Más de 70 mil personas en contexto de movilidad han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llamó a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las y los migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas de esos ilícitos, e instó a las autoridades locales a realizar una investigación diligente y profunda.

Aseguró que existen altos niveles de vulnerabilidad a la que son expuestas las personas migrantes y exhortó a las autoridades, especialmente las encargadas de la seguridad pública, a reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada.

Además, reiteró lo señalado en su Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, en el que se analizaron las acciones realizadas en los últimos diez años por las autoridades migratorias, de seguridad pública y procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas en contexto de migración en México.

Asimismo, aseguró que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio 600%; que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

La CNDH advirtió la necesidad de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.

A través de este Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH exhortó a las autoridades mexicanas a emprender acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.

Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Oficiales de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga en las inmediaciones del Rancho La Uva en Valle Bonito en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron al camión de carga que circulaba en un área no común de dicho transporte.

Al hacer una revisión en la parte trasera del camión, localizaron a 80 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría del Medio Oriente.  

De manera extra oficial, un grupo de migrantes lograron escapar, mientras que otro grupo fue entregado al Instituto Nacional de Migración y paramédicos de Caminos y Puentes, así como personal del Grupo Beta quienes evaluaron su situación médica y encontraron que varios de ellos estaban deshidratados.

Cabe mencionar que el chófer fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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En medio de crecientes preocupaciones sobre seguridad fronteriza, el grupo "Recuperemos Nuestra Frontera" ha surgido con más de 1600 simpatizantes, autodenominándose el Ejército de Dios. Este grupo planea llevar a cabo manifestaciones y vigilancia armada en la frontera sur de Estados Unidos, con especial atención a San Ysidro, California; Eagle Pass, Texas, y Yuma, Arizona.

El convoy, que salió de Virginia el 29 de enero, está encabezado por camiones rumbo a Eagle Pass, donde se realizará una manifestación en protesta contra lo que consideran falta de control fronterizo por parte de la administración de Joe Biden. Aunque aseguran que es una protesta pacífica, la asociación del grupo con organizaciones de extrema derecha ha generado preocupaciones.

Noel Roberts, una organizadora, niega planes de alinearse a lo largo de la frontera para confrontar a indocumentados, indicando que el objetivo es enviar un mensaje al gobierno sobre la necesidad de asegurar la frontera. A pesar de esto, especialistas advierten que la presencia armada podría representar un peligro mortal.

La relación del grupo con organizaciones extremistas como Oath Keepers y Three Percenters ha generado inquietud. Mientras algunos participantes mencionan una "guerra civil" en foros, las autoridades y congresistas expresan preocupación por la posibilidad de que la situación se salga de control.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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Agentes municipales en apoyo del Instituto Nacional de Migración, lograron auxiliar y trasladar a 30 personas que al parecer fueron abandonados por personas que los ayudarían a cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Dichas personas originarias de diversas partes de Latinoamérica y de Asia, fueron abandonadas en una zona del fraccionamiento Terrazas de Mendoza, en Playas de Tijuana.

Ante los peligros por el frío actual en la región con temperaturas mínimas de hasta 4 grados, policías y personal federal trasladaron a los migrantes a una zona segura para brindarles atención médica y orientación jurídica.

En todo momento se estableció coordinación entre ambas corporaciones para el traslado y recabar datos en busca de fortalecer la carpeta de investigación en torno al caso.