La Cámara de Senadores avaló en lo general y lo particular los cambios a la ley minera que envió el presidente López Obrador para controlar la explotación del litio, y que ésta sea facultad sólo del Estado.

Con ello, la ley va al Ejecutivo para su publicación en tiempo récord, pues apenas el domingo la oposición rechazó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia eléctrica, y en su lugar, el presidente envió una ley sobre el litio, que para su aprobación no necesita de los votos de dos terceras partes de los legisladores.

La votación final fue de 76 a favor y 45 en contra, sin cambios respecto a lo avalado en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión vespertina de este martes se debatió en medio de acusaciones entre oficialistas y opositores la reforma presidencial que en menos de 48 horas de su presentación fue avalada en ambas cámaras.

Incluso, durante el debate previo en comisiones, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana, reconoció que la reforma presidencial “puede propiciar, que duden en el aspecto de la inversión por el hecho de que está abierto ese abanico de posibilidades en el mineral estratégico”.

“Pero, yo no sé qué tanta prisa, porque parece que lo quieren hacer en fast track el tema”, dijo el senador por Morena durante la reunión.

Más tarde, ante el pleno legislativo, presumió sus negocios en el sector minero y carbonífero en el país donde dijo “le hemos batallado” y apuntó que hasta el momento los negocios del litio “han sido sólo de papel” por lo que propuso crear un instituto para el estudio de este mineral en el país y otro organismo para su operación similar a la Exportadora de Sal (ESSA) en Guerrero Negro, Baja California Sur, con la participación mayoritaria del Estado mexicano y un porcentaje menor de empresas extranjeras.

En el debate en lo particular en el pleno, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, denunció que Morena no pueden exhibir a las senadoras y senadores que no votan en el sentido de la mayoría parlamentaria desde una visión de odio y politización del debate democrático y no se puede usar recursos desde el gobierno y la mayoría parlamentaria para la apología de la violencia y la traición.

En tribuna, lamentó que su compañero del Grupo Plural, Gustavo Enrique Madero Muñoz, se le ha etiquetado como traidor a la patria, lo mismo que otros legisladores, lo cual es muy peligroso por lo que exhorto a mantener el diálogo en códigos democráticos.

Una vez avalada en lo general y particular, sin cambios, fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Ley Minera que establecen que el litio es patrimonio de la nación y se declara de utilidad pública por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación.

Las modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la norma refieren que la exploración, explotación y aprovechamiento de este metal blando quedan exclusivamente a cargo del Estado.

¿De qué va la reforma a la Ley Minera?

La reforma declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, “por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”, y establece que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.

De igual forma, reconoce que el litio es patrimonio de la nación, por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México”.

Señala que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por la nación, “a través de un organismo público descentralizado que se creará exprofeso para dicho fin, que estará auxiliado por el Servicio Geológico Mexicano”.

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Con la ausencia de los 42 legisladores de oposición, el Senado de la República emitió la declaratoria de validez y constitucionalidad de la reforma que cede a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.

En breve sesión y luego de dar cuenta de la aprobación del decreto correspondiente, por parte de 26 legislaturas estatales, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña hizo la declaración formal, a efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Y una vez computados los 26 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

En un round de sombra sobre lo que ocurrirá la próxima semana cuando debatan la reforma judicial, el Senado de la República realizó una sesión ordinaria ayer jueves en la sede alterna de la Casona de Xicoténcatl, previo a una excursión de morenistas en autobús y denuncias de presiones y ofrecimiento de “cañonazos” del oficialismo a opositores para votar a favor.

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sin constituirse formalmente en un bloque de contención, prometieron el voto de los 43 opositores en contra del plan C del presidente López Obrador que busca destituir a los actuales ministros de la SCJN y elegir por voto popular a los nuevos, así como a magistrados y jueces.

Día de práctica para el nuevo coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, que ante el bloqueo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación a la sede senatorial, convocó a los suyos y aliados en un hotel de avenida Revolución, donde les ordenó guardar silencio para no revelar la sede alterna —la Vieja Casona de Xicoténcatl— donde sesionarían pasado el mediodía, lo que fue el secreto peor guardado, pues desde la madrugada fue rodeada de granaderos, lo que generó múltiples quejas de la ciudadanía.

“Nos vamos para Acapulco”, festinó Félix Salgado y otros como el exgobernador de Oaxaca, amigo del Presidente y hoy morenista, Alejandro Murat, y se subió a uno de los tres autobuses defendiendo la reforma judicial como un acto patriótico gritando: “¡La reforma va!”, lo cual fue secundado por varias senadoras guindas.

Más tarde, con la presencia de 120 de los 128 senadores iniciaron los trabajos legislativos donde sólo de refilón se abordó el tema de la reforma judicial, pero en los hechos Morena realizó dos cambios estratégicos en su equipo para evitar que quienes se van al gabinete vayan a ser dos huecos o dos votos menos el día de la votación en el pleno.

En la sesión lo único relevante fue la solicitud de licencia de los senadores morenistas Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Economía, y de Juan Carlos Loera, quien se casará este fin de semana y optó por la luna de miel en vez del debate judicial.

De inmediato, Gerardo Fernández Noroña llamó a protestar a sus suplentes. El de Ebrard Casaubon, Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la Iglesia La Luz del Mundo, lo cual ha generado señalamientos públicos por las acusaciones y condenas por delitos sexuales contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García.

Manlio Fabio Beltrones, priista expulsado por Alejandro Moreno de la bancada tricolor, no asistió a esta sesión, pero garantizó que estará presente en la discusión y votación prevista para el próximo miércoles 11 de septiembre, y emitirá su voto contra la reforma judicial.

Fernández Noroña, presidente del Senado, citó al pleno a la próxima sesión, que será el próximo martes para dar la primera lectura al dictamen de la refoma juidcial.

Entrevistado al final de la sesión reiteró que no habrá diálogo con los manifestantes, pues ya se ha discutido lo suficiente, opinó.

Al final, la senadora del pueblo chamula por Morena, Edith López Hernández, estrenó la tribuna con el pretexto del Día de la Mujer Indígena y respaldó la reforma judicial: “Como las lenguas, la gente indígena no puede estar estático (sic). También un Poder Judicial no puede estar estático nunca”, se limitó a externar.

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El Senado de México ha dado un paso significativo al aprobar en comisiones una reforma destinada a limitar el poder del Poder Judicial en la suspensión de leyes, reformas y obras públicas, especialmente aquellas promovidas por el gobierno. Con 19 votos a favor y 13 en contra, la medida, propuesta por Ricardo Monreal, busca rectificar lo que se percibe como un exceso de intervención judicial en asuntos legislativos.

La reforma, respaldada por Morena, PT y PVEM, ha generado debate y controversia entre los legisladores. Mientras Monreal argumenta que busca evitar que el Poder Judicial invada las facultades del Legislativo, otros críticos, como el senador Germán Martínez del Grupo Plural, sostienen que la medida debilitará los derechos de los ciudadanos y favorecerá a grandes despachos legales.

La propuesta también ha sido cuestionada por senadores de la oposición, como Damián Zepeda del PAN y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, quienes piden un análisis exhaustivo y acusan a Morena de dejar en desventaja a la población vulnerable.

Por su parte, la senadora independiente Claudia Ruiz Massieu ha calificado la iniciativa como un acto de revancha del presidente López Obrador contra el Poder Judicial.

El dictamen será discutido en el Pleno del Senado la próxima semana, lo que promete generar más debates y controversias en el ámbito legislativo mexicano.

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Morena presentó el segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado en siete entidades y como premio de consolación buscarán permanecer en su escaño el ex priísta Jorge Carlos Ramírez Marín; Verónica Camino, ex pevemista y quien participó en la contienda interna de la 4T para la candidatura a la gubernatura de Yucatán; así como al ex titular de PROFECO, Ricardo Sheffield.

El presidente de Morena, Mario Delgado dio a conocer esta noche la lista de las precandidaturas únicas al Senado resultantes del proceso de encuestas, cumplimiento de paridad de género y acciones afirmativas en las entidades federativas de Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

En Campeche, en la primera fórmula se propone a María Martina Kantun como representante indígena y en la segunda fórmula busca repetir el senador con licencia y actual secretario de Gobierno en esa entidad, Aníbal Ostoa.

En Guanajuato, para la primera fórmula aparece el nombre de Ricardo Sheffield, ex panista que se unió a Morena en 2018, ex titular de la PROFECO y hace unos meses buscó la candidatura al gobierno de esa entidad. Y en la segunda fórmula aparece la pevenista Virginia Magaña.

En Quintana Roo, la primera fórmula la ocupa Anahí Gonzalez, como representante indígena y en la segunda fórmula, Eugenio Segura, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno que encabeza la gobernadora Mara Lezama.

En Sonora la primera fórmula la encabeza la ex diputada y titular del DIF en la entidad, Lorenia Valles y la segunda fórmula el también ex diputado federal, Heriberto Aguilar.

En la fórmula uno por Tabasco aparece Rosalinda López Hernández, ex titular del SAT, hermana del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López; esposa del gobernador Rutilio Escandón. Y en la segunda fórmula, el ex diputado Oscar Cantón Zetina.

Mientras que por Tamaulipas aparece en la primera fórmula, Olga Patricia Sosa Ruiz, ex diputada por el Partido Encuentro Solidario. Y en la segunda fórmula, busca repetir José Ramón Gómez Leal actual senador suplente de Américo Villarreal.

Por Yucatán participará en la Primera fórmula Verónica Camino, actual senadora ex pevemista y que se unió a Morena en 2021. También buscó la candidatura interna para coordinador los trabajos de la 4T en esa entidad y en la segunda fórmula aparece Jorge Carlos Ramírez Marín, quien renunció al PRI hace unos meses para unirse a Morena en busca de una candidatura.

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El Pleno del Senado de la República de México ha aprobado el procedimiento que regirá la selección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este acuerdo establece un proceso claro, en el cual la Comisión de Justicia verificará los requisitos constitucionales de las candidatas de la segunda terna, que son Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruz Villegas.

La Comisión convocará a las candidatas para que respondan preguntas, y luego presentará un dictamen al Pleno respecto a los requisitos de elegibilidad. Este dictamen se publicará con al menos 24 horas de antelación a la sesión en la que se tomará la decisión.

La presidenta de la Mesa Directiva convocará a las candidatas que cumplen con los requisitos para que realicen exposiciones sobre la idoneidad de sus candidaturas, con un límite de 20 minutos cada una. La votación por cédula seguirá, y la candidata elegida por mayoría calificada asumirá inmediatamente el cargo.

En el caso de que ninguna candidata alcance la mayoría constitucional en la primera votación, se realizará una segunda votación de inmediato. Si ninguna candidata logra la mayoría en la segunda votación, la terna se considerará rechazada, y se comunicará al Ejecutivo federal para una designación directa.

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