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica, revelan reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas contenidos entre la información de la Sedena extraída por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia de la Marina fechado el 27 de febrero de 2019 refiere: “Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos, debido al interés que demuestran por la seguridad de este”.

Mientras, en el informe de la Sedena se advierte que, mientras era presidente municipal de Cuernavaca, previo a la gubernatura, presuntamente aceptó un acuerdo con el grupo Comando Tlahuica para que administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. Esto, según lo había confirmado el nuevo alcalde, Antonio Villalobos Adán, en cuya administración continuaría dicho acuerdo, pero el edil se negó a hacerlo.

El reporte de la Marina advirtió que José Manuel Sáenz, jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, tenía presuntos vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, igual que el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; el fiscal general del estado, Uriel Carmona, y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo.

Esto se suma a otro elemento revelado en enero pasado por el diario El Sol de México, con la publicación de una fotografía que apuntaba hacia ese posible nexo de Blanco con el crimen organizado. En la imagen presuntamente aparecen el gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, ‘el Profe’ o ‘el Gato’, líder de Guerreros Unidos y posterior jefe de plaza del CJNG, detenido por el Ejército en febrero de 2021; Homero Figueroa Meza, ‘la Tripa’, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘el Ray’, líder regional del CJNG en Morelos.

La publicación refiere que esa fotografía estaba en el celular decomisado a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, ‘la Jefa’, presunta cabecilla de Guerreros Unidos. Se señala que fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.

Diputados, jueces, alcaldes

El informe de la Sedena refiere que existía una carpeta de investigación en contra de 12 presidentes municipales de la administración que había concluido en 2018, así como sobre quienes gobernarían de 2019 a 2022: “Fueron cooptados por Santiago Mazari, alias el Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos. Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”.

Mientras, el informe de la Marina señala que 18 de los 36 municipios del estado estaban gobernados por alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado, provenientes de todos los partidos en diferentes coaliciones: PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

Con el grupo de Los Rojos y el CJNG estarían Alberto Sánchez y Rafael Reyes; de Yautepec, Agustín Alonso; Cuautla, Jesús Corona; Yecapixtla, Francisco Sánchez; Temoac, Valentín Romero, y Tepoztlán, Rogelio Torres.

En tanto, estarían con Los Rojos los alcaldes de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez; Puente de Ixtla, Mario Ocampo; Tlaquiltenango, Jorge Maldonado; Jojutla, Juan Flores; Amacuzac, Alfonso Miranda; Mazatepec, Maximina Pérez; Coatlán del Río, Celso Nieto; Tetecala, Luz Quevedo; Xoxocotla, Leonel Zeferino, y Coatetelco, Norberto Zamorano.

También se señaló al entonces presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo, presuntamente vinculado con Los Rojos y/o Gente Nueva, y al senador Ángel García.

Entre integrantes del Congreso local, el reporte de la Marina señalaba a Tania Valentina Rodríguez por presuntos vínculos con Los Rojos, igual que a la diputada Rosa Mazari, mientras que el juez oral Javier Romero era señalado de tener vínculos con el CJNG, igual que los jueces Rubén Jasso y Ramón Villanueva.

De acuerdo con el reporte de inteligencia de la Sedena, existían tres carpetas de investigación, toda vez que “en el Poder Judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”. 

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