La organización Sí Hay Mujeres en Durango planea buscar estrategias legales, interponer un amparo o promover acciones de inconstitucionalidad, luego de que el Congreso de ese estado rechazó el dictamen que promovía la despenalización del aborto.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización, subrayó que seguirán buscando recursos legales para continuar con la lucha en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como ha sucedido en otros estados.

Hace un año, la organización Sí Hay Mujeres en Durango presentó una iniciativa popular, que estuvo acompañada de 7 mil 700 firmas. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la mañana del jueves, el dictamen de la iniciativa fue rechazado.

La presidenta de la organización dijo que lo que quedaba era armonizar el Código Penal con el criterio de la Corte, luego que se dictaminara desde la más alta esfera judicial que una mujer no podía ir a la cárcel por interrumpir el embarazo.

La iniciativa contó con el voto a favor de seis diputados y diputadas de Morena, pero el resto, legisladores del PRI y PAN, principalmente, votaron en contra. Hubo 15 rechazos y dos abstenciones.

“Nos sentimos decepcionadas del Congreso, de los diputados del PRI y del PAN que votaron en contra. Es muy triste, se trataba de una iniciativa popular”, comentó Hernández Camargo.

Para la activista y defensora de los derechos humanos, es decepcionante que los diputados y diputadas trasladen sus creencias personales al ejercicio público y político: “No dejan en casa sus creencias”, criticó la activista.

La votación ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana y al respecto, Hernández Camargo consideró que fue una táctica dilatoria para provocar que los grupos feministas y proaborto presentes, se cansaran, pero no lo hicieron, permanecieron nueve horas en el Poder Legislativo estatal.

Por la mañana, inconformes realizaron pintas a las instalaciones del Congreso.

Piden se pronuncie gobernador

Hernández Camargo hizo un llamado al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, para que se pronuncie sobre el tema de la despenalización del aborto.

Recordó que cuando el mandatario estatal hizo el decreto para avalar los matrimonios igualitarios, provocó que el Congreso actuara.

“Vemos que influye mucho en los diputados del PRI. Queremos un pronunciamiento igual para que se respete y se armonice la ley”, comentó.

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El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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La legislatura de Iowa, de mayoría republicana, aprobó una ley que prohíbe la mayoría de abortos aproximadamente a partir de las seis semanas, en una prolongada sesión especial el martes que se alargó hasta bien entrada la noche.

La gobernadora, Kim Reynolds, dijo inmediatamente en un comunicado que firmaría la ley el viernes.

La norma se aprobó sólo con votos republicanos, en un inusual trámite legislativo de un sólo día que duró 14 horas y que incluyó sonoras -y en ocasiones tensas- objeciones de legisladores demócratas y defensores del aborto que protestaban en el Capitolio estatal.

Poco después de las 23:00 horas, los manifestantes que quedaban en la galería abuchearon y gritaron "vergüenza" a los senadores estatales en los minutos tras la aprobación de la propuesta.

Reynolds convocó la inusual sesión después de que la Corte Suprema del estado rechazara en junio reinstaurar una ley casi idéntica que había firmado en 2018.

La Corte Suprema de Iowa puso en duda que esta legislatura fuera a aprobar la misma ley que en 2018, y hoy tenemos una respuesta clara. Las voces de los vecinos de Iowa y sus representantes elegidos de forma democrática ya no pueden ser ignorados por más tiempo, y la justicia para los no nacidos no debe retrasarse

Hasta ahora, el aborto era legal en Iowa hasta las 20 semanas de embarazo. La legislación entrará en vigencia de inmediato con la firma de la gobernadora el viernes. Prohibirá casi todos los abortos una vez pueda detectarse actividad cardiaca, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Ya había preparativos en marcha para presentar rápidas impugnaciones legales ante la Corte y bloquear la medida una vez se aprobara.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, Mark Stringer, afirmó:

La ACLU de Iowa, Planned Parenthood y la Clínica Emma Goldman siguen comprometidos con proteger los derechos reproductivos de las residentes de Iowa para controlar su cuerpo y su vida, su salud y su seguridad, lo que incluye presentar una demanda para bloquear esta ley imprudente y cruel

Entre tanto, Planned Parenthood North Central States dijo que derivaría a las pacientes fuera del estado si tenían abortos programados en las próximas semanas. La organización, el mayor proveedor de abortos en el estado, seguiría atendiendo a pacientes que se presentaran antes de que se detectara actividad cardiaca.

La norma contemplaba circunstancias limitadas que permitirían un aborto pasado el momento del embarazo en el que se detectara actividad cardiaca, como la violación, si se reportaba a las fuerzas de seguridad o personal médico en 45 días; incesto, si se reportaba en 145 días; anomalías fetales "incompatibles con la vida" y casos en los que el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer embarazada.

Durante buena parte de la mañana y la tarde, los cánticos de los defensores del aborto resonaron en el edificio estatal y se oían desde las salas donde senadores y representantes se reunían. Miembros del público a favor y en contra de la ley se turnaron para expresar sus posiciones a los legisladores de ambas cámaras durante un total de cuatro horas.

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