El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien preside la audiencia inicial de Jesús Murillo Karam en la sala número dos, dio un hora a la defensa del extitular de la PGR para que revise la carpeta de investigación que la FGR inició en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia.

Por lo que, transcurridos 15 minutos de iniciada la comparecencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juzgador decretó un receso para que los abogados defensores de Murillo Karam, Antonio López Ramírez, Elba Marina Vázquez Mendoza y José Xavier López García conozcan el expediente bajo la causa penal 307/2022 del que, acusaron, apenas esta mañana el Ministerio Público Federal les corrió traslado.

Como parte de su estrategia de acusación, los fiscales de la FGR, Lidia Bustamante y Sergio Navarro presentarán testimonios de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En tanto, que la abogada de oficio, Daniela, Aguirre, coadyuvante de los fiscales, presentará a víctimas sobrevivientes de tortura con la que supuestamente se construyó la llamada "Verdad Histórica".

En los primeros minutos de la audiencia, el juez Fuerte Tapia pidió a los fiscales conducirse con claridad y les impuso una medida de apremio consistente en una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización, ya que las víctimas indirectas, es decir un grupo de padres de los normalistas, no contaban con asesoría jurídica.

Al momento de su primera intervención, Jesús Murillo Karam se identificó con voz baja y se le veía cabizbajo.

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Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional antes de la marcha mensual de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Negó que esta medida tense el ambiente y la justificó como una precaución para proteger el edificio ante posibles provocadores.

En su conferencia matutina, López Obrador reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para los normalistas desaparecidos y anunció su intención de hablar con los padres después de las elecciones del 2 de junio para evitar la politiquería en torno al caso.

El mandatario criticó a aquellos que, según él, se aprovechan del dolor humano y utilizan estos casos con propósitos políticos. Expresó su confianza en que para el 3 de junio, cuando podría reunirse con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía, lo que ayudaría a resolver el caso.

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Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), salió del hospital para enfrentar sus procesos en prisión domiciliaria.

El 4 de abril, un Tribunal Federal otorgó una suspensión provisional al ex procurador general de la República, con lo que se modificó la medida cautelar.

Ayer, el juez de control Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria.

Se otorgó un plazo de 24 horas para que el ex funcionario entregara su pasaporte y visa, además, le fue prohibido acercarse a algún aeropuerto.

Con vigilancia y sin brazalete electrónico: así será la prisión domiciliaria de Murillo Karam

Murillo Karam deberá estar bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR); no podrá tener contacto con gente relacionadas al caso y tendrá un registro de las personas que lo visiten.

Se consideró que la portación de un brazalete electrónico, así como la confiscación de sus bienes, sería una medida de resguardo improcedente.

Tribunal cambió medida cautelar contra ex titular de la PGR

En los últimos meses, el ex funcionario ha estado en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco, pero ha sido trasladado a hospitales cuando se agrava su salud y después vuelve a la Torre Médica.

El 4 de abril, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión incidental 28/2024, interpuesto por el ex funcionario en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.

Cabe recordar que Rodríguez Salgado fue señalado por la entonces PGR como sicario de 'Guerreros Unidos', a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En noviembre de 2023, José Rivas González, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, también modificó la medida cautelar impuesta al ex funcionario, en el primer proceso que enfrenta por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.

La mayoría de los integrantes del Primer Tribunal Colegiado coincidieron que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción para que la aplicación de la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de protección que procedan, en aquellos supuestos en que el imputado sea mayor de 70 años o que padezca una enfermedad grave.

Los magistrados señalaron que Murillo Karam padece una enfermedad grave y tiene más de 75 años.

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