La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este viernes que obtuvo dos vinculaciones a proceso en contra de Saúl Huerta, ex diputado federal; la primera por el delito de violación y la segunda por los delitos de abuso sexual y violación. 

De acuerdo con la primera investigación, en el año 2018, el imputado presuntamente agredió de forma sexual a la víctima quien tenía en ese entonces 17 años y le ofreció trabajo como chofer. 

Ante investigaciones de la @FiscaliaPuebla contra Benjamín Saúl N., la Institución obtuvo su vinculación a proceso como probable responsable en 2 casos distintos de agresiones sexuales en agravio de menores de edad; permanece en prisión preventiva.

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— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 19, 2022

En otro hecho, en el año 2019, el imputado habría violentado sexualmente a la segunda víctima de entonces 16 años de edad, a quien supuestamente apoyaría con una beca para estudiar. 

En dos audiencias diferentes, la Fiscalía poblana a través del agente del Ministerio Público, detalló lo desarrollado durante las investigaciones y obtuvo en ambos casos, auto de vinculación a proceso contra Benjamín Saúl Huerta quien permanece en prisión preventiva. 

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La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual a una persona menor de 14 años.

Tras analizar los argumentos, el Juez de Control determinó que existen indicios suficientes para acreditar la probable participación de Ramses Alejandro “N” en los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el incidente ocurrió la tarde del 13 de mayo de 2019, en un domicilio de la avenida Río Blanco, en la colonia González Ortega. En dicho lugar, el imputado presuntamente realizó actos ilícitos en contra de la integridad de la víctima menor de edad.

Ante la gravedad del delito y para garantizar el desarrollo del proceso, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual el Ministerio Público fortalecerá la carpeta de investigación.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Felipe de Ángel Jiménez. 

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron a principios de junio de 2023, aproximadamente a las 23:00 horas, en un domicilio del fraccionamiento Condesa Residencial, sección Almaraz. El sentenciado aprovechó que la víctima, una menor de 13 años, se encontraba descansando para agredirla sexualmente, utilizando amenazas para obligarla a guardar silencio.

Derivado de la denuncia, se recabaron pruebas fundamentales, tales como declaración ministerial de la menor, certificado médico legal, dictamen pericial en psicología; estos elementos permitieron sustentar el proceso penal hasta su conclusión.

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La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Poniente, obtuvo la vinculación a proceso de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los elementos de prueba recabados por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Los cuales, fueron considerados suficientes para establecer la probable participación de Jesús Efraín “N” en el hecho que se investiga.

De acuerdo con la indagatoria, el 28 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, el imputado se encontraba en un domicilio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Quintas del Rey, tercera etapa, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos a una menor de 14 años que se encontraba dormida, sin su consentimiento.

Al término de la audiencia, el Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará la investigación complementaria para robustecer las pruebas en su contra.

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Integrantes del Colectivo CESODI se congregaron frente a los juzgados familiares de Tijuana para denunciar la creciente violencia institucional, el abandono y la revictimización que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales, específicamente en el caso de la menor “Aranza” y su madre, Marlene Padilla.

La madre de la menor expresó su profunda preocupación y tristeza ante lo que calificó como un grave fallo del sistema judicial: “Desde que mi hija tenía tres años, hemos denunciado el abuso por parte del padre, pero la justicia no ha protegido a mi hija. Hoy, ella vive con miedo y en peligro, y la justicia parece favorecer al agresor”.  

Por su parte, Shamanta Yunuel Sesma Valdez, cofundadora de CESODI, señaló que el pasado 28 de julio, la familia fue revictimizada por funcionarios judiciales, en particular por el actuario Oscar Ledezma, quien mostró un trato prepotente y una actitud que, desde su perspectiva, refleja una falta de perspectiva de género y protección infantil en el proceso.

La madre de Aranza lamentó que, en medio de denuncias penales y familiares desde hace años, la justicia haya fallado en proteger a la víctima, permitiendo que el agresor siga en libertad. “No es justo que la justicia proteja al agresor y que mi hija siga viviendo con miedo, siendo víctima de violencia física y sexual, mientras que la justicia parece haberle dado la espalda”, afirmó.

CESODI también recordó que desde hace tiempo han solicitado la creación de salas especializadas para atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, pero hasta ahora no han recibido respuesta, evidenciando la falta de interés de las autoridades en proteger a la infancia.

Finalmente, anunciaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja ante las omisiones en las investigaciones y la falta de protección efectiva para “Aranza”. La denuncia busca no solo justicia para la menor, sino también llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las prácticas judiciales que garantice la protección infantil y los derechos de las víctimas.

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La Agencia Estatal de Investigación de Baja California ejecutó la captura en Tijuana de José María “N” el 3 de junio, tras una orden emitida por la Fiscalía de Michoacán por delitos de violación equiparada y abuso sexual contra una menor de 16 años.

La detención fue posible gracias a la colaboración entre autoridades de ambos estados. Por lo tanto, se iniciaron los trámites administrativos correspondientes para que agentes del Grupo de Aprehensiones del estado de Michoacán realicen la recepción y traslado del detenido, y lo pongan a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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