Las dos mujeres secuestradas por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco, fueron liberadas sanas y salvas esta tarde, reportó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Integrantes del CJNG, que controlan dicho puerto turístico, dejaron a la Subteniente Tania Quintanar Zarco y la sargento primero Ana Laura Olvera Arrellano en inmediaciones del Centro Comercial “Plaza Fluvial” de la ciudad jaliscience, señaló la dependencia.

La Sedena afirmó que las Fuerzas Armadas, en conjunto con autoridades locales, realizaron amplios operativos de búsqueda durante todo este día para la localización de los dos elementos que vacacionaban en Puerto Vallarta.

"Fueron secuestradas por el simple hecho de portar uniforme"

El general de Brigada Diplomado Estado Mayor Vicente Pérez López, Comandante de la 41 zona militar, señaló que “son secuestradas por el simple hecho de formar parte del ejército mexicano, fueron secuestradas por el simple hecho de portar uniforme, y eso consideramos que es un acto de cobardía, consideramos que es un acto que está totalmente fuera de la norma que nos rige como ciudadanos”, expuso el general de Brigada Diplomado Estado Mayor Vicente Pérez López, Comandante de la 41 zona militar.

Precisó que, por la forma en que se llevaron a las mujeres, de manera violenta, sometiendo a los vigilantes del lugar, es evidente que son miembros de la delincuencia organizada.

“Ante eso, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, la Guardia Nacional estamos trabajando para encontrar a estas mujeres militares, las debemos encontrar con vida”, aseguró

Agregó que tienen desplegadas fuerzas especiales y apoyo de helicóptero y están en espera de la llegada de más tropas tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, Nayarit. “No vamos a permitir este tipo de actos”, agregó

Precisó que las mujeres trabajaban en la Ciudad de México y sólo estaban en Puerto Vallarta de vacaciones.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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La Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, desmanteló una "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, en una operación con 20 arrestados en diferentes puntos del país.

Los detenidos, incluyendo mexicanos, españoles, colombianos y algunos de la camorra (la mafia napolitana), se dedicaban presuntamente a introducir en España grandes cantidades de droga -cocaína y metanfetaminas- procedente de Sudamérica que iba oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, informó este martes la Dirección General de la Policía Nacional española.

Bautizada como operación Oyamel, los agentes incautaron mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) constataron que la organización coordinaba los envíos de droga desde una finca ubicada en la provincia de Ávila, en el centro de España, con ramificaciones en Bilbao (norte) y Valencia (este).

En otras fincas en Talavera de la Reina, en la también céntrica provincia de Toledo, recepcionaban y enviaban la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto rumbo a Italia, donde tenían vínculos con la camorra napolitana.

Entre los 20 arrestados en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo -15 han ingresado en prisión- se encuentra un empresario español encargado de dar soporte logístico de esta oficina del cártel mexicano con varias sociedades mercantiles y de lavar el dinero de la droga a través de las mismas.

También había entre los detenidos dos objetivos prioritarios de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y varios miembros de la camorra italiana.

Estructura reactivada y un cargamento desde Costa Rica

La investigación comenzó este año, cuando se constató la introducción en España de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial del español citado anteriormente, uno de los principales objetivos al servicio del cartel.

Los investigadores consideran que la organización había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, oculta un aparato industrial de gran tonelaje, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por el cartel.

La fase operativa de la investigación se llevó a cabo en dos fases: una dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones, y otra contra los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco.

En el momento de la explotación, y de forma coordinada con las autoridades de Países Bajos, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica con estupefaciente oculto en la maquinaria industrial de un contenedor marítimo.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.

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Autoridades locales del municipio de Uruapan, Michoacán, detuvieron a René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El arresto fue confirmado por el alcalde Carlos Manzo, quien informó que se decomisaron armas, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron durante la captura.

Tras el operativo, se registraron reportes de hombres armados intentando ingresar a la ciudad en represalia, lo que obligó a las autoridades a activar un código rojo y pedir a la población mantenerse resguardada en sus domicilios. “Si no tienen nada qué hacer en la calle, tomen sus precauciones y resguárdense hasta que existan las condiciones de seguridad”, advirtió Manzo en un mensaje difundido en redes sociales.

El alcalde solicitó apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército para reforzar la seguridad en la zona y evitar enfrentamientos. “Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan. No vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social”, subrayó.

Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán y una de las más disputadas por organizaciones criminales como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Blancos de Troya y Pueblos Unidos, que buscan controlar la producción de metanfetamina y extorsiones contra productores de aguacate, transportistas y comerciantes.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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