La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó que la Secretaría de la Defensa Nacional clasifique al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) como un grupo de presión, a la vez que lamentó que, a pesar de que se conocía la actividad delictiva en Cerocahui, Chihuahua, no se actuó en consecuencia para evitar los cuatro homicidios públicos y las cientos de víctimas.

La clasificación del Centro Prodh como “grupo de presión” ocurrió derivado de las acciones realizadas tras los asesinatos de los jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, en Cerocahui, municipio de Urique, de acuerdo con los documentos filtrados tras un hackeo a la Sedena, mejor conocidos como Guacamaya Leaks.

“Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan”, señalaron a través de un comunicado, donde respaldaron el trabajo el Centro Prodh ha realizado por casi 34 años.

De la misma manera recordaron que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en el país.

Los Jesuitas señalaron sentirse indignados pues a pesar de que se conocía de la actividad delictiva de Noriel Portillo Gil “El Chueco” en la Sierra Tarahumara no se actuó para evitar más dolor y el homicidio de los sacerdotes, a quienes junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y el joven beisbolista Paúl Osvaldo Berrelleza, les fue arrebatada la vida y a más de 100 días su crimen permanece impune.

“De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, sentenciaron.

A la vez criticaron que en vez de concentrarse en localizar al responsable de los homicidios, los militares recibieron instrucciones para dedicarse a monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno.

A la fecha, el perpetrador de los asesinatos continúa prófugo, por lo que los jesuitas en México continuarán con la exigencia de justicia y paz.

Finalmente, sentenciaron que seguirán con “con coraje y determinación” en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quien está detrás del grupo de hackers llamado “Guacamaya Leaks”, el cual extrajo información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), son agencias internacionales vinculadas al grupo conservador que encabeza el empresario Claudio X. González.

En su mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que esta información que extrajo “Guacamaya” es ilegal; sin embargo, aseguró que al interior de su gobierno no se investiga la forma en que se hackeó al Ejército.

“Yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservadores que encabeza el grupo de Claudio X. González. Entonces esa información es ilegal, porque no se puede extraer, hackear, información de ninguna dependencia del gobierno, de ninguno particular”, dijo.

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“¿Se está investigando quién está detrás de ‘Guacamaya’?”, se le preguntó.

“¡No, qué nos vamos a meter en eso! No, intuimos, pero para que nos vamos a meter, cuántos trabajos tenemos, ya estamos, en mi caso, con el tiempo encima y necesitamos consolidar el proceso de trasformación y avanzar para que si -toco madera – regresaran los corruptos, que no creo que sea ahora”, sostuvo.

En Palacio Nacional, el Presidente se comprometió a que hoy mismo su gobierno dará a conocer la forma en que su administración hace investigación e inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado.

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Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, tiene a su servicio a mil 155 militares de distintos rangos, entre los que destacan cuatro grupos de escoltas de siete integrantes cada uno; tres equipos de “fuerza de reacción” con un total de 21 elementos, así como 40 miembros del Ejército, divididos en ocho equipos, para el resguardo de su familia.

De acuerdo con el documento Ayudantía General del C. Gral. Srio. Def. Nal., con fecha de enero de 2019, hecho público por la organización de hacktivistas Guacamaya, el titular de la Sedena tiene 297 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos asignados como parte de sus Ayudantía General y otros 858 efectivos militares en distintas labores de atención.

En el denominado “grupo de apoyos diversos”, que pertenecen a la Ayudantía General, el secretario de la Defensa tiene a su disposición a tres peluqueros, cuatro sastres, tres elevadoristas y seis cocineros.

También sirven a las tareas de Luis Cresencio Sandoval 132 elementos de la Policía Militar (PM), 127 de tropa y cinco oficiales (que no pertenecen a la Ayudantía), para actividades administrativas.

Además, para la seguridad interior de la residencia oficial Quinta Galeana, sede del despacho del general secretario, están asignados 21 elementos más 71 efectivos para la seguridad exterior y 35 militares para seguridad en la unidad especial de transporte aéreo.

El documento señala que el titular de la Sedena también tiene a su disposición diez aeronaves: siete aviones y tres helicópteros, 20 camionetas para escoltas, de las cuales 17 están blindadas, y 25 vehículos “a disposición de la célula de transportes”, cuatro de éstos con blindaje.

El documento detalla que los efectivos a cargo de la seguridad de Luis Cresencio Sandoval y de su familia cuentan con un arsenal de 129 armas cortas de distintos calibres, así como 186 armas largas entre las que se encuentran cuatro rifles Barret 0.338 milímetros; una ametralladora Minigun de 7.62 mm, y 67 rifles Herstal Scar-L de 5.56 mm.

Destaca una anotación en el documento, en el apartado de las armas largas, donde se indica que 40 rifles FX-05 de 5.56 milímetros “fueron entregados al grupo de enlace del C. Gral. (Salvador) Cienfuegos”, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos Zepeda fue detenido en 2020, en Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico y luego exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero.

En el equipo de la Ayudantía General están destacados cuatro grupos denominados “Alfa”, “Bravo”, “Charly” y “Delta”, con cinco efectivos militares cada uno, así como 12 elementos castrenses asignados a la “sección de giras y eventos especiales”.

Otros militares de distintos rangos están destacamentados en el grupo de sobrecargos, con siete elementos, todas mujeres militares: cinco hosteleros y ordenanzas y cinco ayudantes para la residencia oficial Quinta Galeana, así como 21 administrativos para ese recinto del alto mando del Ejército.

Luis Cresencio Sandoval también dispone de una Coordinación de Inteligencia y Contrainteligencia que está compuesta de un mando; una célula de contrainteligencia, con un elemento; una mesa de medidas de seguridad e instalaciones, con cuatro efectivos, y una mesa de medidas de seguridad de la documentación y las comunicaciones, con tres efectivos.

El documento indica que para “promover, mantener y recuperar la salud” del titular de la Sedena, “sus derechohabientes, personal de la plana mayor y demás funcionarios”, el personal médico asignado es de un total de 29 doctores militares: un general, 11 jefes, 14 oficiales y tres elementos de tropa.

En cuanto al mantenimiento de la Quinta Galeana, lugar de residencia del general secretario, están destacamentados 121 elementos castrenses, así como cinco camionetas, un camión de volteo y un remolque.

La Octava Compañía de Intendencia --según el documento de la Ayudantía General-- es la encargada de “satisfacer las necesidades de alimentación de los organismos al servicio del C. Gral. Srio. Def. Nal., tanto en sus instalaciones como en diversos eventos a los que concurra dicho alto funcionario”.

El personal militar asignado a esas tareas se compone por un total de 350 efectivos (305 de tropa, 42 oficiales y tres jefes), y tienen a su disposición 19 vehículos, 11 con características civiles y ocho “vehículos verdes”.

En las otras cinco residencias oficiales destinadas a la Ayudantía General están asignados 53 elementos castrenses, seis oficiales y 47 de tropa: siete en la “Quinta Morelos”, nueve en la “Quinta Allende”, nueve en la “Quinta Maya”, 11 en la “Quinta Villa”, y 17 en la “Quinta Guerrero”.

En su toma de protesta como Presidente constitucional, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que “la lealtad del Ejército al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el Ejército Mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso”.

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México evitó hablar de los presuntos nexos de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, con grupos criminales relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusó que los medios de comunicación buscan manchar el nombre de su Gobierno.

“Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso en contra nuestra. La gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este lunes, luego que diversos medios de comunicación dieron a conocer que dentro de los documentos robados a finales del mes pasado por los ciberactivistas del grupo Guacamaya, se encontró un análisis de inteligencia que apunta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendría relación con el CJNG.

Al preguntarle al presidente en su conferencia por esta información de Sedena, el presidente evitó dar una respuesta directa a este informe y respondió: "Con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno”.

De acuerdo con el informe de inteligencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) de la Sedena que fue hurtado por los piratas cibernéticos de Guacamaya, se indica que miembros del crimen organizado que roban combustible en la región, tienen relación con funcionarios de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, se destaca en el informe de Cerfise que el delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, líder huachicolero en Tabasco, mantuvo comunicación con Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador de Tabasco.

Además, los reportes de inteligencia militar indican que el secretario Adán Augusto López Hernández, cuando era gobernador, dio el control de la Secretaría de Seguridad del estado a sujetos que estaban bajo investigación de la Sedena por pertenecer al CJNG, entre ellos Javier Reyes Palomeque, que se desempeñaba como coordinador general de Policías Municipales en Tabasco.

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El Ejército está preocupado por el deterioro de su imagen, la cual se ha visto afectada por casos como la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el Culiacanazo, los contratos otorgados a empresas fantasma, la militarización del país, el caso Ayotzinapa, el avión presidencial y hasta las series televisivas sobre narcotraficantes.

En un informe gráfico de la Sección de Análisis de la Sedena, que es parte de los documentos revelados por Guacamaya, se revela que los temas que han impactado en la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional son cuatro: militarización, narcotráfico, transparencia y derechos humanos, los cuales divide en subrubros atribuidos a casos específicos.

Por ejemplo, en el tema de transparencia, hay un apartado llamado Empresas Fantasma, en el que se detalla que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, “trata de limpiar todas las irregularidades que dejó la pasada administración (cuando estuvo al frente de la secretaría Salvador Cienfuegos)”, sin embargo, “al parecer (el secretario) no puede con las empresas textiles, las cuales señalan irregularidades en procedimientos de licitación”. El apartado continúa con el dato de que entre 2013 y 2019 la Sedena pagó dos mil 371 millones de pesos a 250 empresas que fueron declaradas como “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en ese mismo periodo la institución armada “ha sido acusada por desviar más de 156 millones de dólares” a estas firmas.

Otro tema de transparencia que también preocupa a los militares es la malograda venta del avión presidencial. En rubro denominado El polémico avión, la institución castrense señala que la secretaría “dejó de destinar recursos por la compra del avión presidencial denominado José María Morelos y Pavón”. Lo último que informó el presidente López Obrador sobre la aeronave, apenas el 4 de octubre en su conferencia mañanera, fue que el Boeing 787-87 formaría parte de la flota aérea de una nueva aerolínea mexicana que estará a cargo de la Sedena.

Sobre el general Salvador Cienfuegos, el análisis lo ubica en el tema de narcotráfico, donde detalla que su detención también ha impactado la imagen de la institución porque “se ha vinculado con la detención de Genaro García Luna en 2019”.

Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense, acusado de vínculos con el narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva. El gobierno del presidente López Obrador pidió su extradición para que fuera procesado en México, la cual ocurrió el 19 de noviembre de ese año. Para el 15 de enero de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no ejercería acción penal en contra del general, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

En el tema del narcotráfico, la Sedena incluye un apartado denominado Entretenimiento, en el cual destaca la imagen de las series de televisión dedicadas a los capos de la droga, las cuales ponen a la gente en contra del Ejército.

“Se ha creado una fuerte influencia al narcotráfico en la sociedad que es impulsada a través de la música y el cine que instigan a la sociedad a ir en contra de las instituciones y a la legalidad”. Dentro de las series y películas que considera el Ejército que perjudican su imágen están: El señor de los cielos, La reina del sur, Señora Acero, Rosario Tijeras, Dueños del paraíso, El Chema, El Chapo y Nuevo Orden, largometraje dirigido por el mexicano Michel Franco, para el que se recomendó “evitar fijar una postura mediática al respecto a fin de evitar posicionarla”.

MILITARIZACIÓN

La Sedena reconoce que otro tema que afecta a su imagen pública es la militarización con la incorporación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, de la cual admite que “en realidad la Guardia Nacional siempre tuvo entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo, lo que es una violación constitucional”. En este mismo tema, las Fuerzas Armadas reconocen que “la decisión del gobierno federal de incorporar personal militar y de la Marina en las 49 aduanas del país ha perjudicado al sector del comercio internacional en México”.

Sobre derechos humanos, la institución se ha visto afectada por diversas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de efectivos militares, como el caso de la ejecución de un civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020. También en este tema se encuentra el caso Ayotzinapa, del que el Ejército destaca las órdenes de aprehensión giradas contra sus efectivos y anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de septiembre de 2020.

Este análisis de riesgos para la imagen del Ejército fue elaborado por la Sección de Análisis de la Sedena, cuyo jefe, mayor José Juan Hernández Razo, envió por correo electrónico al coordinador de Comunicación Social de la institución castrense, general Francisco Antonio Enríquez Rojas, el 11 de noviembre de 2020.

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Un análisis de costos y beneficios realizado por el Ejército determinó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el Boeing 878 presidencial, dentro aerolínea militar comercial que dirigiría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tiene viabilidad comercial, pues además de los 228 millones de pesos que tendrían que invertirse solamente para su adecuación a funciones comerciales, el costo del boleto por persona para que pudiera generar utilidades sería demasiado alto, debido a su configuración VIP. 

El 28 de julio pasado, la Sedena realizó un estudio con motivo de la propuesta de López Obrador para crear una aerolínea comercial gestionada por el Ejército, a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM) y que buscaría retomar el nombre de Mexicana, en la que se pudiera utilizar el avión presidencial, Boeing 787 Dreamliner José María Morelos y Pavón.

En el documento consultado tras la filtración del grupo Hacktivista Guacamaya, se lee que para poder modificar y cambiar el uso del avión, cuyo contrato actualmente indica que solo puede ser usado por la presidencia y el disuelto Estado Mayor Presidencial, se necesitaría invertir 228 millones de pesos para capacitación, combustible, mantenimiento, refacciones, software, póliza de seguro e infraestructura del hangar, todo por un año. 

Según el análisis del ejército, para que el uso comercial del avión fuera rentable, se tendría que aumentar un 40 por ciento adicional a sus costos de vuelo, es decir, pasar de los 362 mil pesos por hora, a 507 mil pesos por hora y así obtener ganancias. 

Además, tendrían que hacerse al menos 594 horas de vuelo al año. La situación es aún más compleja debido a que el costo del boleto se dividiría entre 80 pasajeros y no 250 como es normalmente para esa aeronave, que además tiene un espacio de carga reducido. 

Eso haría que una hora de vuelo costara aproximadamente 7 mil 649 pesos por boleto, tomando en cuenta impuestos, un costo demasiado elevado respecto de la oferta actual de aerolíneas, que ronda los 2 mil 300 pesos, por ejemplo, para un vuelo a Guadalajara. Además, el beneficio se alcanzaría bajo el mejor de los casos, en el que todos los vuelos estuvieran llenos. 

La Sedena identificó que esto es poco probable, debido a que hay mejores ofertas con precios más accesibles, por lo que analizó que sería más conveniente utilizar el avión para carga o fletamento, aunque de cualquier forma sus costos serían ofertados a precios más altos que otras aerolíneas. 

En el caso de que el avión presidencial ofreciera vuelos internacionales a los precios de otras aerolíneas, las pérdidas serían mayúsculas. En un comparativo en un vuelo de México a París, Francia, se hizo un cálculo en el que una aerolínea privada cobrara 30 mil pesos por pasaje, con lo que tendría ganancias por un millón 400 mil pesos. Mientras que en el mismo formato, con el avión presidencial, se perderían 3 millones 653 mil pesos. 

Todo esto a pesar de un panorama alentador para la industria aeronáutica donde se prevé que este año se haya registrado una mayor demanda de usuarios, y con la esperanza de llegar a niveles de 2019, es decir, antes de la pandemia por covid-19. 

De cualquier forma, el ejército prevé que hay costos que deberán cubrirse para este avión, además del arrendamiento, como capacitación, combustible y mantenimiento por mil 783 millones de pesos. 

La Sedena concluyó que sería más viable seguir con la propuesta de vender la aeronave, pues además la creación de la aerolínea estatal-militar generaría aún más costos, o mejor, entregarla por completo al ejército para sus operaciones. 

El Ejército advirtió que además, el avión está en riesgo de perder su aeronavegabilidad por su poco uso, pues actualmente solo vuela para realizarle mantenimiento, con lo que en los últimos 3 años solo suma 52 horas de vuelo y 8 millones de pesos, y se han gastado 30 millones de pesos en su mantenimiento. 

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