El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación, Alejandro Encinas, rechazó las criticas de quienes aseguran que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es similar al de la llamada “verdad histórica” que se elaboró en el sexenio anterior y subrayó que “nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

Indicó que hay testimonios y colaboración de 115 personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos. “Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la Verdad Histórica, lo cual es absolutamente falso”.

Durante la conferencia mañanera expuso que el informe presentado esta semana es resultado de una investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un Comité Científico Asesor y de un Grupo Interdisciplinario integrado por diversas instituciones convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad.

¿En qué se sustenta la "verdad histórica"?

Subrayó que la llamada verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF del municipio, lo cual es falso porque la misión de los estudiantes era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en el que ya había concluido este evento, incluso el festejo en la plaza central de Iguala ya había concluido.

“Hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen: Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que del análisis que hemos realizados se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 4 mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos, que han sido analizados vigorosamente a lo largo de los últimos dos años que nos permitió hacer un mapeo y una geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiemplo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos del Estado.

Incluso, dijo que al día de hoy, 26 de agosto, ya es un dato distinto al informe presentado esta semana porque hemos realizado 105 acciones de búsqueda de campo que implica 711 días de búsqueda, de jornadas de trabajo en 7 municipios de Guerrero con el avance tecnológico al que hemos tenido acceso para la exploración del territorio.

Encinas Rodríguez, reiteró que la forma en qué se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno de la desaparición de los estudiantes, “hemos acreditado como en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal su llegada Iguala”.

Asimismo, de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición lo que evidentemente “acredita no solamente responsabilidades por acción u omisión o negligencia sino el involucramiento de autoridades de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas”.

“La desaparición debió de haberse evitado las omisiones de la autoridad si lo hubiera dudas permitieron esta desaparición y hemos puesto en el informe este un dato muy importante la existencia de un estudiante normalista miembro del ejército informante de este de las fuerzas armadas que desapareció junto con los estudiantes sin que en ningún momento sus mandos superiores activado el mecanismo de búsqueda” que pudo haber evitado su desaparición y la de todos los estudiantes.

Al defender el nuevo informe del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que los normalistas fueron objeto de “una labor cruente” de desaparición.

Reveló que se están tratando de ubicar los sitios donde presuntamente fueron depositados sus restos luego de ser asesinados, incluso señaló que analizan testimonios de personas involucradas de que los restos los removieron a otro lugar después de la noche de la desaparición.

Indicó que el entonces presidente municipal, José Luis Abarca, e integrantes de Guerreros Unidos en coalición con otras autoridades dieron la orden de desaparecer a los estudiantes.

Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse, según fuentes consultadas, como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales fungió como representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Ayer, en su cuenta de X, Hugo Aguilar difundió una fotografía de la cuarta reunión de trabajo de las y los próximos ministros en donde aparece Vidulfo Rosales sentado.

En una carta enviada a organizaciones sociales, Vidulfo Rosales informa que también dejó de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la cual participo por 24 años, y en donde, afirma, se retira de la primera línea de la lucha social con "la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos".

El abogado afirma que desde otras trincheras seguirá exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no sean tratados, indica, como personas de segunda.

"Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda".

"Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume. No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte".

El abogado asegura que fiel a sus principios continuará en el proyecto de vida en la etapa que vienen y "en el lugar que las circunstancias nos coloquen".

"Fiel a esos principios continuaremos el proyecto de vida en la etapa que viene, en el lugar que las circunstancias nos coloquen".

"No me queda más que agradecer tantas enseñanzas y decir que desde otra trinchera continuaremos en la lucha por la justicia y por los derechos humanos", finaliza la carta.

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Luego que padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa le exigieron la renuncia del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que está valorando si es necesario, pero aseguró que están realizando nuevos métodos de investigación—diferentes a los implementados en la pasada administración—para llegar a la verdad.

"Ellos han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas maneras, el doctor (Alejandro) Gertz (Manero), (fiscal de la República), a propuesta nuestra, está fortaleciendo la Fiscalía con personas que tengan esta especialidad en estas formas de investigación que nos permitan ir abriendo nuevas rutas para poder conocer la verdad ", aseguró.

Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó que cambiar al Fiscal Especial pues se evalúa y que en caso de que sea así tiene que tener la valoración de los padres y madres de Ayotzinapa.

Añadió que ayer se presentó a Mauricio Pazarán como coordinador general de investigación de esta unidad especial del caso Ayotzinapa, y que él estará ayudando en las carpetas de investigación.

"Él está trabajando en la Fiscalía Especial, es un ministerio público que trabajó con Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que conoce estas nuevas formas de investigación para aterrizarlas en carpetas de investigación, que es muy importante. Entonces, sugerimos en su momento al doctor Gertz que pudiera incorporarse a la Fiscalía, y ya se ha incorporado, y el día de ayer estuvo en la reunión y él fue el que explicó estos esquemas de investigación que estamos siguiendo, y fue, pues creo yo, bien recibido por los padres y las madres".

"¿Podría suplir a Rosendo Gómez como titular de esta unidad?

—"Todavía no, lo que estamos buscando es que si se cambia al fiscal actual, pues que sea una persona que sea reconocida también por los padres y las madres. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que pueda ser una persona que les genere confianza, y que nosotros sepamos también que va a llevar a cabo todas las líneas de investigación.

Sheinbaum dijo que desde su punto de vista la reunión de ayer fue de acercamiento, y que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Fiscalía están desarrollando nuevos esquemas de investigación, "que no quisiera dar mucho más información, pero que tienen que ver con esquemas de investigación diferentes a los que se han seguido hasta ahora".

"Yo tengo la esperanza, es a veces difícil poner la certeza, pero la esperanza de que esta nueva forma de investigación nos lleve a lo que queremos todos los mexicanos y mexicanas. Porque, en primer lugar, los familiares, pero en segundo lugar, el pueblo de México. Queremos verdad, justicia y encontrar a los jóvenes".

Agregó: "Entonces, ellos están de acuerdo en que se sigan estas formas de investigación y pues las estamos trabajando con ellos, porque creemos que debemos respetarlos y además la investigación siempre debe mantenerse cerrada para evitar cualquier filtración".

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que admite que, después de seis años de investigación, los avances han sido limitados. Durante su conferencia mañanera, López Obrador señaló a Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, por su falta de cooperación en la búsqueda del paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

En el documento, el mandatario destacó que "El Gil" aceptó colaborar como testigo protegido, lo que permitió identificar los restos de dos de los normalistas. Sin embargo, López Obrador lamentó que no se ha podido avanzar más, ya que López Astudillo no ha mostrado disposición para seguir colaborando, a pesar de tener información clave sobre otros integrantes de Guerreros Unidos y policías locales involucrados en la desaparición.

El presidente insistió en que no hay pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición de los estudiantes, pero mencionó que su gobierno ha procesado a 151 personas, incluidas 16 militares, por su presunta participación en los hechos. Además, siguen pendientes tres órdenes de aprehensión contra militares.

A pesar de los pocos avances, el gobierno sigue buscando a los normalistas y ha ofrecido beneficios a personas encarceladas a cambio de información útil. En su carta, López Obrador también reiteró su compromiso de no cerrar el caso Ayotzinapa, expresando su deseo de que, si su administración no logra esclarecerlo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum continúe la investigación hasta hacer justicia.

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Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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