Al argumentar que estrategias como la del ex presidente Felipe Calderón, implementada en 2006, han tenido una grave repercusión en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil rechazan la "militarización" del país que priva a esta población de una vida sin violencia. 

Casos como el de Heidi Mariana, de tan sólo cinco años de edad, quien el pasado 31 de agosto fue asesinada por elementos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, preocupan a las organizaciones que en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes han reiterado su llamado al cese de la violencia armada.

Recordaron que el Comité de los Derechos del Niño expresó el 2011 al Estado mexicano su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país. 

El llamado se reiteró en 2015, cuando se solicitó revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que niñas y niños estuvieran protegidos de la violencia. Del mismo modo, se solicitó implementar protocolos efectivos para la protección de sus derechos durante las operaciones federales contra los grupos de la delincuencia organizada, que se llevan a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad, así como garantizar el derecho a la justicia de las familias de las niñas y niños víctimas de violencia en el país. 

“Desde las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos de la niñez, manifestamos preocupación por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar una estrategia que empodera todavía más a las Fuerzas Armadas, al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país”. A través de un comunicado, repudiaron la militarización, que ha ignorado los tratados internacionales y las recomendaciones expresas que organismos de derechos humanos han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes. 

“La militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de la fuerza armada son cubiertos por la impunidad. Nos preocupa que pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre”, suscriben los organismos. 

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Miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California pidieron a diputados locales votar en contra del dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, donde se contienen los cambios de la estructura de la Guardia Nacional y permitir que los mandos sean tomados por militares.

El presidente del organismo, Roberto Quijano, sostuvo que en Baja California no ha sido la solución al problema de inseguridad, pues la respuesta al complicado escenario es fortalecer las corporaciones policiacas municipales. 

“Estimamos que es mucho más importante que nuestras policías municipales estén fuertes, que estén bien pagadas, que estén bien capacitadas. Porque ellos son, por mucho, los que tienen primero que responder” indicó. 

El empresario sostuvo que vigilaran la votación en el tema que se programó para este jueves en el Congreso del estado, pues esperan que el llamado tenga eco entre los miembros de la actual Legislatura. 

“Estamos en contra de la militarización del país y de la permanencia del Ejército en las calles, por eso estamos diciendo a los diputados: estamos observando su votación, de cada uno de ellos a fin de ver que su voto sea en contra” apuntó.

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El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos

El CCSPBC se manifiesta en contra de la propuesta nacional de mantener la presencia del ejército en las calles. Exhorta a los diputados locales a votar en contra de la reforma constitucional que mantendría al ejército en las calles hasta el 2024.

El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos. Urge fortalecer y capacitar a nuestros policías, los ciudadanos lo merecemos.

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Todos los diputados federales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que votaron a favor de la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública son traidores a la patrio, por permitir la “militarización” del país. Así lo consideró el presidente del Partido Encuentro Solidario de Baja California (PESBC), César Hank Inzunza. 

El líder del partido local sostuvo que la estrategia de llevar al Ejercito a las calles y colocar en mando civiles de seguridad pública a militares no ha dado resultado, siendo el sexenio actual el más violento en la historia moderna de México. Aun así, los legisladores morenistas en el Congreso de la Unión votaron a favor de que siga dicho plan.

“La ‘militarización’ de México no está funcionando y es innegable que en la votación que acaba de pasar todos los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, partido del que yo alguna vez orgullosamente fui parte, que votaron a favor son traidores a la patria. Y su nombre va quedar en la historia de México como traidores” expuso. 

El dirigente pesista ventiló que incluso varios de los diputados de Morena no estaban de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo, pero votaron a favor de la iniciativa presidencial. Aseguró que mantiene amistad con por lo menos cinco diputados federales actuales, los cuales le aseguraron no estar de acuerdo con la permanencia del ejército en labores de seguridad pública, pero aún así votaron a favor. 

Hank Inzunza manifestó que la violencia y la inseguridad es el problema más complicado al que Baja California se enfrenta actualmente y el tema ya se le salió de las manos al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Diputados de Morena son traidores a la patria: Hank Inzunza. pic.twitter.com/vJCeeGTOWn

— Cadena Noticias (@cadena_noticias) September 30, 2022

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Expertos de tres mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y asociación, se pronunciaron en contra de la militarización de la Guardia Nacional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de cambios legislativos aprobados en el Congreso de la Unión y de una iniciativa de reforma constitucional, “en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.

En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional.

“Llamamos al gobierno de su Excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública; todo ello a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano”, señalaron los expertos que integran esos mecanismos.

En un análisis meticuloso de los cambios a leyes secundarias y a la iniciativa de reforma constitucional, los expertos consideraron que las reformas legislativas no sólo contravienen preceptos internacionales sino que mantienen un “carácter claramente inconstitucional”, al someter a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un órgano que nació civil, como lo es la Guardia Nacional.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, mediante el que pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía”, lo que resulta preocupante si se considera que la Carta Magna “es la herramienta por excelencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las reformas recién aprobadas les autorizan abiertamente a desobedecerla”.

Los organismos de la ONU alertaron que la iniciativa de reforma constitucional, aprobada en Cámara de Diputados y en proceso de ser votada en el Senado, “consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.

Al destacar que la reforma “incrementa significativamente el poder de la Sedena sin controles civiles”, los expertos de la ONU reprueban que se pretenda “mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional”, en la comisión de delitos de sus integrantes, cuando el carácter del cuerpo de seguridad es civil.

“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”, siendo que no éste no le propio y para el cual que no han sido entrenadas, lo cual “podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a derechos humanos”, considerando que “la tasa de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles preocupantes en México”, advirtieron los expertos.

Recordaron que al menos desde 2011 y hasta 2020, distintos mecanismos de Naciones Unidas se han manifestado contra el paulatino incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a lo que se suman sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen criterios sobre la participación castrense en esa materia.

En la comunicación los expertos formularon al gobierno una serie de requerimientos para esclarecer sus preocupaciones, entre ellos: cuáles son las medidas tomadas “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”, informar sobre los mecanismos para “garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil, incluyendo en términos de su conducta y responsabilidad”, así como cuáles serían los instrumentos civiles “de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad”.

Tras advertir al gobierno de López Obrador que sus respuestas serán integradas en un informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmaron el documento Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clement Nyaleteossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

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Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgimos a la oposición para que, en términos de lo establecido en la ley, presente una controversia constitucional en contra de la aprobación del dictamen que modificó cuatro leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Nos preocupa que las Cámaras de Diputados y Senadores hayan aprobado una iniciativa para reformar leyes, cuando lo que procedía, era presentar, analizar y discutir una iniciativa de reforma constitucional, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. 

Consideramos que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, por ello urgimos a que se presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que acompañaremos como sector, pues estamos convencidos que la aprobación de este tipo de reformas refleja que en México no hay Estado de Derecho y eso afecta la confianza y las inversiones. 

Por otro lado, se apruebe o no la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, reiteramos que es necesaria una estrategia eficaz para el fortalecimiento de las policías con mandos civiles en los 3 órdenes de gobierno que permita al Ejército regresar a los cuarteles.

La estrategia actual no ha dado resultados, vemos con preocupación que se han acumulado más de 130 mil homicidios en solo 46 meses del actual sexenio. Por ello consideramos que debe replantearse la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y más aún que continúen realizando tareas que no son propias de sus funciones como es el caso de: construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, hacerse cargo de aduanas o de puertos, o entregar programas sociales.

En Coparmex consideramos fundamental que, tras la desaparición del FORTASEG, existan estrategias para recuperar la paz y se cuente con los recursos suficientes para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, por lo que nos parece alarmante, que en el Paquete Económico 2023, los recursos estén altamente centralizados en las Fuerzas Armadas, muestra de ello es que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solo tendrá un aumento del uno por ciento. 

Por último, de cara a la discusión en el Congreso de estos temas trascendentales para la vida de las familias mexicanas, exhortamos a los legisladores a no someterse a presiones de ningún tipo ni a intereses de partido. Debe prevalecer -por encima de todo- el interés de México, de las familias y el respeto absoluto a nuestra Constitución.

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