Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera en Palacio Nacional su propuesta de reforma electoral.

De manera resumida, esto es lo que propone la iniciativa del Ejecutivo federal que se envió hoy mismo al Congreso de la Unión. 

1.- Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), por la cual la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE).

2.- Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.

3.- Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.

4.- Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.

5.- Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.

6.- Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.

7.- Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.

8.- Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.

9.- Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.

10.- Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante.

11.- Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.

12.- Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.

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El Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 del INE aprobó el proyecto de los lineamientos para compactar y redimensionar las áreas del Instituto, con base en lo establecido en el Plan B.

De acuerdo con el cronograma, el análisis y redefinición de la estructura del INE, incluyendo el recorte de trabajadores, se realizará entre abril y octubre.

En la sesión del comité, se estableció la metodología, políticas y criterios para realizar el redimensionamiento y compactación de las áreas del INE, que deberán ser aprobados por el Consejo General.

La consejera Dania Ravel propuso añadir como directriz general medidas para evitar las “excesivas cargas de trabajo”, con el redimensionamiento de las áreas.

“Ninguna de las directrices prevé la distorsión de saturar de funciones a un solo puesto, como podría ocurrir con la vocalía operativa, que ahora se crea con esta legislación. O bien, que al no considerar la existencia de otras plazas para este puesto se le impongan cargas de trabajo excesivas como puede ser en materia de fiscalización, en los procedimientos sancionadores, e incluso los puestos que integran una oficina auxiliar en los casos en los que se decida poner una en el caso donde existen dos vocalías distritales”, apuntó.

La consejera Carla Humphrey reconoció la inclusión del concepto de paridad de género para la realización de estos trabajos, así como la conformación del órgano electoral.

En cuanto al tema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), si bien la reforma pide establecer tabuladores, la consejera consideró que el INE no tienen atribuciones para hacer esta modificación.

“Creo que son pasos complicados que estamos dando, con certeza, transparencia, colegiadamente y tomando las decisiones de manera ágil”, apuntó.

En este documento se plantea verificar que las propuestas de las estructuras orgánicas y ocupaciones se alineen con sus atribuciones; cumplir con el criterio de no duplicidad de funciones con otras unidades administrativas y establecer los criterios objetivos para la descripción y perfilamiento para la asignación de niveles tabulares, acorde a las responsabilidades del puesto.

También se busca propiciar el equilibrio de los tramos de control y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando.

Menciona que las unidades administrativas apoyaran en la ejecución de los trabajos hasta que no se implemente la nueva estructura del Instituto.

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El Consejo General del INE aprobó el orden metodológico y calendario para definir la reestructura que sufrirá el Instituto Nacional Electoral tras la reforma electoral, el cual incluye que el Plan B se aplicará hasta octubre y no en agosto como indica la ley, lo que Morena calificó como un reto y desobediencia a los poderes y la ciudadanía.

El proyecto que el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 aprobó esta mañana fue respaldado por unanimidad en el Consejo General del INE, en el cual plantean tener lista la aplicación del llamado Plan B hasta octubre y no en agosto, debido al retraso de dos meses generado por el Senado, lo cual retrasó los tiempos previstos originalmente.

La consejera presidenta del Comité, Claudia Zavala, detalló que “la reforma no fue aprobada en diciembre, como se había planeado, sino hasta el 2 de marzo fue su entrada en vigor, por lo que tenemos un desfase de dos meses que necesariamente retomaremos”.

Explicó que el calendario planea esperar a la nueva integración del Consejo General, que incluye su nueva presidencia, para que formen parte de estos trabajos a partir del 3 de abril con los criterios ya aprobados por los consejeros que no terminan su periodo y son la mayoría de la integración total.

La consejera Norma Irene de la Cruz planteó establecer la paridad en la nueva compactación y organigrama del instituto, lo cual fue rechazado por mayoría, pues Claudia Zavala pidió esperar a que avance el proceso para ver la forma de que pudiera aplicarse.

El consejero Jaime Rivera consideró que no se puede tomar en cuenta el cumplimiento de la paridad como si fuera una nueva integración, pues esto generaría violaciones a los derechos laborales.

“Si se hiciera el aplicar la paridad total, equivaldría a suponer que partimos de cero, y una reestructuración no parte de cero, como su nombre lo indica, es una modificación de una estructura ocupacional y jerárquica que ya existe, que ya está ocupada.

“Reestructuración no es fundación, no se va a contratar de fuera como si nadie existiera en los cargos del Servicio Profesional, como si todo estuviera vacío, eso va contra el sentido común y contra derechos laborales”.

Mario Llergo, representante de Morena, acusó que “en una clara violación a la reforma electoral del pueblo”, se niegan a instalar la Comisión de Administración que sustituirá a la Junta Ejecutiva del INE.

“Bajo el pretexto de autonomía y de una aprobación desfasada aprueban un acuerdo que modifica la propia reforma. Quieren un Comité Técnico que asuma las responsabilidades que señala expresamente la reforma que le competen a la Comisión de Administración, alteran fechas de operatividad de la reforma para seguir conservando sus privilegios y sus altos salarios.

“Asumen el papel de legisladores, si tantas ganas tienen de emitir leyes y modificar la voluntad popular, les invito a que se postulen y puedan legislar en su libre derecho. Lo que buscan es seguir sirviéndose a manos llenas”.

Con este calendario, a partir de hoy comienzan los trabajos para evaluar la estructura de todo el INE y determinar cómo se compactarán las áreas como lo ordena la reforma, la nueva estructura organizacional, los tabuladores salariales y las nuevas facultades del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, de las que desaparecerán alrededor de una decena.

El calendario marca 17 acciones desde hoy y hasta el 31 de octubre, para poder terminar los trabajos antes de que comience el proceso electoral federal que la reforma recorre su arranque de septiembre a noviembre, si la Suprema Corte no declara su invalidez.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.

El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.

La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.

En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.

Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.

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La defensa de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el primer amparo contra el Plan B de la reforma electoral, para no perder sus empleos, que no se cancelen sus pólizas y para proteger sueldos y salarios.

Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma Abogados, promovió la demanda de garantías en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde en las próximas horas el amparo será turnado a un juzgado y corresponderá a un juez determinar si lo admite a trámite.

El litigante explicó a Milenio que los 147 empleados del INE son tanto del servicio profesional electoral como de las áreas administrativas, quienes impugnan la reforma electoral a efecto de que derivado de la reestructuración no vayan a perder su empleo porque así está previsto este paquete de reformas que se aprobó el jueves pasado.

“Y también dentro de este paquete está previsto el que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado, esto expresamente está señalado en la reforma y es lo que estamos impugnando. También te comento que el amparo tiene por objeto proteger sus sueldos y salarios porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrán que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad, o sea elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados”, explicó

El pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que reforma diversas leyes en materia electoral, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía a partir de reestructurar la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local.

El proyecto de decreto publicado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzó Córdova, aseguró que el organismo recurrirá a todas las instancias legales que tenga a su alcance para impedir que el Plan B de la reforma electoral lo destruya, pues dijo que se trata de una reforma enraizada en fobias y rencores del pasado.

“Como lo he dicho en múltiples ocasiones, recurriremos a todas las instancias legales a nuestro alcance, a través de todos los medios jurídicos que la Constitución prevé, para impedir que esta reforma destruya lo que tanto trabajo le ha costado edificar a la sociedad mexicana”, advirtió.

Al participar en la firma de un convenio entre el PRI y el INE, para dotar al partido de una herramienta digital de afiliación, Córdova lamentó la entrada en vigor de las leyes que reducen la operatividad del instituto.

“Esta reforma dinamita el edificio democrático que nos ha permitido tener el periodo más amplio de estabilidad política, gobernabilidad democrática y paz pública, sin conflictos post electorales en toda la historia del país, justamente la historia de los nueve años recientes.

“Quizá sea la reforma electoral más regresiva de la historia del país, enraizada en fobias y en rencores del pasado, construida sin los consensos mínimos que todo cambio en las reglas del juego debería tener para garantizar la adecuada recreación de la democracia”, dijo.

Córdova informó que la batalla constitucional comenzó hoy, pues además de la controversia constitucional promovida por el INE, que se ha sumado a la de distintos partidos políticos, en contra de las normas de este llamado Plan B que entraron en vigor el 27 de diciembre pasado; también ya interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral “para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son, precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro Secretario Ejecutivo”.

El consejero presidente confió en que se restablezca el orden constitucional y Edmundo Jacobo regrese a ocupar el cargo que tiene su sustento en la Carta Magna.

“Estoy seguro que el licenciado Edmundo Jacobo volverá a ocupar el lugar que le corresponde en la mesa del Consejo por haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente para ello que es el propio Consejo General.

“Inició ya una batalla jurídica en la que tendremos la certeza de contar con todos los elementos de la razón, de la justicia y de la Constitución de nuestro lado”, afirmó el consejero.

Advirtió que la batalla puede ser prolongada y compleja, “pero lo haremos con la absoluta convicción de que al final el orden constitucional y democrático que ha sido el resultado de una construcción colectiva de generaciones de mexicanas y mexicanos, de muy distintas orientaciones políticas que coincidieron en la necesidad de contar con herramientas y reglas que nos permitan democráticamente la disputa y el acceso al poder de manera pacífica, prevalecerá y, con ello, también nuestra democracia”.

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