Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa se corre el riesgo de que queden en libertad a 92 mil personas sujetas a prisión preventiva por delitos como secuestro, narcotráfico y feminicidas.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló que estas 92 mil personas podrían solicitar un amparo y ser excarcelados con lo que “habría una gran impunidad”.

"Si se elimina la prisión preventiva como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en al Suprema Corte, no solo se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta porque 92 mil personas que hoy en México están sujetas a prisión preventiva por delitos graves, como secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados con lo que habría una gran, gran impunidad", dijo.

En Palacio Nacional, el subsecretario aseguró que si el Máximo Tribunal en sus dos recursos en discusión determinara invalidar un artículo constitucional sería la primera vez en la historia en México en que la Corte se erige en un Poder Constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional.

“La Corte sólo puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede cambiar la Constitución, según el articulo 135 de nuestra Carta Magna es el poder constituyente permanente que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Y la Constitución mexicana es la ley suprema y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución”, indicó.

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Por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez federal vinculó a proceso a Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa que se desempeñó como jefe de seguridad del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF) expuso los datos de prueba que resultaron suficientes para que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa, con residencia en Culiacán, procesara al imputado y a tres de sus cómplices imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Sinaloa.

En días pasados, elementos del Ejército mexicano detuvieron a Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, y a sus presuntos cómplices Luis Jaassam García López, “El 24″; Luis José Ángel Gallardo Rojas y Ricardo Rosas Graciano, en las inmediaciones de la comunidad Campo El Diez, en la capital sinaloense.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los elementos castrenses ubicaron una camioneta con las puertas delanteras abiertas, al acercarse para verificar la situación, uno de los oficiales observó a dos hombres portando armas de fuego largas, quienes abordaron el vehículo y emprendieron la huida con dirección a “El Dorado”, en dicha entidad.

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Por lo anterior, informó la Fiscalía General de la República, se inició una persecución y tras darles alcance en la localidad Campo Cuba, los elementos fueron agredidos desde el interior del vehículo, pero al repeler la agresión y lograr controlar la situación, detuvieron a los imputados del Cártel de Sinaloa.

En total, les aseguraron ocho armas largas tipo fusil, dos tipo ametralladora y un arma corta; dos mil 594 cartuchos y 47 cargadores de diversos calibres, todos de uso exclusivo, además de siete chalecos balísticos.

El juez dio un plazo de dos meses a la FGR para la investigación complementaria.

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Un hombre fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva por su presunta participación en un robo calificado a una tienda Coppel en la colonia Mariano Matamoros, ocurrido el 17 de diciembre de 2022.

Brandon “N” y otro cómplice asaltaron el establecimiento, amenazando con un arma de fuego a los empleados y logrando sustraer 540 mil 528 pesos y 360 dólares. El juez otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

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Por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia, la Fiscalía Regional de Tijuana obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N” y Alan Fernando “N”.

Derivado de las investigaciones correspondientes, tras el señalamiento de los acusados, los resultados arrojaron pruebas contundentes que incriminan a los susodichos.

El robo a mano armada ocurrió el 9 de julio a las 11:15 horas, cuando el ofendido se encontraba caminando sobre un estacionamiento en dirección a una sucursal bancaria ubicada en Bulevar Salinas, consigo portaba una mochila de piel negra en donde llevaba 100 mil pesos, propiedad de su jefe.

La víctima fue sorprendida por Jesús “N”, quien llegó con el arma en mano gritándole que le entregará la mochila y arrebatándosela.

El acusado se dio a la fuga a pie, sin embargo, más adelante se encontraba Alan Fernando “N”, quien lo esperaba en un vehículo marca Mazda para darse ambos a la fuga.

De inmediato, el ofendido observó una unidad de la Policía Municipal, a quien les solicitó auxilio señalando a los hombres y el vehículo en el que huyeron, por lo que se desató una persecución, misma que culminó con el arrestó de los dos imputados.

Con base a los elementos de prueba presentados al Juez de Control, se obtuvo la vinculación a proceso, concedió como medida cautelar prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva obligatoria, como lo propuso el ministro Luis María Aguilar Morales, en un proyecto de sentencia.

Los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo se sumaron a sus homólogos, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ayer se pronunciaron contra esta posibilidad debido a que a la Corte no les corresponde reformar la Carta Magna.

Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar fueron los únicos que respaldaron el proyecto de Aguilar Morales.

Al iniciar su participación en la sesión de pleno, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar afirmó que la SCJN no está facultada para no aplicar la prisión preventiva oficiosa.

“Está de por medio la supremacía constitucional y el único que puede reformar la Constitución es el Poder revisor de la Constitución, estaríamos asumiendo tareas que no nos corresponden”, sentenció.

Sin embargo, conforme a sus “convicciones”, expresó su respaldo a la inaplicación de la medida cautelar al señalar que la prisión preventiva oficiosa en México tiene a miles de personas, principalmente los más pobres, en la cárcel.

“Marginados que no tienen quién los defienda y afecta de manera particular a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y vean cuánta gente pobre hay.

“Cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone una agravante para que ya no puedan salir y se pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia”, expresó.

Zaldívar consideró que la prisión preventiva oficiosa es una gran injusticia que padece el país todos los días: “Cuando visité Santa Martha ví a los ojos de las mujeres internas y entendí el dolor, sufrimiento y desesperación. Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión, mientras se lleva a cabo su proceso”.

Señaló que esta figura es contraria a los derechos humanos, por lo que, añadió, “no puedo aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país, tenemos que ser más profesional y buscar un sistema penal digno, decente para las miles de personas que están indefensas ante el abuso, arbitrariedad que se sufre todos los días lamentablemente en todos los institutos de persecución de los delitos en todo el país”

“Por eso desde mi convicción más profunda, y siendo coherente y congruente, con lo que he votado a lo largo de 13 años en este tribunal constitucional, estoy con el proyecto con la salvedad que ya enuncié”, añadió.

Votan el jueves

A petición del ministro proponente Luis María Aguilar, Zaldívar levantó la sesión y la votación se realizará el jueves.

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Luego de que cuatro ministros se pronunciaron en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la única presión que ha hecho es abordar el tema en sus conferencias mañaneras.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que no es igual a los presidentes anteriores. “No, no, nosotros no somos iguales, puede ser que sea presión porque tocamos el tema, cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo…

“Yo no hablo de los jueces, yo hablo desde aquí porque se la importancia y la fuerza que tiene la opinión pública en una democracia”.

El presidente López Obrador insistió que si el Poder Judicial invalida el artículo 19 de la constitución está interviniendo en la esfera de otro poder.

“Imagínese que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, se borra al Ministerio Público y el derecho a las victimas y a quienes se libera a los que tienen dinero, influencias, es hasta un riesgo para las jueces porque es plata o plomo”.

El presidente López Obrador planteó que lo ideal es que se proponga la reforma constitucional y al mismo tiempo se defina un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupción en los jueces no hay justicia y buscar los mecanismos de protección.