Mediante fotografías y testimonios, la organización International Crisis Group (ICG) advierte que una nueva guerra interna se avecina en Michoacán, ya que el conflicto por el control de plazas criminales está meramente en “pausa”.

La investigación realizada sobre el terreno por el analista de ICCG, Falko Ernst, sobre las distintas facetas del conflicto en el estado, sostiene que lo único que mantiene la “relativa paz” en la entidad es la alianza de los grupos michoacanos (Cárteles Unidos) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y no una estrategia de seguridad gubernamental.

La guerra interna queda en suspenso

Sostiene que de la presencia de la amenaza externa depende del pacto entre los feudos rivales locales, porque “no se ve que haya nadie interesado en el regreso de un liderazgo centralizado” para Michoacán. 

“Por el momento, aunque solo sea de manera breve, esta guerra interna ha quedado en suspenso, y la amenaza externa que representa el Cartel Jalisco llevó a los grupos armados locales a aliarse para operar de manera conjunta”.

“Pero en mis conversaciones con los miembros de estos grupos se ve que todos tienen claro que el pacto surgió meramente por una necesidad ineludible, y ninguno abriga la menor esperanza de que la coalición sobreviva si la ofensiva del Cartel Jalisco desaparece”. 

¿Qué es la International Crisis Group?

International Crisis Group es una organización con sede en Bruselas especializada en la solución de conflicto.

El trabajo de Falko Ernst forma parte de una publicación dirigida a exponer los diversos frentes de batalla en América Latina, en donde las personas dispuestas a documentar la situación se arriesgan a una revancha violenta como demuestran los “ocho periodistas mexicanos, asesinados por presuntos grupos criminales y funcionarios corruptos, solo en los primeros tres meses de este año”.

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El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) acusó hoy a la inteligencia de Ucrania de impulsar y beneficiarse del narcotráfico de América Latina, especialmente desde México, a Europa, a través del puerto de Odesa, en el mar Negro.

"Según informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad de Ucrania facilitan deliberadamente el incremento del tráfico de drogas de América Latina a Europa", afirmó el departamento de prensa de la entidad, citada por la agencia RIA Nóvosti.

Ucrania, un "corredor seguro"

Sostuvo que "los principales grupos criminales latinoamericanos buscan ampliar la geografía de suministros de narcóticos, incluyendo el fentanilo, debido a la creciente campaña antidrogas en Estados Unidos".

"En ese contexto, Ucrania es vista como un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros debidos", señaló el servicio.

Además, los narcocárteles latinoamericanos "están interesados en acceder al mercado negro de armas ucraniano", según el SVR.

"Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal ruta de tránsito de drogas latinoamericanas a Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", añadió.

Según Rusia, "el interés de los ucranianos es evidente" ya que "el régimen corrupto de (el presidente de Ucrania) Volodímir Zelenski busca obtener ganancias adicionales, en particular en el contexto de la imposibilidad de los patrocinadores occidentales de satisfacer aun interminables demandas".

En particular, el servicio señaló que "Kiev incrementa la cooperación con los principales narcocárteles de México".

A principios de año, las fuerzas de seguridad ucranianas comunicaron haber desmantelado una red de narcotráfico internacional que trabajaba en el puerto de Odesa.

En 2018 la policía argentina incautó 400 kilos de cocaína en la embajada rusa de Buenos Aires. La droga debía ser enviada por valija diplomática con destino a Rusia. 

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Además de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuerzas federales abatieron a Hugo “H”, conocido como “El Tuli”, identificado como uno de los principales hombres de confianza del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que “El Tuli” fue quien coordinó la reacción violenta del grupo criminal tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco. Desde el municipio de El Grullo, el operador logístico y financiero del CJNG habría ordenado bloqueos, incendios y ataques contra autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, tras labores de inteligencia militar se logró ubicar a “El Tuli” en El Grullo, hasta donde se trasladó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la brigada de fusileros paracaidistas. Durante el despliegue se registró un enfrentamiento, luego de que el presunto criminal agrediera a los militares en un intento por escapar.

Al repeler la agresión, las fuerzas federales lo abatieron cuando intentaba huir a bordo de un vehículo. En la inspección posterior, las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, cartuchos y cargadores, además de 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares en efectivo.

El general Trevilla detalló que desde El Grullo, “El Tuli” coordinó los narcobloqueos en Jalisco, que incluyeron la quema de vehículos, camiones, una gasolinera y diversos negocios, así como ataques a instalaciones militares y gubernamentales. También reveló que ofreció 20 mil pesos por cada elemento del Ejército que fuera asesinado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras la caída de “El Mencho” se registraron 85 bloqueos en 11 estados del país. En Jalisco se concentró el mayor número, con 18 bloqueos, y en total se detuvo a 70 personas en siete entidades por ataques a las vías de comunicación.

“Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país”, señaló García Harfuch, quien reiteró que las fuerzas federales mantendrán el despliegue para garantizar la seguridad y restablecer el orden.

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El Gobierno de Jalisco informó que, tras los hechos violentos suscitados en el estado por la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se realizaron operativos de seguridad.

Mencionaron que, derivado de estas acciones, se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas del transporte público y se espera que en las próximas horas se reactivará al 100% el sistema de transporte público que se vio paralizado por la inseguridad.

Reportaron la detención de 25 personas, de las cuales 11 están relacionadas por su presunta participación en actos violentos y 14 por presuntos actos de saqueo o rapiña.

Asimismo, informaron de afectaciones a 18 Bancos del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

También se presentaron saqueos o daños a 69 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur, así como en las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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Autoridades locales del municipio de Uruapan, Michoacán, detuvieron a René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El arresto fue confirmado por el alcalde Carlos Manzo, quien informó que se decomisaron armas, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron durante la captura.

Tras el operativo, se registraron reportes de hombres armados intentando ingresar a la ciudad en represalia, lo que obligó a las autoridades a activar un código rojo y pedir a la población mantenerse resguardada en sus domicilios. “Si no tienen nada qué hacer en la calle, tomen sus precauciones y resguárdense hasta que existan las condiciones de seguridad”, advirtió Manzo en un mensaje difundido en redes sociales.

El alcalde solicitó apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército para reforzar la seguridad en la zona y evitar enfrentamientos. “Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan. No vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social”, subrayó.

Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán y una de las más disputadas por organizaciones criminales como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Blancos de Troya y Pueblos Unidos, que buscan controlar la producción de metanfetamina y extorsiones contra productores de aguacate, transportistas y comerciantes.

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