El juez estadunidense Brian Cogan sentenció a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, La Reina, ex comandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre del 2021 se declaró culpable de delito de distribución internacional de cocaína. 

Cogan tomará como crédito los dos años que el ex funcionario cercano a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, lleva preso por lo que le restan ocho años de reclusión. 

En un momento de la audiencia, tanto los fiscales como la defensa, negaron que La Reina fuera testigo colaborador de la fiscalía. Sin embargo, el juez Cogan le extraño que el gobierno sugiriera una pena tan corta para un cargo de narcotráfico. 

"Soy un hombre que no huye de sus responsabilidades", dice Reyes Arzate 

En una carta que leyó frente al juez, Reyes Arzate se definió como "un hombre que no huye de sus responsabilidades" y recalcó que se vino a entregar pese a que otros le recomendaban que no lo hiciera. 

El ex comandante pidió disculpas a su familia y amigos, a lo que Cogan le respondió que debido a sus actividades "usted mismo los puso en riesgo". 

El fiscal Ryan Harris se quejó de la dificultad de poner policías locales en los países donde se hallan las empresas del narcotráfico "pues es muy fácil que acepten sobornos de los cárteles". 

Mark DeMarco, abogado de La Reina, pidió al juez que recomiende a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una cárcel en el sureste de Estados Unidos para que Reyes Arzate pase el resto de su condena ahí. 

La defensa del ex funcionario había dicho que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”. 

​Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano. 

La Reina debía ser puesto en libertad el 27 de enero de 2020 para ser deportado a México tras haber cumplido la sentencia de los cargos en Illinois, pero el 23 de enero de 2020, un gran jurado en Brooklyn emitió un dictamen acusándolo de conspiración para distribuir cocaína por el cual fue arrestado antes de su liberación. 

Desde que presentaron este nuevo dictamen, los fiscales de Brooklyn aceptaron que les importaba la figura de Iván Reyes Arzate para ser testigo en contra de su jefe, Genaro García Luna, procesado en la misma Corte y cuyo juicio está programado para iniciar en octubre de este año. 

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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Una funcionaria pública del municipio de Celaya está bajo investigación por autoridades locales tras difundirse un video en redes sociales donde presuntamente lanza amenazas contra un ciudadano, ofreciendo hacerlo desaparecer por una suma de dinero.

Según reportes de medios locales, la denuncia fue presentada luego de que en el material audiovisual se escuchara a la funcionaria decir que por 2 mil pesos podía desaparecer a la persona, lo cual detonó la apertura de una carpeta de investigación.

🫵🏼😵 "¡A mí me cuesta #2milPesos que te desaparezcan!": Funcionaria de Agua Potable y Alcantarillado en #Celaya #Guanajuato ⁉️ pic.twitter.com/OyKIDPrpdR

— Anonymous México 🇲🇽 (@AnonymousMex_) July 21, 2025

Ante estos hechos, instancias judiciales y corporaciones de seguridad comenzaron un proceso para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales por amenazas e intimidación.

Por protocolos de privacidad, la identidad tanto de la funcionaria como del afectado se mantiene reservada mientras avanzan las indagatorias.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California contra un funcionario, tras detectar irregularidades relacionadas con el programa “CESPT en tu colonia”. La denuncia se realizó después de una exhaustiva investigación interna que recopiló los elementos necesarios para proceder legalmente.

La CESPT reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que no tolerará actos de corrupción ni permitirá la impunidad. Además, recordó que cuenta con un Órgano Interno de Control encargado de supervisar el cumplimiento de las leyes, promover la rendición de cuentas y detectar posibles irregularidades.

La dependencia hizo un llamado a los ciudadanos afectados a confiar en que se atenderán sus denuncias y se garantizará el cumplimiento de los servicios contratados.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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