El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que el ex mandatario Felipe Calderón "supo en tiempo real" de las amenazas que sufrió por el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Como lo narra en la docuserie "El caso Cassez-Vallarta": Una novela criminal, Zaldívar detalló que recibió amenazas vía telefónica en su oficina y un domingo fue abordado, cuando iba con su familia, por tres camionetas de la Policía Federal y alrededor de 10 agentes le apuntaron con armas largas a su vehículo, además que ingresaron a su casa y robaron su laptop y el disco duro.

Aunque el exmandatario aseguró que esto es inverosímil, Zaldívar destacó que Calderón supo en tiempo real lo que le ocurrió.

Zaldívar le pidió al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, que le informara al respecto a Calderón.

Un día después de los hechos, dijo, informó al resto de los ministros sobre las intimidaciones y que decidió no denunciar porque se generaría una crisis institucional, pero responsabilizaba al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y a Calderón de su seguridad y la de su familia.

El entonces Presidente de la República le cuestionó vía telefónica si presentaría denuncia, a lo que Zaldívar respondió de forma negativa y rechazó la protección de la Policía Federal que le ofreció el mandatario en ese momento porque no confiaba en los elementos policiales.

Después, Calderón le ofreció protección del Estado Mayor Presidencial y aceptó, por lo que durante tres meses tuvo escolta.

“Felipe Calderón miente, no solo lo que digo es cierto sino lo supo en tiempo real, estuvo informado por el presidente de la Corte y habló por teléfono conmigo.

“Pero bueno, parece que Felipe Calderón ha olvidado todo lo que pasó en su sexenio y no se enteró de nada, no sé si ya se le olvidaron hasta las llamadas telefónicas que hizo”, enfatizó.

Aseguró que por prudencia institucional esperó hasta ahora para hacer pública esa situación.

IFDP logra libertad de casi 41 mil personas

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha obtenido la libertad de 40 mil 992 personas en casi cuatro años. Así lo informó en conferencia de prensa el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien detalló que estas representan el 18 por ciento de la población carcelaria de todo el país.

Aseguró que son personas que estaban en la cárcel por ser pobres y porque no tuvieron una defensa de calidad.

“Casi 41 mil personas, 41 mil vidas, 41 mil familias, 41 mil historias de personas pobres, humildes, que estaban en prisión, precisamente por ser pobres, porque con una defensa de calidad hubieran podido recobrar su libertad.

“Para que se pueda dimensionar de lo que estamos hablando, esta cantidad de personas que hemos liberado son el 18 por ciento de la población carcelaria en todo el país, ese es el tamaño del compromiso y de los resultados que hemos asumido en esta administración”, dijo.

Detalló que desde enero de 2019 -desde que inició su administración-, 6 mil 445 personas obtuvieron el beneficio de preliberación; mil 125 recuperaron su libertad por acuerdo reparatorio; 7 mil 554 por suspensión condicional del proceso; 174 por criterio de oportunidad; 3 mil 531 por cambio de medida cautelar; 22 mil 48 son otros egresos; 97 por amnistía; 13 por parte de la Unidad de Litigio Estratégico, y 5 salieron de la cárcel femenil de Santa Martha luego del convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el gobierno capitalino.

"Seguiremos trabajando, tratando de elevar esta cifra los meses que me quedan al frente de la Corte y del Consejo, pero creo que esto demuestra efectivamente que tenemos un nuevo Poder Judicial federal más cercano a la gente y que ha volteado a ver a los ojos a los olvidados, a los marginados, a los ignorados durante tanto tiempo en este país", señaló.

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La escena judicial mexicana se ve sacudida por la revelación de una serie de audios que sugieren presiones ejercidas por el círculo cercano al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para influir en decisiones judiciales. Los audios, difundidos en el noticiario ‘En Punto’ de Televisa, atribuidos al magistrado Alberto Roldán Olvera, exponen conversaciones donde se solicita conceder un amparo a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, a pesar de una posible orden de aprehensión en su contra.

En las grabaciones, se escucha a Carlos Antonio Alpízar Salazar, Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo de Zaldívar, supuestamente solicitando la concesión del amparo en un caso que se describe como "trascendental para la institución". A pesar de las presiones, el magistrado Roldán Olvera optó por postergar la resolución, lo que resultó en su cambio de inscripción a Morelia, considerado como un castigo.

Testimonios obtenidos por N+Focus revelan un esquema con el que se atentaba contra la independencia de jueces y magistrados favoreciendo los intereses del círculo cercano al expresidente de la Suprema Corte. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/wnbctASfRj

— NMás (@nmas) May 8, 2024

Estas revelaciones han generado un fuerte debate en el ámbito judicial y político de México. Zaldívar ha negado cualquier participación en las presuntas presiones y ha acusado a la ministra Norma Piña de filtrar documentos sobre investigaciones en su contra.

El expresidente de la Suprema Corte ha anunciado que promoverá un juicio político contra Piña por "intervención en el proceso electoral", mientras que las autoridades continúan investigando las denuncias presentadas contra él y otros exfuncionarios por supuestas presiones a jueces y magistrados.

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Senadores del PAN y del PRI ratificaron su demanda de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, acusándolo de presionar a jueces y magistrados para emitir sentencias a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

En declaraciones a los medios, los legisladores, incluyendo a Kenia López, Alejandra Reynoso, Manuel Añorve, Claudia Anaya y Ángel García, destacaron la ilegalidad e inmoralidad de las acciones de Zaldívar. Señalaron que el ministro requería a jueces y magistrados para dictar sentencias favorables mientras ejercía como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. 

La senadora López instó a la Cámara de Diputados a sancionar estos actos mediante el juicio político, enfatizando la necesidad de que se investigue y, de comprobarse las irregularidades, se impongan las correspondientes sanciones. Por su parte, la priista Claudia Anaya recordó que ya existe una denuncia al interior de la Suprema Corte contra Zaldívar por actos de corrupción. 

También cuestionó los señalamientos del ministro en retiro contra la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, acusándolo de ser "porrista" de la candidata oficialista.

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La Secretaría General de la Cámara de Diputados, recibió de forma oficial, el oficio por el que senadoras y senadores de oposición, solicitan juicio político en contra del exministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El oficio fue recibido este miércoles y viene firmado por los senadores Manuel Añorve (PRI), José Alfredo Botello (PAN), Ángel García Yáñez (PRI), entre otros, y las senadoras Mayuli Latifa (PAN), Noemí Reynoso (PAN), Guadalupe Saldaña (PAN), y Lilly Téllez, entre otras.

La petición de juicio político denuncia supuestos actos de presión a jueces para que resolvieran asuntos a favor del gobierno federal, por lo que se solicita inhabilitar a Zaldívar de cualquier cargo público hasta por 10 años.

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En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador expresó su respaldo al ministro Zaldívar y consideró que el juicio político contra Piña "no lleva a nada", calificándolo como un asunto de abogados y denuncias sin fundamento. 

Además, defendió la permanencia de Alpízar en su cargo, afirmando que si él tuviera que dejar su cargo, Piña también debería hacerlo mientras se investiga su implicación. 

López Obrador señaló que es importante que se ventilen estas confrontaciones para conocer lo que ocurre en el Poder Judicial, antes considerado como el "castillo de la pureza". Por último, bromeó diciendo que está inscrito en pago por evento para estar al tanto de todo lo que ocurre.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la institución encargada de resolver la denuncia contra el ex ministro Arturo Zaldívar por presuntas faltas administrativas. 

En un comunicado, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclararon que esta última institución no tiene las facultades para investigar al ministro de la corte. 

Indicaron que conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta de la corte Norma Piña Hernández, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Explicaron que de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas.

Por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.

Denuncia contra Arturo Zaldívar

El 9 de abril, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.

“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal".

“Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.

De igual manera, por acuerdo de la ministra Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Jueces y ministros respaldan a Norma Piña 

Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, tras el anuncio de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, de iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y también ex colaboradores.

A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señalaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante.

“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante".

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señalaron.

Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

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