Texas no es sólo un productor y receptor de petróleo, es el corazón operativo donde se lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, conocido como huachicol. No se trata de un comercio informal ni de un contrabando menor, sino “de una estructura trasnacional que implica complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla. Ahora lo sabemos mejor y estamos averiguando todo”, confirma el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos a El Universal.
El crudo hurtado a Pemex por grupos criminales coludidos con funcionarios en ambos lados de la frontera sale de México disfrazado de residuos industriales, cruza sin resistencia las aduanas de ambos países y es reintroducido en el mercado estadounidense como si se tratara de petróleo texano legal.
El caso de la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, dado a conocer en abril pasado por autoridades estadounidenses y presentado detalladamente por EL UNIVERSAL, expuso la arquitectura de un esquema que venía funcionando impunemente desde al menos 2019. “Ese caso es apenas un ejemplo, pero nos dio mucha información muy valiosa”, comenta la fuente del DoJ.
Arroyo Terminals no fue una situación excepcional, sino la expresión más visible de un sistema mucho más profundo, que sólo puede sostenerse en función de corrupción o colusión de múltiples autoridades en México y Estados Unidos.
Greg Abbott, como gobernador texano, nunca ha hecho una declaración pública reconociendo que Texas funcione como plataforma de legalización de crudo robado a Pemex. Su silencio frente a investigaciones federales que ya documentan la operación sistemática de empresas desde 2019 y hasta 2025, como Arroyo Terminals, lo convierte en un actor políticamente responsable por omisión, coinciden varios analistas.
Mano dura... pero no en todo
Abbott ha hecho de una aparente “mano dura” su sello político, sobre todo en temas de migración y fentanilo. Sin embargo, nunca ha incluido el contrabando de hidrocarburos en su discurso de seguridad, a pesar de que este financia directamente a los mismos cárteles que dice combatir. Su narrativa sobre seguridad fronteriza es selectiva y omite el papel de actores económicos texanos que se benefician del crudo ilegal.
En su respuesta, la Oficina se limita a insistir en que “ha tomado medidas sin precedente para proteger a los texanos de los cárteles, incluido el Jalisco Nueva Generación”, sin dar a conocer a cuáles medidas se refiere en lo referente al huachicol mexicano en Texas.
La oficina subraya que Abbott “designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, permitiendo a Texas frenar sus operaciones criminales, utilizar el decomiso de bienes civiles para tomar sus propiedades y aumentar las sanciones penales durante un enjuiciamiento”, pero olvida mencionar que la declaración de los cárteles como “terroristas” es un asunto federal y no estatal.
Luego habla de operaciones de seguridad nacional para realizar arrestos de inmigración, lo cual no tiene que ver con el cuestionamiento del huachicol, y ya al final de su respuesta, afirma que “continuará trabajando con el Congreso —estatal— para detener el robo de petróleo por parte de los cárteles”.
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