De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, el líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, podría ser condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, país al que fue deportado luego de ser detenido el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a Treviño Chávez de 11 cargos relacionados con el tráfico de drogas, armas y de lavado de dinero, por los que podría enfrentar cadena perpetua por cada uno de los cargos que le imputan.

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia agradeció al gobierno de México “por su ayuda” en la captura y deportación de Treviño Chávez, a quien consideró un narcotraficante que fue sicario, jefe de plaza y después líder del Cártel del Noreste, grupo criminal surgido de Los Zetas.

Indicó que este esfuerzo es parte de una operación de las Fuerzas de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés).

La OCDETF, subrayó el Departamento de Justicia, identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia.

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Un tribunal de Londres condenó a cadena perpetua al líder de un grupo de hombres juzgados por haber realizado mutilaciones, incluidas castraciones, filmadas y retransmitidas en un sitio internet de pago.

Marius Gustavson, de 46 años, fue procesado por una serie de delitos relacionados con "modificaciones corporales extremas" de 13 víctimas, entre ellas el propio acusado, así como por la sustracción y comercialización de determinadas partes del cuerpo de las víctimas, además de colgar vídeos de esos actos en internet.

Gustavson había creado un sitio web de pago, que contaba con 22 mil suscriptores, recaudando cerca de 300 mil libras, casi 375 mil dólares, entre 2017 y 2021.

Aunque las víctimas habían consentido aparentemente someterse a estas ablaciones, algunos de los hechos ocurridos fueron "casi una carnicería humana", afirmó el juez, Mark Lucraft, al dictar la pena de cadena perpetua, de la que el acusado deberá cumplir al menos 22 años de prisión.

Según la sentencia, Marius Gustavson fue el cerebro de esta empresa "a gran escala" y en una ocasión cocinó incluso "testículos humanos, que se pusieron en un plato para comerlos".

"Arquitecto de su propio cuerpo"

Gustavson, de origen noruego y residente en el norte de Londres, se cortó a sí mismo el pene y una pierna.

Tras la denuncia de una víctima ante la policía, además de Gustavson, otros seis hombres fueron detenidos en Londres, Escocia y Gales.

Todos ellos fueron procesados en el tribunal de Old Bailey, en Londres, por conspiración para cometer lesiones corporales graves.

Tras admitir los hechos, los seis hombres fueron condenados a penas de cuatro años y medio a 12 años de prisión.

Durante el juicio, el abogado de Marius Gustavson, Rashvinderjeet Panesar, afirmó que su cliente estaba impulsado por la necesidad de ser "el arquitecto de su propio cuerpo", tras el fracaso de su matrimonio en 2016.

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El republicano Dan Crenshaw, quien presentó una iniciativa para avalar el uso de la fuerza del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos que llevan fentanilo, afirma al diario español El País que "nadie está diciendo que vamos a invadir México y mandar tanques". Agrega que "obviamente, vamos a respetar la soberanía de México".

Menciona que "el presidente López Obrador sabe que no vamos a invadir México. Él no es un tipo bobo, pero quería… no sé, no sé por qué me atacó. No sé si sea bueno para su partido o para su política.

"Él sabe que no estamos hablando de operaciones unilaterales en México. Y los demócratas saben eso también. Son unos mentirosos. Por eso quería hablar. Quiero que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, de una alianza, de cooperación".

Crenshaw, de 39 años, fue SEAL de la Marina estadounidense. Estuvo desplegado en Afganistán, donde resultó herido en combate y perdió el ojo derecho por un artefacto explosivo. Comenzó su carrera política como asistente del congresista Pete Sessions. En las elecciones de 2018, fue elegido para sustituir a Ted Poe, quien se jubiló. Hijo de un ingeniero petrolero, Crenshaw vivió en Ecuador y Colombia, donde aprendió a hablar español.

En la entrevista con El País menciona que "México tiene los carteles más peligrosos del mundo. Son ejércitos grandes. Tienen más dinero que el ISIS y Al-Qaeda. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito. No es como uno debe hablar con un aliado. México y Estados Unidos lo son. México y, especialmente, Texas son aliados muy cercanos. Tenemos una cultura y una historia cercana. Todos estamos en el mismo equipo".

Lucha contra cárteles, un asunto de seguridad nacional para México y EU

El republicano indica que en la lucha contra los cárteles "estamos hablando de un asunto de seguridad nacional para ambos países".

Agrega que "lo que ha cambiado mucho en los últimos años es que los cárteles no sólo están mandando marihuana, cocaína y heroína. Ahora están mandando veneno en las drogas, como el fentanilo (...)" y dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador "cree que no tiene un problema con el fentanilo. Todos sabemos que eso no es cierto y que hay mucho fentanilo en México, no sólo en las drogas ilegales, sino también en las farmacias. Hay fentanilo por todas partes".

Sobre el consumo, indica que "el problema es que muchos hablan del consumo, pero es solo una excusa para no hacer nada. Se enfocan en un problema que es imposible de solucionar, porque estás lidiando con la naturaleza humana. Que me digan cómo cambiar la naturaleza humana y estoy seguro que haremos mucho dinero. Pero no podemos cambiar eso. La gente quiere autodestruirse, se hace adicta, es un problema mucho mayor. Y no voy a permitir que esto se use como una excusa para no hacer nada contra quienes realmente crean el problema".

Crenshaw describe que "si vamos a ayudar a México va a ser con una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el Ejército mexicano si nos invitan. Ese es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda. No entiendo por qué AMLO reaccionó así contra mí, yo nunca dije que íbamos a invadir a México. Esas son tonterías".

Menciona que "no es suficiente enfocarse en las cabecillas, también hay que combatir a los intermediarios". En la lucha contra el crimen organizado, dice, "los narcos sí están en guerra contra México, pero nosotros no estamos en guerra contra ellos. Ese es el problema. No estoy diciendo que México no haga nada. Obviamente, hay operaciones. Me reuní con estos oficiales de la Sedena que están combatiendo a los carteles cada día, pero ellos necesitan más apoyo. Mientras tanto su líder, AMLO, está diciendo que no existe ese problema en México. ¿Cómo se sienten ellos, los mexicanos que sí están combatiendo a los carteles todos los días?".

Sobre la migración, en una entrevista con El País, niega que la instalación de las boyas en el río Bravo sea un acto inhumano. “Lo que es inhumano es cruzar a nuestro país sin documentos”. Añade que el muro fronterizo "no es la solución, es una solución en ciertas partes".

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Nikolas Cruz, el joven autor de la matanza en 2018 en una escuela secundaria de Parkland, en el sur de Florida, fue condenado formalmente este miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Una vez sentenciado, Cruz será trasladado desde la cárcel del condado de Broward en la que se encuentra a un centro de procesamiento del sistema correccional de Florida y luego a una prisión de máxima seguridad, donde al comienzo previsiblemente estará separado del resto de presos en virtud de un programa de protección.

La magistrada estatal Elizabeth Scherer pronunció en un tribunal en Fort Lauderdale, al norte de Miami, un veredicto ya sabido, en vista de que el pasado mes el jurado no logró la unanimidad requerida por ley para recomendar la pena de muerte a Cruz, ahora de 24 años.

Tres de los doce miembros del jurado votaron en ese entonces en contra de ejecutar a Cruz, alegando que sufría problemas mentales, por lo que al joven se le perdonó la vida, un veredicto que suscitó la indignación de una gran mayoría de los familiares de las víctimas.

Cruz se declaró el pasado año culpable de todos los cargos que afrontaba tras asesinar con un fusil de asalto a 17 personas y herir a otras 17 el 14 de febrero de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas, de la que era alumno.

Esposado y vestido con uniforme naranja, el joven miraba hoy sin mostrar emoción alguna a la magistrada mientras ésta leía, por momentos con la voz entrecortada, las 34 sentencias consecutivas que imponía por cada una de las víctimas mortales y heridos, y que condenan a Cruz a pasar el resto de su vida en una cárcel estatal.

"Son una maravillosa fuerte comunidad", se tienen uno al otro, les dijo Scherer a los familiares de las víctimas presentes en la sala poco antes de leer las sentencias, y luego de señalarles que sus historias personales "no serán olvidadas".

La imposición de la sentencia se dio en el segundo día de audiencias en la que los familiares de las víctimas brindaron conmovidos e indignados testimonios, y donde por primera vez pudieron dirigirse directamente a Cruz, a quien le reprocharon con duros términos la devastación que ha producido en sus vidas el asesinato de sus seres queridos.

"Vas a sufrir y vas a pasar dolor, mucho dolor", le dijo a Cruz Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, una de las víctimas mortales en el tiroteo, y el último en brindar su testimonio este miércoles.

"Por lo que escuché, los asesinos de niños son muy mal vistos y odiados en prisión. Doy la bienvenida al día en que me digan que has sido torturado por tus atroces asesinatos a sangre fría, premeditados y calculados, porque no te mereces menos", le dijo por su parte Linda Beigel Schulman, la madre del asesinado maestro Scott Beigel.

Para muchos de los familiares, la conclusión del proceso judicial supone al mismo tiempo el cierre de una dolorosa etapa y la posibilidad de seguir adelante con sus vidas, bajo la promesa de nunca dedicar más tiempo al autor de la masacre, tal como señalaron algunos de ellos.

"Después de hoy, nadie hablará de este asesino, será olvidado", dijo en la corte Annika Dworet, la madre de la víctima de 17 años, Nicholas Dworet, y quien cerró su alocución leyendo los nombres de su hijo y los otros 16 asesinados.

En el primer día de audiencias, Max Schachter, padre de Alexander, descargó parte de su rabia contra el argumento de la defensa, según el cual la matanza tiene su origen en los daños cerebrales que sufrió Cruz a causa del consumo de drogas y alcohol por parte de su madre mientras estaba embarazada.

"Aquí no hay daño cerebral y es un insulto para la gente que realmente lo tiene", exclamó el progenitor, quien durante su testimonio hizo un pormenorizado recuento de todo el tratamiento médico y psicológico que recibió el joven a lo largo de su vida. "(El tiroteo) fue un acto de pura maldad", aseveró.

En algún momento, posiblemente en unos años, los funcionarios de la prisión finalmente considerarán que es seguro ponerlo junto al resto de la población carcelaria.

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La droga que se vende en las narcotienditas de la capital del país entra por tres accesos carreteros que llegan hasta el centro de la ciudad y siguen su curso hacia el norte del país por la autopista hacia Querétaro. 

Así lo explica un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Obtenido vía Guacamaya. 

El informe de la Situación de Seguridad Pública en la Ciudad de México también ubica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una de las escalas que usa la delincuencia organizada para enviar droga hacia otros países. 

Los trabajos de la milicia señalan que la primera ruta comienza por la carretera de Cuernavaca y pasa por el periférico para cruzar hasta el norte hacia la autopista México-Querétaro. 

En el mapa se observa que esta primera vía de transporte cruza las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Bienito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

El segundo trazo comienza desde el poniente de la ciudad por la carretera de Toluca para desembocar hacia el Periférico y pasar por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la salida que va hacia la zona del Bajío. 

La tercera ruta terrestre comienza por la entrada de Puebla y continúa por la Calzada Zaragoza hasta llegar al centro por el Viaducto y tener el mismo camino que las dos rutas anteriores hacia el norte del país. 

Para el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, es importante que se difunda esta información y que los militares tengan identificado las rutas terrestres por donde viaja la droga; sin embargo, se deben de tomar en cuenta las modalidades de trasiego y puntos clave como las terminales de autobuses. 

“En lo que se debería de avanzar no solo es en la identificación de la ruta sino en la modalidad del transporte. Hay desde convoys, transporte hormiga, hay terminales donde llegan los paquetes de droga. 

Los principales centros de llegada de droga son las terminales de autobuses: Tapo, Observatorio, Tasqueña y la del Norte”, explicó.

El informe de la Sedena también ubica las tres zonas de mayor atención donde las bandas del narcotráfico operan y cometen diversos delitos como las extorsiones telefónicas, secuestros y homicidios dolosos. 

La primera área se ubica en la alcaldía Iztapalapa, justo en la frontera con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde “los integrantes de la organización delictiva ‘La Familia’ realizan actividades de secuestro, extorsión, homicidios, etc”. 

La alcaldía Cuauhtémoc se ha posicionado históricamente como el principal punto de droga en pequeñas cantidades de la Ciudad de México y el informe del Ejército señala que los grupos delictivos que operan en esta área “realizan actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios”.

En la alcaldía Gustavo A. Madero también se registra una fuerte presencia de grupos delictivos, principalmente de las colonias San Felipe de Jesús, Providencia, Casas Alamán, 25 de Julio, Campestre y La Esmeralda; principalmente porque en estas zonas los grupos que operan en municipios colindantes con el Estado de México cruzan la frontera hacia la capital del país.

“En la alcaldía Gustavo A. Madero, con influencia de las actividades delictivas que se registran en los municipios Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, donde operan remanentes del Cártel de Sinaloa y la organización independiente encabezada por (a) “Chepe” y (a) “500” y propiamente con La Familia”, señala el informe de inteligencia. 

El informe señala que ente ese tipo de situaciones, los militares desplegaron a 2 mil 480 elementos de la Guardia Nacional, los cuales lograron la detención de 18 mil 812 personas en la capital del país durante los primeros cinco meses de 2022, así como el decomiso de 4 mil 251 armas cortas y mil 318 armas largas.

A pesar de los logros obtenidos, los trabajos de inteligencia de la Sedena en la CdMx muestran un panorama en el que las organizaciones criminales intensificarán sus actividades de extorsión y narcomenudeo tras la pandemia y que los cárteles de Tláhuac, Los Rodolfos, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión, “continuarán manteniendo el control en sus respectivas áreas de influencia”.

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En febrero de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado, lo mismo que 18 alcaldes, siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relaciones con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica, revelan reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas contenidos entre la información de la Sedena extraída por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia de la Marina fechado el 27 de febrero de 2019 refiere: “Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos, debido al interés que demuestran por la seguridad de este”.

Mientras, en el informe de la Sedena se advierte que, mientras era presidente municipal de Cuernavaca, previo a la gubernatura, presuntamente aceptó un acuerdo con el grupo Comando Tlahuica para que administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. Esto, según lo había confirmado el nuevo alcalde, Antonio Villalobos Adán, en cuya administración continuaría dicho acuerdo, pero el edil se negó a hacerlo.

El reporte de la Marina advirtió que José Manuel Sáenz, jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, tenía presuntos vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, igual que el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; el fiscal general del estado, Uriel Carmona, y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo.

Esto se suma a otro elemento revelado en enero pasado por el diario El Sol de México, con la publicación de una fotografía que apuntaba hacia ese posible nexo de Blanco con el crimen organizado. En la imagen presuntamente aparecen el gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, ‘el Profe’ o ‘el Gato’, líder de Guerreros Unidos y posterior jefe de plaza del CJNG, detenido por el Ejército en febrero de 2021; Homero Figueroa Meza, ‘la Tripa’, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘el Ray’, líder regional del CJNG en Morelos.

La publicación refiere que esa fotografía estaba en el celular decomisado a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, ‘la Jefa’, presunta cabecilla de Guerreros Unidos. Se señala que fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.

Diputados, jueces, alcaldes

El informe de la Sedena refiere que existía una carpeta de investigación en contra de 12 presidentes municipales de la administración que había concluido en 2018, así como sobre quienes gobernarían de 2019 a 2022: “Fueron cooptados por Santiago Mazari, alias el Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos. Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”.

Mientras, el informe de la Marina señala que 18 de los 36 municipios del estado estaban gobernados por alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado, provenientes de todos los partidos en diferentes coaliciones: PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

Con el grupo de Los Rojos y el CJNG estarían Alberto Sánchez y Rafael Reyes; de Yautepec, Agustín Alonso; Cuautla, Jesús Corona; Yecapixtla, Francisco Sánchez; Temoac, Valentín Romero, y Tepoztlán, Rogelio Torres.

En tanto, estarían con Los Rojos los alcaldes de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez; Puente de Ixtla, Mario Ocampo; Tlaquiltenango, Jorge Maldonado; Jojutla, Juan Flores; Amacuzac, Alfonso Miranda; Mazatepec, Maximina Pérez; Coatlán del Río, Celso Nieto; Tetecala, Luz Quevedo; Xoxocotla, Leonel Zeferino, y Coatetelco, Norberto Zamorano.

También se señaló al entonces presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo, presuntamente vinculado con Los Rojos y/o Gente Nueva, y al senador Ángel García.

Entre integrantes del Congreso local, el reporte de la Marina señalaba a Tania Valentina Rodríguez por presuntos vínculos con Los Rojos, igual que a la diputada Rosa Mazari, mientras que el juez oral Javier Romero era señalado de tener vínculos con el CJNG, igual que los jueces Rubén Jasso y Ramón Villanueva.

De acuerdo con el reporte de inteligencia de la Sedena, existían tres carpetas de investigación, toda vez que “en el Poder Judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”. 

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