Un hombre ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) para varones en Aguascalientes fue liberado antes de terminar su condena debido a un error administrativo.

Después de una audiencia inicial, misma en la que fue vinculado a proceso, se le determinó 30 días de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en lo que llevaban a cabo su proceso por el delito de robo.

Una vez ingresó, estaba destinado a un área de cuarentena en la que las personas ingresan durante 15 días para que, después de un perfil realizado por la misma Secretaría de Seguridad Pública, se les designe el módulo en el cual van a permanecer.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los funcionarios del penal mal interpretaron los documentos, por lo que dejaron salir al prisionero por la puerta principal.

De momento las autoridades están intentando recapturarlo, pero no ha sido posible.

Se abrió una investigación para determinar la causa de la malinterpretación del documento para así poder identificar sí tuvieron algún tipo de participación interna, y de ser así, los involucrados podrían hacerse acreedores a una sanción o enfrentar el delito de evasión de reo.

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La Fiscalía General del Estado, acreditó la plena responsabilidad de dos individuos en el delito de secuestro agravado, quienes purgarán una pena de 50 años en prisión. 

Se trata de Edgar Adrián Calvillo Monreal y Juan José Vidal Camorlinga, quienes, en junio de 2019, mantuvieron en cautiverio a la víctima de sexo masculino al interior de un motel en esta ciudad. 

El día de los hechos, la víctima, quien tenía las intenciones de cruzar a Estados Unidos, fue trasladada por los dos sujetos hasta la habitación de un motel ubicado en el bulevar Fundadores, en la colonia Valle del Rubí, a bordo de un vehículo tipo pickup de la marca Ford Ranger. 

En el lugar tenían a la persona ofendida amarrada de las manos y los pies, la amenazaron de muerte colocando un arma de fuego en la cabeza y exigiéndole una cantidad por su liberación; la víctima logró escapar de sus captores en dirección al bulevar Fundadores y calle San Telmo de la colonia El Rubí. 

Solicitó el apoyo y auxilio de oficiales de la Policía Municipal, refiriéndoles que momentos antes se encontraba privado de la libertad en la habitación de un motel, los efectivos se percataron de que del motel salió un pickup, el cual era tripulado por dos sujetos, mismos que la víctima señaló como sus cuidadores. 

Por lo anterior, inició una persecución hasta alcanzarlos, en la revisión precautoria les encontraron un arma de fuego tipo pistola, cargadores y cartuchos, de la misma manera, se logró asegurar a Edgar Adrián Calvillo Monreal y Juan José Vidal Camorlinga, en flagrancia delictiva toda vez que fueron señalados por la víctima. Adicionalmente a los años de prisión, se les fijó una multa de 4 mil Unidades de Medida y Actualización consistente en 337 mil 960 pesos, además, fueron condenados al pago por la reparación del daño.

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Las historias de amor suelen ser en su mayoría románticas e incluso para algunas parejas de ensueño, sin embargo, hay otras que empiezan de una forma muy peculiar e incluso mal, y terminan de la misma forma y así le ocurrió a una mujer originaria de Argentina, que se enamoró de la persona equivocada en el momento equivocado.

Todo comenzó luego de que una mujer que comenzó una relación amorosa a través de Facebook con un hombre, con quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y aunque en un inició dudó en dar el sí en la relación tras darse cuenta de que el individuo estaba preso, continuó con la relación pero casi le cuesta la vida.

Fue así que su relación se fue desenvolviendo cuando decidió conocerlo en persona, cinco meses después de haber iniciado su relación quiso visitarlo en la cárcel, así que acudió al penal aunque con un poco de temor, reveló la mujer originaria de Buenos Aires para un medio local.

Cabe destacar que después de aquella primera vez de verlo no se sintió del todo bien, sin embargo, continuó yendo por todo un año, pero fue en una de esas ocasiones cuando la mujer se dio cuenta de que el hombre tenía fotografías con otra mujer, lo que le llamó la atención e hizo que comenzaran las amenazas.

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, fueron las palabras que el imputado le dijo a su novia, afirmando que después de haber visto la fotografía la mujer expresó que se quería ir, pero el reo la hizo sentir intimidada.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, contó la víctima luego de revelar que puso una denuncia por las agresiones después de que pudo librarse del sujeto.

Tras los hechos, indicó que vive con miedo de que el preso salga en libertad y la encuentre debido a que él se enteró que puso la denuncia, ya que incluso se comunicó con ella para preguntarle por qué lo había hecho insistiéndole en que la retirara, aunque la mujer le dijo que no lo haría.

Para proteger a la ciudadana no se revelaron sus datos ni tampoco del delincuente, pero la mujer quiso contar su historia para cuidar su vida y tener testigos de lo que le ocurrió si le pasara algo cometido por el hombre,

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En México, 42 de cada 100 personas que se encuentran presas en cárceles federales o estatales no cuenta con una sentencia, lo que equivale a un total de 92 mil 856 reos en esta condición. 

Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) explican que el porcentaje de personas sin recibir un veredicto se ha elevado con el paso de los años, pues en 2017 era de 32.4 por ciento, por lo que en un periodo de cuatro años ha crecido 10 puntos porcentuales.

Incluso se señala la tardanza con la que los administradores de justicia tardan para cerrar un proceso judicial, pues en el caso de los hombres que no han recibido sentencia, el 12.6 por ciento ha esperado 24 meses o más para obtenerla. 

En el caso de las mujeres el porcentaje es todavía mayor, pues el censo señala que al menos el 14.2 por ciento de las reclusas ha estado más de dos años sin una sentencia por parte de un juez. 

Los resultados del censo realizado por el Inegi, advierten que el universo total de la población privada de la libertad en nuestro país asciende a 220 mil 420 personas, de las cuales el 94.4 por ciento son varones y el resto 5.6 por ciento mujeres. 

Adicciones en reclusorios 

Entre los datos arrojados por los censos penitenciarios, destaca que 33.9 por ciento de las personas privadas de la libertad tenían alguna adicción a sustancias psicoactivas, lo que representa una cifra casi idéntica a la presentada el año pasado. 

El tabaco se ubica como la sustancia más utilizada dentro de las cárceles, pues lo consume el 65 por ciento de las personas con adicciones, le sigue el alcohol con 57.7 por ciento y la mariguana con 48.8 por ciento. 

Los resultados también exhiben la incapacidad de las autoridades penitenciarias para evitar el consumo de drogas más fuertes, pues 30.4 por ciento son dependientes de la cocaína, mientras que 13 por ciento lo son a drogas sintéticas y otro 8.4 a sustancias inhalables. 

Principales delitos cometidos 

Los delitos del fuero común más frecuentes cometidos por los hombres presos tienen que ver con el robo (118 mil 891 casos), el homicidio (47 mil 158), las violaciones sexuales (25 mil) y el secuestro (23 mil 284). 

En el caso de los crímenes del orden federal, el más frecuente es el que tiene que ver con los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos con 6 mil 419 casos; seguido por la privación de la libertad con 3 mil 313 delitos y los relacionados en contra de la salud con 2 mil 400. 

En el caso de las mujeres los delitos del fuero común más frecuentes son el robo (5 mil 105), secuestro (2 mil 846) y los homicidios (2 mil 470). En el caso de los delitos federales el secuestro vuelve a encabezar la lista con 426 casos, le sigue la delincuencia organizada con 328 y crímenes de armas y explosivos con 309 casos. 

Incidentes reportados 

Durante 2021, ocurrieron 2 mil 840 incidentes de seguridad en los centros penitenciarios federales, estatales y en los centros de tratamiento de adolescentes, lo que representó un incremento de 22.6 por ciento con respecto a los casos observados en 2020. 

En los eventos que pusieron en riesgo la seguridad del penal o de los reos, estuvieron involucrados 8 mil 830 personas, de las cuales 110 fallecieron y 691 resultaron heridas. La mayoría de los incidentes fueron riñas (42.7 por ciento) y uno de cada cuatro situaciones conflictivas se registró en penales federales.

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Al menos trece reclusos murieron el lunes en una cárcel en Ecuador y dos resultaron heridos, dijo la agencia penitenciaria del país andino, en el último incidente de violencia carcelaria que enfrentan las prisiones ecuatorianas.

Las muertes se registraron en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo en medio de una "riña" al interior del centro, dijeron las autoridades penitenciarias.

El gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso atribuye la violencia carcelaria a peleas entre bandas por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

La policía y las Fuerzas Armadas estaban retomando el control de la cárcel, dijo la agencia penitenciaria SNAI en Twitter.

"Lamentablemente, personal del Centro reporta al momento 13 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidos y 2 heridos", dijo la agencia penitenciaria, y agregó que la oficina del fiscal general llevará a cabo una verificación de los muertos.

La violencia en la cárcel de Santo Domingo en mayo dejó al menos 43 muertos. El año pasado, 316 presos murieron durante motines en varias cárceles de Ecuador, según cifras oficiales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el sistema penitenciario de Ecuador está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones de los reclusos.

Las cárceles del país albergan a unas 33.900 personas y superan en un 12,5% su capacidad máxima, según cifras oficiales.

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Aunque fue procesado por el delito de genocidio, relacionado con la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el expresidente Luis Echeverría Álvarez nunca pisó la cárcel.

En 2002, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), para investigar violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el movimiento estudiantil de 1968 y la llamada guerra sucia en la década de 1970.

Encabezada por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, el máximo logro de la Femospp, que dependió de la extinta PGR, fue la orden de aprehensión contra Echeverría Álvarez, ya que por primera ocasión en la historia de México se dictaba un mandamiento de detención contra un expresidente de la República.

Sin embargo, el expresidente no pisó ningún penal porque se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa ubicada en Magnolia 131, colonia San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México, que estuvo custodiada por unos días por agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Cabe destacar que el exmandatario priísta fue el único de los 13 exfuncionarios acusados de la matanza del 2 de octubre de 1968, al que se le giró orden de aprehensión.

Luego que un juez federal le dictara auto de libertad en junio de 2006, por considerar que el delito de genocidio había prescrito desde noviembre de 2005, un magistrado del Segundo Tribunal Unitario revocó dicha determinación y ordenó la captura del exmandatario.

El magistrado afirmó que cuando Echeverría se desempeñó como secretario de Gobernación, en el sexenio del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, perpetró una conducta que trajo como consecuencia los hechos del 2 de octubre de 1968, pues por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se constituyó un grupo armado, denominado Batallón Olimpia", en forma conjunta con otras instituciones del gobierno de México.

“Ordenó que los miembros de ese batallón se presentaran en el mitin del 2 de octubre de 1968, y en forma coordinada con otras fuerzas armadas, iniciaran el fuego cruzado, entre ellos y los elementos del Ejército, y con otros contingentes, con la intención de aprovecharlo para disparar contra los estudiantes y la multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como ‘Movimiento Estudiantil’ del 68”, determinó el juzgador.

El mismo mes de julio de 2006, Echeverría Álvarez fue notificado del mandamiento judicial y agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Femossp, se presentaron en su domicilio.

Días de después, el expresidente priísta recuperó su libertad, luego de que un juez dictó auto de libertad a su favor porque el delito que se le imputaba por los hechos del 2 de octubre de 1968 preescribió.

La decisión fue calificada por Juan Velázquez, abogado de Luis Echeverría Álvarez, como fracaso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), desaparecida años después.

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