Expertos de tres mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y asociación, se pronunciaron en contra de la militarización de la Guardia Nacional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de cambios legislativos aprobados en el Congreso de la Unión y de una iniciativa de reforma constitucional, “en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.

En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional.

“Llamamos al gobierno de su Excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública; todo ello a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano”, señalaron los expertos que integran esos mecanismos.

En un análisis meticuloso de los cambios a leyes secundarias y a la iniciativa de reforma constitucional, los expertos consideraron que las reformas legislativas no sólo contravienen preceptos internacionales sino que mantienen un “carácter claramente inconstitucional”, al someter a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un órgano que nació civil, como lo es la Guardia Nacional.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, mediante el que pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía”, lo que resulta preocupante si se considera que la Carta Magna “es la herramienta por excelencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las reformas recién aprobadas les autorizan abiertamente a desobedecerla”.

Los organismos de la ONU alertaron que la iniciativa de reforma constitucional, aprobada en Cámara de Diputados y en proceso de ser votada en el Senado, “consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.

Al destacar que la reforma “incrementa significativamente el poder de la Sedena sin controles civiles”, los expertos de la ONU reprueban que se pretenda “mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional”, en la comisión de delitos de sus integrantes, cuando el carácter del cuerpo de seguridad es civil.

“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”, siendo que no éste no le propio y para el cual que no han sido entrenadas, lo cual “podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a derechos humanos”, considerando que “la tasa de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles preocupantes en México”, advirtieron los expertos.

Recordaron que al menos desde 2011 y hasta 2020, distintos mecanismos de Naciones Unidas se han manifestado contra el paulatino incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a lo que se suman sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen criterios sobre la participación castrense en esa materia.

En la comunicación los expertos formularon al gobierno una serie de requerimientos para esclarecer sus preocupaciones, entre ellos: cuáles son las medidas tomadas “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”, informar sobre los mecanismos para “garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil, incluyendo en términos de su conducta y responsabilidad”, así como cuáles serían los instrumentos civiles “de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad”.

Tras advertir al gobierno de López Obrador que sus respuestas serán integradas en un informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmaron el documento Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clement Nyaleteossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

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El Diputado Federal César I. Damián Retes ha expresado su profunda preocupación por la creciente militarización del país, señalando que las fuerzas armadas están asumiendo funciones que no les corresponden y que debilitan su rol fundamental en la defensa nacional. Durante una reunión con abogados y miembros de la sociedad civil en Tijuana, destacó que el Ejército no debería estar involucrado en tareas como la distribución de vacunas o la vigilancia policial, las cuales distraen su atención de las operaciones de seguridad y estrategia que realmente les competen, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Damián Retes critica la transformación de la relación cívico-militar, advirtiendo que esta tendencia podría tener repercusiones serias para la democracia y la estabilidad del país a largo plazo.

Además, el legislador tijuanense informó que planea presentar iniciativas en el Congreso para reclamar el verdadero lugar que las fuerzas armadas deben ocupar en la sociedad y la defensa nacional. También comentó sobre su descontento con el manejo que el partido oficial ha hecho con las reformas al poder judicial, denunciando un proceso que considera antidemocrático por no permitir la participación efectiva de las minorías. Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre futuras reformas constitucionales y a participar en las protestas que se están organizando para defender los derechos del poder judicial, insistiendo en la necesidad de escuchar diferentes voces en un entorno democrático y justo.

El Washington Post, en un reciente editorial titulado “El ejército invade la democracia mexicana”, ha expresado su preocupación por el creciente poder del ejército en México bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El diario estadounidense advierte que este incremento de poder militar está socavando la democracia mexicana y podría llevar al país hacia el militarismo.

Desde que López Obrador asumió la presidencia, ha transferido enormes recursos a las fuerzas armadas y les ha asignado múltiples tareas que anteriormente eran desempeñadas por civiles. Según estimaciones, en 2021, las fuerzas armadas mexicanas, que incluyen más de 325 mil efectivos, realizaban 246 funciones más que hace 15 años. Estas funciones abarcan desde la gestión de empresas estatales hasta la construcción y operación de infraestructura, como los aeropuertos de la capital, una nueva aerolínea y el proyecto del Tren Maya.

El presupuesto de las Secretarías de Defensa y Marina se ha incrementado significativamente, superando los 316 mil millones de pesos desde 2019, una cifra que triplica el presupuesto de la Secretaría de Salud. Además, la Guardia Nacional ha recibido 67 mil millones de pesos adicionales.

López Obrador justifica este empoderamiento militar argumentando que el ejército es un "baluarte" en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el Washington Post cuestiona esta afirmación, señalando que durante su mandato se han registrado más de 170 mil homicidios, superando los números de las tres administraciones anteriores.

El diario también destaca los esfuerzos de López Obrador por debilitar las instituciones civiles, incluyendo el Poder Judicial y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la agencia de libertad de información. El ejército, asegura el editorial, se ha convertido en una herramienta esencial para que el presidente centralice el poder y eluda a los gobiernos estatales y municipales.

El Washington Post advierte sobre los riesgos que esta militarización podría acarrear para el próximo gobierno que asumirá en octubre, tras las elecciones del 2 de junio. La lealtad incuestionable de los militares hacia López Obrador podría no transferirse al próximo presidente, ya sea su sucesora Claudia Sheinbaum o la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

A pesar de que México ha estado "libre de golpes y juntas militares", el editorial subraya que una militarización se produce gradualmente. En este contexto, el Washington Post insta a Estados Unidos a influir para evitar que el militarismo se arraigue en México, dada la cercanía geográfica y las implicaciones para la región.

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Miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California pidieron a diputados locales votar en contra del dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, donde se contienen los cambios de la estructura de la Guardia Nacional y permitir que los mandos sean tomados por militares.

El presidente del organismo, Roberto Quijano, sostuvo que en Baja California no ha sido la solución al problema de inseguridad, pues la respuesta al complicado escenario es fortalecer las corporaciones policiacas municipales. 

“Estimamos que es mucho más importante que nuestras policías municipales estén fuertes, que estén bien pagadas, que estén bien capacitadas. Porque ellos son, por mucho, los que tienen primero que responder” indicó. 

El empresario sostuvo que vigilaran la votación en el tema que se programó para este jueves en el Congreso del estado, pues esperan que el llamado tenga eco entre los miembros de la actual Legislatura. 

“Estamos en contra de la militarización del país y de la permanencia del Ejército en las calles, por eso estamos diciendo a los diputados: estamos observando su votación, de cada uno de ellos a fin de ver que su voto sea en contra” apuntó.

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El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos

El CCSPBC se manifiesta en contra de la propuesta nacional de mantener la presencia del ejército en las calles. Exhorta a los diputados locales a votar en contra de la reforma constitucional que mantendría al ejército en las calles hasta el 2024.

El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos. Urge fortalecer y capacitar a nuestros policías, los ciudadanos lo merecemos.

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El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó a legisladores locales de oposición, votar en contra de la reforma constitucional para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública impuesta por el gobierno federal, "ya que en los hechos le abre el camino a la implantación de una dictadura".

Zambrano Grijalva expresó que con la revisión en los estados de la reforma constitucional, en se está definiendo una parte muy importante de la vida del país y es necesaria la participación de los legisladores en sus respectivos congresos estatales para la defensa de la democracia y de los derechos y libertades de la gente.

El líder del PRD insistió en que no hay una estrategia de combate a la inseguridad sino más bien una complicidad del gobierno federal con grupos criminales con los que "hasta se hacen aliados para ganar elecciones de los candidatos de Morena, lo cual hace más peligroso el proceso de militarización".

Finalmente habló de la importancia de alianzas en las entidades de la República rumbo al 2024 y expuso que éstas deberán construirse desde abajo, con las propuestas que vengan de los estados, liderazgos locales y especialmente de la propia sociedad civil para acabar con esta pesadilla nacional que nos está llevando al abismo.

La reforma al artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Guardia Nacional fue remitida a los 31 estados de la República y a la Ciudad de México para su aprobación. Requiere que en 17 entidades sea aprobada para que sea promulgada por el Gobierno Federal como constitucional.

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