Cuando ya se acercaba el operativo de fuerzas estatales y federales a la comunidad de Quinceo, municipio de Paracho, los comuneros al servicio de la organización criminal Pueblos Unidos, liberaron a los 25 elementos de la Guardia Nacional que secuestraron la noche de este sábado.

Los delincuentes habían privado de su libertad a los oficiales y retenido las seis unidades en las que viajaban, para exigir que soltaran a los 164 integrantes de esa organización delictiva detenidos esta tarde-noche.

Fuentes de seguridad señalaron que no hay margen de negociación con quienes infringen la ley, por lo que montaron un operativo para rescatar a los elementos de la GN.

Durante el avance del despliegue policial, los pobladores dejaron en libertad a los oficiales, retenidos por varias horas en esa localidad de la Meseta Purhépecha.

Mientras, los 164 integrantes de la organización criminal Pueblos Unidos, permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en Morelia.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por la comisión de distintos delitos del fuero federal.

A los implicados se les aseguraron 142 armas largas y 44 cortas, además de 29 vehículos, entre ellos, uno blindado.

Al tiempo, otros grupos afines al grupo criminal, mantienen bloqueados diferentes puntos carreteros de la entidad.

Las corporaciones de seguridad ya prepararan otro despliegue para liberar las vías de comunicación.

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La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, logró escapar de sus secuestradores luego de haber sido privada de la libertad el pasado 31 de mayo en la comunidad de San Miguel Tecomatlán.

De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados interceptó a la presidenta municipal y la trasladó por la fuerza a una vivienda ubicada en el municipio de Joquicingo.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables planeaban exigir 40 millones de pesos a cambio de liberar con vida a la funcionaria.

Durante su cautiverio, Nancy Nápoles aprovechó un descuido de sus captores para escapar del inmueble donde permanecía retenida. Tras huir del lugar, logró refugiarse en una vivienda cercana.

Desde ese sitio se comunicó con los servicios de emergencia, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Los agentes desplegaron un operativo en la zona y localizaron a la alcaldesa en buen estado de salud, para posteriormente trasladarla a su domicilio.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades lograron ubicar y detener a cuatro presuntos implicados en el secuestro.

Durante la intervención fueron aseguradas armas largas, cargadores abastecidos, decenas de cartuchos útiles, artefactos conocidos como ponchallantas y un teléfono celular presuntamente utilizado para coordinar las actividades delictivas.

Tras ser liberada, Nancy Nápoles difundió un mensaje en redes sociales para informar que se encuentra fuera de peligro y agradecer el apoyo recibido.

Asimismo, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de información falsa sobre su situación y confirmó que retomará sus actividades al frente del ayuntamiento en los próximos días.

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El fin de semana, llegaron 300 elementos del Ejército Mexicano vía terrestre al estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer la presencia y acción de las fuerzas armadas en la región.

La misión principal de estos efectivos es apoyar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la preservación del Estado de derecho, así como en acciones dirigidas a mantener la seguridad y el orden público. 

Estas operaciones buscan contribuir a reducir los índices delictivos y homicidios dolosos, trabajando en coordinación con las instituciones de seguridad locales, estatales y federales. El despliegue militar, según el gobierno federal es continuar combatiendo la delincuencia organizada y garantizando la paz y tranquilidad de la población civil en Baja California. 

La llegada de los efectivos militares representa un paso más en la estrategia integral para fortalecer la seguridad en la región y proteger a la comunidad de las amenazas del crimen organizado.

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La Guardia Nacional y el Ejército lanzaron una campaña de denuncia ciudadana para combatir la delincuencia organizada en la ciudad. La iniciativa busca involucrar a la población en la lucha contra el crimen, solicitando información anónima sobre actividades ilícitas como extorsión, narcomenudeo y presencia de personas armadas.

Los ciudadanos pueden reportar información a través del número 663 317 21 24, garantizando la confidencialidad de la denuncia. La colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en el municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La Guardia Nacional y el Ejército confían en que la participación de la comunidad permitirá lograr resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. La denuncia anónima es una herramienta valiosa para que los ciudadanos contribuyan a la seguridad de su comunidad.

Se espera que la respuesta de la población sea positiva y se unan a esta iniciativa para trabajar juntos por una Tijuana más segura.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco durante los enfrentamientos que siguieron al operativo de alto impacto en Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El funcionario señaló que, tras la acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desataron reacciones violentas de grupos criminales en distintas entidades del país.

De acuerdo con el reporte oficial, se registraron 85 bloqueos carreteros en estados como Baja California, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, además de incendios en gasolineras, bancos y diversos establecimientos.

Jalisco concentró la mayor violencia.

García Harfuch indicó que Jalisco fue el estado con más ataques, al contabilizarse 18 bloqueos en vías federales y seis agresiones directas contra autoridades.

“En estos hechos, además de los 25 guardias nacionales, murieron un custodio y un agente de la Fiscalía estatal. También se contabilizaron 30 integrantes de la delincuencia organizada abatidos”, informó.

En Michoacán se reportaron 13 agresiones adicionales, con saldo de cuatro presuntos delincuentes muertos y 15 elementos de seguridad lesionados.

Instalan centro de mando inmediato.

El gabinete de seguridad instaló un centro de mando con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Tras el despliegue operativo, al cierre del día los bloqueos fueron retirados y la movilidad restablecida en las zonas afectadas.

García Harfuch destacó la actuación de las fuerzas armadas y reiteró que la prioridad del gobierno federal es proteger a la población y preservar la paz, subrayando que México cuenta con instituciones sólidas para enfrentar a la delincuencia organizada.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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