"Nos dijeron que nos iban a matar, a un compañero le cortaron cartucho en la cabeza", dijeron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 24 horas después del enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol. 

Sobre la marcha, avanzando en el sentido norte-sur de la avenida Benito Juárez, un representante de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón explicó a grandes rasgos, las razones por las que protagonizaron la confrontación con los elementos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado. 

"Nosotros sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es el coraje y no nos estamos quejando, pero sí es grave lo que le hicieron a nuestros compañeros", señaló el orador. 

"Los policías sabían que ya se había terminado de entregar los volantes y que nos íbamos a retirar", apuntó. 

Luego vino la denuncia, "a un compañero, al momento que nos estaban agrediendo, un policía le corto cartucho en la cabeza, diciendo que lo iban a matar". 

"Nosotros no le tenemos miedo a esos policías que deberían de estar cuidando al pueblo, no le tenemos miedo a esos policías que están ahí cuidando las casetas de altos funcionarios que se hacen ricas con el dinero del país", aseguraron. 

La jornada de ayer, a los pocos minutos de ocurrida la confrontación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez Gómez sostuvo que ningún elemento de los que participaron en el resguardo de la caseta portaba armas de fuego. 

En la mayoría de las imágenes que se han difundido sobre los hechos, policías del estado y Guardia Nacional aparecen con escudo de plástico, toletes y escopetines para disparar gases lacrimógenos. 

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse, según fuentes consultadas, como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales fungió como representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Ayer, en su cuenta de X, Hugo Aguilar difundió una fotografía de la cuarta reunión de trabajo de las y los próximos ministros en donde aparece Vidulfo Rosales sentado.

En una carta enviada a organizaciones sociales, Vidulfo Rosales informa que también dejó de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la cual participo por 24 años, y en donde, afirma, se retira de la primera línea de la lucha social con "la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos".

El abogado afirma que desde otras trincheras seguirá exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no sean tratados, indica, como personas de segunda.

"Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda".

"Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume. No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte".

El abogado asegura que fiel a sus principios continuará en el proyecto de vida en la etapa que vienen y "en el lugar que las circunstancias nos coloquen".

"Fiel a esos principios continuaremos el proyecto de vida en la etapa que viene, en el lugar que las circunstancias nos coloquen".

"No me queda más que agradecer tantas enseñanzas y decir que desde otra trinchera continuaremos en la lucha por la justicia y por los derechos humanos", finaliza la carta.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido por la Central de Radio, en el que se alertaba sobre una persona que había ingresado desnuda a un domicilio en la colonia Nueva Tijuana.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron abordados por la parte reportante, quien explicó que momentos antes, se encontraba en su casa con su hija y nieto cuando un hombre desconocido rompió la chapa de la puerta e ingresó completamente desnudo.

Los residentes gritaron y pidieron al intruso que se retirara, logrando que saliera del departamento. Sin embargo, el sujeto intentó ingresar al departamento contiguo, causando daños en la cerradura, y posteriormente bajó por las escaleras intentando esconderse.

Gracias a la denuncia, los oficiales localizaron y aseguraron al individuo, quien fue identificado como Rigoberto “N”, de 39 años. El sujeto, que se desempeña como sargento activo de la Guardia Nacional asignado a la aduana de Tijuana, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

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