Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa se corre el riesgo de que queden en libertad a 92 mil personas sujetas a prisión preventiva por delitos como secuestro, narcotráfico y feminicidas.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló que estas 92 mil personas podrían solicitar un amparo y ser excarcelados con lo que “habría una gran impunidad”.

"Si se elimina la prisión preventiva como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en al Suprema Corte, no solo se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta porque 92 mil personas que hoy en México están sujetas a prisión preventiva por delitos graves, como secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados con lo que habría una gran, gran impunidad", dijo.

En Palacio Nacional, el subsecretario aseguró que si el Máximo Tribunal en sus dos recursos en discusión determinara invalidar un artículo constitucional sería la primera vez en la historia en México en que la Corte se erige en un Poder Constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional.

“La Corte sólo puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede cambiar la Constitución, según el articulo 135 de nuestra Carta Magna es el poder constituyente permanente que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Y la Constitución mexicana es la ley suprema y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución”, indicó.

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Como resultado del trabajo realizado por la Unidad de Investigación con Detenidos Poniente, la Fiscalía Regional de Mexicali logró vincular a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Durante las audiencias, y tras escuchar los argumentos presentados por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados. Asimismo, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el primer caso, Miguel Jonathan “N” fue acusado de acudir al domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Fundadores, donde presuntamente la agredió física y verbalmente. Según la denuncia, este tipo de conductas violentas han sido reiterativas.

En otra audiencia, Sergio “N” fue vinculado a proceso por hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en una vivienda del fraccionamiento Valle de las Misiones. Según la investigación, el imputado subió al techo de la casa con la intención de quitarse la vida, siendo persuadido por su madre.

Posteriormente, tomó un cuchillo en la cocina y volvió a amenazar con atentar contra su vida. Los hechos fueron reportados al número de emergencias 9-1-1 y, al arribo de elementos de la Policía Municipal, el hombre mantuvo su actitud agresiva y amenazó de muerte a su madre y otros familiares.

Finalmente, Daniel Eduardo “N” fue vinculado por hechos también ocurridos el 10 de mayo, en un domicilio del fraccionamiento Villa de Alarcón, donde presuntamente atacó físicamente a un familiar, a quien además amenazó de muerte. La víctima manifestó que ha sido objeto de agresiones constantes por parte del imputado.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha conseguido la vinculación a proceso de dos individuos, Franklin “N” y Juan Alexander “N”, por el delito de robo calificado en incidentes distintos, y ambos permanecerán en prisión preventiva.

El primer caso involucra a Franklin “N”, quien fue detenido el 20 de diciembre de 2024 en un establecimiento de la Zona Centro, donde, bajo amenazas y utilizando un arma oculta, robó una cantidad de dinero. Gracias a la pronta respuesta de la Policía Municipal, fue arrestado poco después del hecho delictivo.

Por su parte, Juan Alexander “N” fue vinculado por un robo calificado ocurrido el 19 de diciembre de 2024 en una vivienda de la colonia Las Cumbres, donde también sustrajo dinero. La víctima logró alertar a un familiar, quien lo aseguró hasta que llegó la policía.

Ambos imputados enfrentan dos meses de investigación complementaria y seguirán en prisión preventiva debido a factores de riesgo y antecedentes.

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Por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez federal vinculó a proceso a Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa que se desempeñó como jefe de seguridad del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF) expuso los datos de prueba que resultaron suficientes para que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa, con residencia en Culiacán, procesara al imputado y a tres de sus cómplices imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Sinaloa.

En días pasados, elementos del Ejército mexicano detuvieron a Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, y a sus presuntos cómplices Luis Jaassam García López, “El 24″; Luis José Ángel Gallardo Rojas y Ricardo Rosas Graciano, en las inmediaciones de la comunidad Campo El Diez, en la capital sinaloense.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los elementos castrenses ubicaron una camioneta con las puertas delanteras abiertas, al acercarse para verificar la situación, uno de los oficiales observó a dos hombres portando armas de fuego largas, quienes abordaron el vehículo y emprendieron la huida con dirección a “El Dorado”, en dicha entidad.

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Por lo anterior, informó la Fiscalía General de la República, se inició una persecución y tras darles alcance en la localidad Campo Cuba, los elementos fueron agredidos desde el interior del vehículo, pero al repeler la agresión y lograr controlar la situación, detuvieron a los imputados del Cártel de Sinaloa.

En total, les aseguraron ocho armas largas tipo fusil, dos tipo ametralladora y un arma corta; dos mil 594 cartuchos y 47 cargadores de diversos calibres, todos de uso exclusivo, además de siete chalecos balísticos.

El juez dio un plazo de dos meses a la FGR para la investigación complementaria.

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Un hombre fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva por su presunta participación en un robo calificado a una tienda Coppel en la colonia Mariano Matamoros, ocurrido el 17 de diciembre de 2022.

Brandon “N” y otro cómplice asaltaron el establecimiento, amenazando con un arma de fuego a los empleados y logrando sustraer 540 mil 528 pesos y 360 dólares. El juez otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

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Por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia, la Fiscalía Regional de Tijuana obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N” y Alan Fernando “N”.

Derivado de las investigaciones correspondientes, tras el señalamiento de los acusados, los resultados arrojaron pruebas contundentes que incriminan a los susodichos.

El robo a mano armada ocurrió el 9 de julio a las 11:15 horas, cuando el ofendido se encontraba caminando sobre un estacionamiento en dirección a una sucursal bancaria ubicada en Bulevar Salinas, consigo portaba una mochila de piel negra en donde llevaba 100 mil pesos, propiedad de su jefe.

La víctima fue sorprendida por Jesús “N”, quien llegó con el arma en mano gritándole que le entregará la mochila y arrebatándosela.

El acusado se dio a la fuga a pie, sin embargo, más adelante se encontraba Alan Fernando “N”, quien lo esperaba en un vehículo marca Mazda para darse ambos a la fuga.

De inmediato, el ofendido observó una unidad de la Policía Municipal, a quien les solicitó auxilio señalando a los hombres y el vehículo en el que huyeron, por lo que se desató una persecución, misma que culminó con el arrestó de los dos imputados.

Con base a los elementos de prueba presentados al Juez de Control, se obtuvo la vinculación a proceso, concedió como medida cautelar prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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