El Gobierno Federal ha decidido extender hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como "autos chocolate". La reforma al transitorio primero del decreto, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre de 2024, ha entrado en vigor de manera inmediata, provocando reacciones mixtas entre la población y la industria automotriz.
Este decreto, inicialmente implementado en diciembre de 2022, permite que los propietarios de vehículos no registrados cumplan con los requisitos fiscales y normativos para circular legalmente en el país. Mientras que la medida ha sido bien recibida por sectores populares, particularmente en las zonas fronterizas, la extensión del programa hasta 2026 ha generado preocupación en los concesionarios de autos nuevos.
Desde su implementación, el programa ha regularizado más de 1.5 millones de vehículos.
Los concesionarios de automóviles advierten que la regularización de estos vehículos contribuye al envejecimiento del parque vehicular en México, lo que afecta la seguridad vial y agrava los problemas medioambientales. Además, señalan que la medida pone en riesgo empleos dentro del sector automotriz formal, ya que los vehículos nuevos enfrentan una competencia directa con los autos importados de menor costo.
Por su parte, el Gobierno Federal justifica la extensión del decreto argumentando que es una medida necesaria para regularizar los vehículos que ya circulan en el país sin registro formal, lo que representa un riesgo tanto para la seguridad vial como para la fiscalización. Según las autoridades, la regularización permite a los propietarios cumplir con sus obligaciones fiscales, al tiempo que mejora la trazabilidad de los vehículos.
Entre los principales beneficiarios del programa se encuentran familias de menores recursos que, al no tener acceso a vehículos nuevos, encuentran en esta medida una opción para legalizar los automóviles que ya poseen. No obstante, a pesar de las intenciones del gobierno de apoyar a estos sectores, el conflicto con la industria automotriz formal se ha intensificado, evidenciando la creciente tensión entre la búsqueda de soluciones para la población de bajos ingresos y el impacto negativo en el sector económico formal.
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